En enero de este año, el presidente Daniel Noboa, quien se postula a la reelección, declaró el conflicto armado interno en el país para que las Fuerzas Armadas puedan salir a las calles a cooperar con la Policía Nacional en el combate a la inseguridad. A la par se tomaron medidas como el incremento del impuesto al valor agregado (IVA) al 15 %, cambios en la Constitución y las leyes para reforzar las sanciones a los criminales, sucesivos estados de excepción... Pero el problema de la inseguridad continúa.
A continuación, EL UNIVERSO reseña la propuesta de seguridad que consta en los planes de trabajo que los aspirantes presidenciales presentaron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) al inscribirse.
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Jimmy Jairala, Centro Democrático, lista 1
Las propuestas de seguridad de Jairala se centran en garantizar el derecho constitucional a la seguridad ciudadana. Estos planteamientos se dividen en cinco bloques clave: Estrategia integral de seguridad, Fortalecimiento de las instituciones del orden público y control, Prevención, protección y oportunidades para la juventud, apoyo a víctimas y Vigilancia en los partidos políticos.
Propone articular un marco institucional de coordinación entre el Ejecutivo, la Policía Nacional, las FF. AA., la Fiscalía y la participación ciudadana, para definir políticas públicas de seguridad. También busca implementar una estrategia nacional para combatir a los grupos delincuenciales organizados (GDO) y fortalecer la cooperación entre las fuerzas de seguridad y las comunidades locales. Además, se depurará a las fuerzas del orden y la administración de justicia, y se establecerán protocolos de integridad para los funcionarios públicos.
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Además, plantea aumentar la inversión en programas sociales para la juventud, ofrecer alternativas educativas y laborales, y apoyar a los jóvenes en riesgo. También se establecerá un programa de reparación económica y apoyo psicológico a las víctimas de la delincuencia organizada y sus familias. Además, se implementarán controles estrictos para evitar la infiltración de miembros de los GDO en los partidos políticos.
Jorge Escala, Unidad Popular, lista 2
Escala plantea depurar la Policía Nacional, las FF. AA., la Fiscalía, la justicia y los órganos de control; y fortalecer el trabajo del Centro de Inteligencia y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, para que cumplan con eficiencia su misión en la lucha contra el crimen organizado.
El plan incluye el compromiso de asignar oportunamente el presupuesto para seguridad, garantizando para los uniformados la compra de equipamiento “sin negociados”, y tener personal capacitado y tecnología para combatir eficazmente la delincuencia común y el crimen organizado.
Además espera implementar un plan nacional de política criminal, con la participación del pueblo, la academia, la fuerza pública y las Fuerzas Armadas, las organizaciones barriales y expertos internacionales.
Andrea González Nader, Sociedad Patriótica, lista 3
González propone aumentar la vigilancia y control sobre las actividades marítimas, para reducir el tráfico ilícito y la pesca ilegal. También habla de la militarización de zonas viales estratégicas y la implementación de escáneres para las principales vías del país y puertos.
En torno a las cárceles afirma que creará un sistema de alimentación con trabajo de las personas privadas de libertad y que habrá una diferenciación de presos por tipos de penas. Incluso, tiene contemplado construir una cárcel de máxima seguridad en altura.
Víctor Aráus, Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), lista 4
Aráus dice que impulsará una reforma integral a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas que empiece con la depuración y bajo mecanismos de supervisión estrictos y auditorías periódicas.
Se propone endurecer la Ley del Uso Progresivo de la Fuerza; invertir en sistemas de vigilancia y monitoreo de última generación, incluyendo cámaras de seguridad de alta resolución y vigilancia aérea con drones en lugares mayor peligrosidad y recurrencia delictiva.
Ofrece construir nuevas cárceles como una respuesta al hacinamiento, a la infraestructura deteriorada y a la falta de espacios adecuados para la rehabilitación que ayudan a convertir a estos centros en focos de violencia y control por parte de grupos criminales; y también fortalecer la inteligencia policial y la cooperación internacional. Se trabajaría en contra del microtráfico de drogas con seguridad comunitaria, la rehabilitación de adictos y una educación preventiva.
Luisa González, Revolución Ciudadana, lista 5
González plantea restituir el Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; y espera reestructurar los ministerios del Interior y de Gobierno, y depurar a las filas de las fuerzas de seguridad.
Propone retomar el control estatal sobre el sistema de rehabilitación social y reafirmar el monopolio del Estado sobre las armas. Adicionalmente, se plantea el establecimiento de centros públicos de desintoxicación, rehabilitación y reinserción social en zonas urbanas y rurales para abordar el problema de las adicciones.
El plan incluye el mejoramiento de la capacidad de investigación y persecución del delito, fortalecer la capacidad de investigación, recolección de pruebas y persecución de los delincuentes.
Se propone también “tolerancia 0″ al uso excesivo de la fuerza y la represión a la legítima protesta.
