Luego de más de cuatro meses de que se conoció la denuncia de presiones contra el juez anticorrupción Carlos Serrano de parte del entonces director del Consejo de la Judicatura (CJ) en Pichincha, Henry Gaibor, quien renunció a su cargo el 22 de diciembre pasado, con tres votos a favor el pleno del CJ se dispuso el inicio de un sumario disciplinario en contra de Gaibor al presuntamente haber incurrido en la comisión de infracciones disciplinarias gravísimas sancionadas con destitución.
El informe del área técnica por el que votaron el pasado martes, 21 de abril, los vocales de la Judicatura Alfredo Cuadros y Fabián Fabara y el presidente encargado del CJ, Damián Larco, señala que los hechos analizados permiten advertir la presunta configuración de infracciones disciplinarias gravísimas previstas en el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), particularmente aquellas contempladas en los numerales uno y once, que se sancionan con destitución.
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Bajo esta norma se sanciona al servidor judicial que vulnere, a pretexto de ejercer facultades de supervisión, la independencia interna de otros servidores de la Función Judicial, así como a quien solicita o reciba favores o servicios que, por sus características, pongan en tela de juicio la imparcialidad al servidor judicial en el ejercicio de sus funciones.
“Ello, en razón de que la transmisión de mensajes relacionados con la atención que debía prestarse la defensa dentro de un proceso penal determinado, proveniente de terceros ajenos al proceso, podría constituir una actuación susceptible de afectar la independencia del juzgador y comprometer la apariencia de imparcialidad que debe caracterizar a la administración de justicia. Por las razones expuestas y considerando que los elementos de convicción recabados durante la fase investigativa permiten advertir indicios razonables respecto de una presunta inobservancia de la normativa legal vigente y aplicable”, definió el informe del área técnica.
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Se recordó en este caso que en diciembre de 2025 se dispuso a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del CJ el inicio de las acciones disciplinarias que correspondan en relación con los hechos que son de conocimiento público y que fueron denunciados por el en ese momento juez Carlos Serrano. El juez del tribunal de garantías penales especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con crimen organizado denunció presuntas presiones internas, amenazas y falta de garantías para seguir juzgando causas relacionadas con el crimen organizado.
En ese contexto, fundamenta el informe, se habría hecho pública una grabación en la cual Henry Gaibor, en calidad de director provincial de Pichincha del CJ en el ámbito administrativo, presuntamente le manifestó a Serrano que el caso Euro 2024, en el que se procesaba al serbio Jezdimir Srdan, procesado por lavado de activos vinculado al narcotráfico, se trataba de un “caso muy particular” y le pidió al juez que “solamente le ponga un poco de atención al tema, nada más”. Expresó: “Yo sé que ustedes revisan, lógicamente ven la necesidad del caso, pero me dijeron un poquito más de atención a la defensa que habían planteado en ese sentido”. Además, según se refirió, se habría mencionado que en redes sociales existen otros audios en los que se escucha a una mujer, quien aparentemente era delegada por Henry Gaibor, la cual llamó al juez Carlos Serrano para decirle que “el director tiene que volver a conversar con él”.
El 22 de diciembre pasado, Gaibor presentó su renuncia al cargo. Eso se dio horas después de que el pleno del CJ, en ese momento presidido por Mario Godoy, anunció que solicitó la renuncia al director provincial del CJ de Pichincha en el ámbito disciplinario. En una carta publicada en sus redes sociales, Gaibor explicó que su dimisión al cargo era “un acto de responsabilidad institucional”.
Mario Godoy dejó de ser el presidente titular del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial el 18 de febrero de 2026, luego de que con 148 votos a favor el pleno de la Asamblea Nacional lo censuró y destituyó.
La situación que generó la crisis que terminó sacando a Mario Godoy de la presidencia del CJ fue la denuncia que hizo el juez anticorrupción Carlos Serrano, respecto a que Gaibor, entonces director de Pichincha del CJ y mano derecha de Godoy, lo presionó para que fallara a favor del narcotraficante serbio, a quien en una fase preprocesal defendió Dolores Vintimilla, esposa de quien era el titular de la Judicatura.
Serrano grabó las presiones, renunció al cargo y dejó el país, luego que se le retiró la seguridad que mantenía, pese a que se comprobó que pusieron un coche bomba a pocos metros de su oficina y la propia Policía pidió que se reforzara su seguridad, ya que durante la lectura de la sentencia en contra del serbio Srdan este hizo una señal de amenaza de muerte.
Una vez que se conocieron las amenazas y amedrentamientos contra el juez Serrano, la Fiscalía General abrió una investigación previa por el delito de tráfico de influencias. La causa sigue en etapa reservada de investigación y no solo se investiga a Gaibor, sino que también se analiza la intervención en el hecho de funcionarios superiores, como el propio Godoy.
“De la revisión integral, sistemática y detallada de los informes, documentos y soporte digital recabados en el marco de la presente investigación, se puede evidenciar que Henry Gaibor, en su calidad de director provincial de Pichincha del CJ (...), habría mantenido contacto y transmitido mensajes al abogado Carlos Serrano, juez del tribunal de garantías penales especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, en relación con un proceso penal específico por presunto lavado de activos vinculado a una organización delictiva internacional. Situación que se desprende del contenido de los registros de audio y video difundidos en medios digitales, de publicaciones periodísticas incorporadas a la investigación, así como de las manifestaciones efectuadas por el propio operador de justicia”, se aclara en el informe que recomienda el inicio de un sumario disciplinario contra Gaibor.
Antes de tomar la votación para acoger o no la recomendación del área técnica, el presidente encargado del CJ, Damián Larco, señaló que en este sumario se debe dar cumplimiento estricto al debido proceso administrativo disciplinario y con pleno respeto a las garantías constitucionales de defensa y contradicción, “de tal manera que se determine la eventual existencia de responsabilidad disciplinaria por parte del exfuncionario Henry Gaibor”.
La vocal Magaly Ruiz no asistió a la sesión, por lo que solo votaron tres de los cuatro vocales presentes. (I)