Policía Nacional estima que un 60 % de los miembros de los grupos criminales son adolescentes, según informe de la Asamblea

Un 60 % de los integrantes de los grupos criminales organizados que operan en el país son adolescentes, según datos de la Policía Nacional que constan en el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Solidaridad Nacional, o para combatir las economías criminales, que se analiza en la Asamblea Nacional.

“La capacidad operacional de las bandas criminales también puede ser atribuida a la cantidad de personas que forman parte de estas. Actualmente se ha estudiado la participación de jóvenes y niños en el crimen organizado. De acuerdo a datos otorgados por la Policía Nacional, hasta noviembre de 2024, más de la mitad de los miembros en los grupos delictivos eran adolescentes (...). De acuerdo a expertos en la materia, la razón de ello es la vulnerabilidad característica en este rango de edades con lo que les es fácil para los grupos delictivos seguir reclutando miembros y fortaleciendo sus organizaciones”, indica el documento, que se votará en la sesión del pleno este sábado, 7 de junio.

Datos como estos son los que sustentan la decisión del presidente Daniel Noboa de crear un Comité para Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes en los grupos de delincuencia organizada.

En el Decreto Ejecutivo n.° 21, del 5 de junio pasado, Noboa declara como prioridad nacional la prevención y erradicación de este reclutamiento y conforma este cuerpo colegiado (con delegados de 17 instituciones) cuyo fin es elaborar políticas y programas integrales en diferentes áreas.

El Gobierno tiene varios reportes de la Policía y de otras organizaciones de la sociedad civil que dan cuenta del rol que tienen los menores de edad dentro de estos grupos delincuenciales; estos han servido para sustentar las declaratorias de estados de excepción y de conflicto armado interno.

En el dictamen de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad del último estado de excepción, emitido en febrero pasado, se hace referencia a la investigación “El sistema penitenciario en Ecuador: historia y retos de un epicentro del crimen”, elaborada por la organización Insight the Crime.

De acuerdo con este informe, la estructura de redes mafiosas revela que los “grupos de poder se concentran en manos de un solo líder, como Adolfo Macías, Fito, en Los Choneros (...); en otros hay más bien una cohorte de líderes máximos, como Los Lobos, que son liderados por Wilmer Geovanny Chavarría Barreiro, alias Pipo, en conjunto con figuras de alto rango, como Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor; Montaño Valencia, alias Palanqueta, y Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico“.

Dentro del sistema carcelario, señala el dictamen, existiría una organización vertical con los “líderes de las mafias” al mando, luego con los “comandantes de pabellón”, luego los “jefes de aula”, y finalmente los “miembros comunes”, que realizan tareas básicas y los “especialistas”.

Estos últimos se dividen entre “las líneas” que gestionan las redes de distribución de drogas o actividades de contrabando; “los llaveros”, que controlan el acceso a las celdas; “cataleros”, que se encargan del almacén, manejan escondites de drogas y contrabandos; y los asesinos o “come-muertos”.

Por fuera del sistema penitenciario, la organización estaría a cargo de los altos mandos de la mafia, luego del “jefe de zona”, después los “jefes de barrio”, quienes son “responsables de ejecutar las órdenes de los jefes de nivel superior y de dirigir las operaciones criminales en su territorio. Cada jefe de barrio dirige una red de bandas callejeras que se llaman ‘combos’”.

Esta red de bandas, de acuerdo con el informe mencionado, “suele estar formada por pequeños grupos de jóvenes. Aunque su presencia es clave para mantener el territorio, fuentes de Los Choneros y Los Lobos describieron cómo sus actividades suelen limitarse al nivel más bajo de operaciones, principalmente el traslado o la custodia de drogas, dinero o armas, la gestión de economías criminales callejeras y la realización de actos de violencia, incluidos asesinatos. En la mayoría de los casos, tienen cierto grado de autonomía en la gestión de las economías locales y en la forma de interactuar con la población civil”.

En total, según el mismo dictamen, el régimen ha elaborado un listado de veinte conductas delictivas como mayor participación de estos menores de edad. (I)