Henry Kronfle, Partido Social Cristiano (PSC), lista 6
Kronfle habla de tener “mano de hierro contra la delincuencia respetando los derechos humanos”. Las fuerzas del orden contarán con el liderazgo y respaldo del presidente de la República, señala el plan, en el cual además se hace un llamado a la Función Judicial para que se fiscalice la actuación de los jueces y evitar así que los delincuentes sean sobreseídos.
Se compromete al patrullaje preventivo por cuadrantes, y medidas que a través de la tecnología, (inteligencia artificial y renovación de equipos de control) permitan ejercer mayor disciplina sobre los centros carcelarios del país.
Se evitará la politización de las instituciones que garantizan la seguridad nacional. Se impulsará en la Asamblea la Ley Orgánica de la Policía (Lopol), propuesta por Kronfle cuando era su presidente y que busca una reestructuración institucional de la Policía que le devuelve la independencia.
Daniel Noboa, Acción Democrática Nacional (ADN), lista 7
Noboa propone diseñar políticas públicas de seguridad adaptadas al escenario actual de riesgo y amenaza, para prevenir y controlar la delincuencia y violencia. También busca fortalecer acciones contra la delincuencia organizada, narcotráfico, trata de personas y minería ilegal, y ejecutar acciones a través del Bloque de Seguridad para contener y reducir la violencia criminal.
Además, Noboa ofrece establecer planes de prevención del delito con enfoque social y territorial; crear programas comunitarios para prevenir la delincuencia juvenil y garantizar la seguridad interna y recuperación del espacio público.
Busca garantizar la soberanía e integridad territorial, controlar fronteras y respetar tratados internacionales. Otros objetivos incluyen mejorar el sistema penitenciario, rehabilitar y reintegrar personas privadas de la libertad y adolescentes infractores, y fortalecer la ciberseguridad y protección de datos personales.
Luis Felipe Tillería, Avanza, lista 8
Tillería plantea como objetivo general para los próximos cuatro años reducir y someter a los grupos de delincuencia organizada para bajar los índices de homicidios y delitos violentos.
Se anuncia que se aplicará el Plan de Seguridad AR-Tillería (AR = Fuerzas Armadas + Tillería). Esto significaría la inclusión de las Fuerzas Armadas en el conflicto armado interno no internacional para restablecer la seguridad en tiempos de conflicto interno, bajo un marco jurídico claro que genere protección judicial para sus actuaciones.
Como herramienta para reforzar el sentido de disciplina, responsabilidad y patriotismo de la juventud se propone restablecer el servicio militar obligatorio y la formación premilitar para jóvenes.
También existe la propuesta de establecer una “diplomacia de la guerra”, donde un “coministro de relaciones exteriores militares” firme acuerdos de cooperación con fuerzas armadas de todo el mundo, para compartir tecnología de última generación, materiales, equipos de combate, conseguir capacitación y compartir inteligencia, recursos y estrategias, creando una red de seguridad global.
Carlos Rabascall, Izquierda Democrática (ID), lista 12
Rabascall propone la firma del Pacto Nacional para la Seguridad antes de 2027, involucrando al Ministerio de Gobierno, sociedad civil, sector privado y organismos internacionales. También busca crear un plan integral de seguridad nacional para enfrentar el crimen organizado.
Habla de mejorar la infraestructura y la dotación de la Policía, renovando el 80 % de los vehículos y equipamiento para 2029. Además, busca fortalecer la formación especializada en la institución, capacitando al 100 % de los agentes en combate al crimen organizado y narcotráfico para 2029. También plantea la creación de una agencia especializada en inteligencia para anticipar y desmantelar redes criminales.
En su plan menciona, asimismo, fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el crimen, firmando cinco nuevos acuerdos internacionales de cooperación en seguridad para 2029 con la ONU, OEA y gobiernos de la región.
Juan Iván Cueva, movimiento Amigo, lista 16
Por “razones estratégicas de seguridad”, el binomio presenta en su documento solo algunos de sus objetivos, como enfocar la política en fortalecer la colaboración internacional para reducir el ingreso de cocaína desde los países vecinos productores, y potenciar los controles fronterizos y marítimos con controles aduaneros de los productos de exportación. Se trabajaría en la depuración de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Servicio Nacional de Aduana, servicios de inteligencia y se exhortará a las demás funciones del Estado a la misma iniciativa.
Se plantea combatir a las “empresas de fachada” que usa el crimen organizado internacional a través del sector productivo y financiero; además, de forma simultánea, desmantelar las “redes de microtráfico” combinando “mano inteligente con mano dura”.
Construir una agenda nacional que informe los nombres de los abogados que defienden a los miembros del crimen organizado, jueces, fiscales, funcionarios, testaferros, cómplices y encubridores; y, por otra parte, dar cobertura de educación a niños, adolescentes y jóvenes.
Pedro Granja, Partido Socialista, lista 17
El plan de gobierno de Granja propone reforzar los mecanismos de control y supervisión del porte, tenencia y uso de armas. También habla de la depuración de la Policía, Fuerzas Armadas, Fiscalía, Corte Nacional y cortes provinciales.
