Familiares del exasambleísta Peter Calo y autoridades indígenas no aceptan la pena de 19 años de reclusión mayor por el delito de violación impuesta a Calo el pasado lunes, dentro de un caso que califican como “construido” y un “acto de persecución”, por lo que anuncian que apelarán la sentencia unánime emitida por un Tribunal de Juicio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, sostiene que no pueden aceptar que la justicia funcione de esta manera, es decir, imponiendo condenas políticas. Por ello anunció que en apoyo a la esposa y la familia del exasambleísta de 42 años irán hasta las “últimas consecuencias”.

El líder indígena explicó que si en Ecuador no encuentran justicia llevarán el caso a otros foros, pues, según él, en alguna parte del mundo debe existir justicia frente a un caso que ha sido construido. “Lo tomamos como un acto de retaliación, de persecución y un mensaje claro para los luchadores sociales. Nosotros nunca estaremos en este caso a favor de personalidades que estén en actos de violación. Jamás. Pero tampoco estaremos de acuerdo con que un tema tan sensible haya sido usado para acabar con la vida de un compañero”.

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En el caso del exasambleísta Peter Calo: tribunal establece una reparación de $ 270.000 al Estado y un monto de $ 10.000 a la víctima de violación

El pasado lunes 23 de octubre, casi sesis meses después de abierto el proceso penal por violación, los jueces de la Corte Nacional, Felipe Córdova (ponente), Rita Bravo y Luis Rivera, decidieron de forma unánime imponer a Calo, la pena de 19 años de cárcel al ser definido como el autor directo del hecho denunciado por una joven de 19 años, quien aseguró que el entonces legislador del ala rebelde del movimiento indígena Pachakutik había abusado sexualmente de ella en un hostal ubicado en el centro de Quito.

Agentes policiales aprehendieron a Calo, el 26 de abril pasado, en el interior del hostal en el que también se encontraba la víctima, quien alertó del ataque sexual que recibió haciendo una llamada al ECU911. Según la denunciante, ella fue citada en ese lugar para hablar de una oferta laboral. En junio pasado, la también jueza de la Corte Nacional, Daniella Camacho, decidió llamar a juicio a quien renunció al cargo pocos días después de iniciarse el procesamiento penal.

El titular de la Conaie reconoce que el hoy exasambleísta jamás debió haber estado involucrado en una situación como esta, pero cree que él “cayó en una planificación política” para acabar con Peter Calo. Piensa Iza que la denunciante fue utilizada en este caso, ya en la misma audiencia de juicio ella se retractó y pidió disculpas a la partes.

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Esto ocurrido con la denunciante de la violación y otros hechos servirían como base para presentar que la defensa de Calo apele la sentencia de primer nivel que no solo habla de una pena de cárcel, sino que incluye una multa de 600 salarios básicos unificados ($ 270.000) y el pago de una reparación integral a la víctima de $ 10.000. Peter Calo tendrá suspendidos sus derechos de participación por el tiempo que dure la condena.

Durante la audiencia de juzgamiento, la fiscal general, Diana Salazar, presentó 22 elementos de prueba testimonial, pericial y documental para sustentar la acusación basada en el artículo 171, inciso primero, numeral dos, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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Al ser este un proceso reservado, por el delito que se analiza y tener una víctima de por medio, no se conoce aún si el Tribunal de Juicio ya notificó a las partes con la sentencia por escrito. Ese es un requisito no solo para avanzar hacia la apelación, sino también para solicitar algún tipo de recurso horizontal como la ampliación o aclaración. Otro tribunal de la CNJ deberá ser integrado por sorteo para en segunda instancia analizar la apelación que solicite la defensa de Calo. (I)