Menciona que creará unidades adicionales de inteligencia para evitar la infiltración de los grupos de delincuencia organizada en todos los niveles del Estado. Asegura que fortalecerá el control de puertos y aeropuertos.
Uno de los puntos menciona que reconocerán el rol que tiene la justicia indígena en las comunidades para defender los territorios indígenas y ancestrales de la delincuencia organizada, en especial de la minería ilegal.
Otra idea es declarar la emergencia educativa y aumentar significativamente la inversión en programas sociales destinados a niñez, adolescencia y juventud, para prevenir su reclutamiento por parte de las bandas.
Leonidas Iza, movimiento Pachakutik, lista 18
Pachakutik propone estrangular financieramente al crimen organizado, para lo que se crearía un comité con la UAFE, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, las superintendencias de Compañías, de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria, la Policía Nacional y el Centro de Inteligencia Estratégico.
Esto estaría regido por un ministerio de coordinación en seguridad -que ya hubo en el gobierno de Rafael Correa- y que se dedicaría a detectar lavado de dinero, ingresos de recursos financieros por actividades ilícitas, triangulación de activos no lícitos y enriquecimiento ilícito. Se limitarían las transacciones en efectivo a $ 5.000.
Se enviarían a la Asamblea Nacional proyectos de ley económico-urgentes para poder usar los recursos que “pertenecen al Gobierno central y que están en las reservas internacionales, para disponer de liquidez inmediata” para financiar programas contra el crimen organizado.
Iván Saquicela, Democracia Sí, lista 20
Expone acciones en varios frentes, como capacitación y equipamiento con tecnología de punta a la Policía Nacional; fortalecer las unidades de Policía Comunitaria, en los barrios y recintos campesinos con patrullaje permanente y capacidad de reacción inmediata frente al delito.
Ofrece tomar el control estatal de todos los centros carcelarios del país, para ello plantea reordenar y construir cárceles en alta, mediana y baja peligrosidad; y combatir al crimen transnacional en acuerdo con países amigos para el desmantelamiento de las bandas del crimen organizado y narcotráfico.
Plantea la sustitución del Ministerio del Interior por el Ministerio de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que articulará acciones con gobiernos locales, cantonales y parroquiales, los entes del Estado y la ciudadanía (barrios, comunidades y organizaciones sociales); y la creación del Consejo de Política Criminal, que sustituirá al Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), el cual formulará la política criminal y ejecutará acciones para combatir la criminalidad y prevenir los delitos.
Francesco Tabacchi, movimiento CREO, lista 21
Plantea la creación de una red de apoyo social para prevenir el reclutamiento de bandas delictivas en las nuevas generaciones. Dice que creará un escuadrón de la pacificación, que estará conformado por los mejores elementos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en coordinación con sus unidades de inteligencia.
Otra de sus ofertas es la cadena perpetua a quienes cometan delitos de violación, asesinato, secuestro y otros tipos penales de gravedad. El endurecimiento de penas para jueces corruptos es otra de sus iniciativas.
Afirma que creará un sistema de asistencia integral de víctimas de delitos y modernizará el sistema penitenciario para reducir el hacinamiento de una manera técnica.
Jan Topic, movimiento SUMA, lista 23
Topic ha llamado Plan Escudo Ecuatoriano a sus propuestas de seguridad. Propone, por ejemplo, fortalecer las fronteras con la construcción de bases militares estratégicas y la implementación de drones y patrullajes terrestres y fluviales, y barreras tecnológicas que bloqueen el acceso de organizaciones criminales y protejan la integridad del territorio.
También, control en los centros penitenciarios, que incluirá sistemas avanzados de reconocimiento facial y monitoreo de comunicaciones internas.
Fortalecer a las fuerzas del orden con el apoyo de herramientas digitales de última generación, e inversión en armamento, drones y vehículos que les permitan enfrentar cualquier amenaza.
Habla, además, de implementar políticas migratorias más rigurosas para prevenir la entrada de personas vinculadas al crimen organizado.
Henry Cucalón, Construye, lista 25
El documento plantea implementar un proceso de depuración y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, incluyendo a las instituciones de justicia, para garantizar que operen de manera eficiente y libre de corrupción. Y a la par, reconstruir la credibilidad de las instituciones que conforman el Bloque de Seguridad: Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Servicio de Guías Penitenciarios, mediante la implementación de procesos rigurosos de admisión, evaluación, capacitación, depuración y cooperación internacional.
La propuesta habla de mejorar la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad, por lo que se piensa incorporar una política integral de combate a la delincuencia mediante la modernización de las fuerzas de seguridad, tecnología avanzada y cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.
Se buscará además una reforma del sistema judicial encaminada a agilizar y fortalecer el sistema judicial, promoviendo la independencia judicial y garantizando una justicia rápida y eficiente para los ciudadanos.
Se pretende también trabajar en la prevención y la rehabilitación, es decir, se desarrollarán programas de prevención del delito en jóvenes vulnerables y comunidades afectadas por la violencia, además de programas de rehabilitación para reducir la reincidencia delictiva. (I)