En caso por lavado de activos contra Pedro Merizalde, juez ordena reserva judicial por 180 días de documentación contenida en dispositivo electrónico

Con el fin de asegurar la reserva de la información que podría contener un dispositivo electrónico que es parte del proceso penal por el delito de lavado de activos existente contra Pedro Merizalde, exgerente general de la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro durante el gobierno de Rafael Correa, y su esposa, Zoa Torres, el juez Vicente Hidalgo ordenó la reserva judicial por 180 días del procedimiento y todo lo que se ubique en el dispositivo en cuestión.A inicios de agosto, Hidalgo, quien es parte de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, autorizó la apertura, exhibición, extracción y materialización impresa y digital de la información contenida en el dispositivo de almacenamiento USB que se encontraría en cadena de custodia en el Centro de Acopio Temporal de Evidencias del Departamento de Criminalística.Tanto el pedido para explorar el dispositivo de almacenamiento como la solicitud de reserva judicial la hizo el fiscal del caso, Luis Augusto Rosero, de la Unidad Antilavado de la Fiscalía General del Estado.“Para asegurar la reserva de la información que podría contener el dispositivo electrónico al tratarse de un delito relacionado con la delincuencia organizada transnacional y siendo menester e imperioso salvaguardar los derechos constitucionales de los ciudadanos procesados, como la intimidad personal y familiar, previstos en la Constitución, se autoriza la reserva judicial por el plazo de 180 días del procedimiento establecido en el artículo 477 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y toda la documentación relacionada con el mismo, esto, únicamente respecto de terceros del proceso penal , para lo cual se deberá asegurar y garantizar el debido proceso respecto de los sujetos procesales”, señaló en su providencia el juez Hidalgo.El artículo 477, que habla del reconocimiento de grabaciones, señala que el juzgador autorizará al fiscal el reconocimiento de las grabaciones mencionadas en el artículo anterior (interceptación de las comunicaciones o datos informáticos), así como de videos, datos informáticos, fotografías, discos u otros medios análogos o digitales. Para este efecto, con la intervención de dos peritos que juren guardar reserva, el fiscal, en audiencia privada, procederá a la exhibición de la película o a escuchar el disco o la grabación y a examinar el contenido de los registros informáticos. Las partes podrán asistir con el mismo juramento.Los abogados de Merizalde se opusieron a la decisión adoptada, pidieron que se la revoque y se niegue la solicitud de Fiscalía por ser “inconstitucional, ilegal y sin fundamento”. La respuesta del juez Hidalgo fue que al haberse verificado que el auto del cual se solicita la revocatoria no corresponde a un auto de sustanciación, sino a un auto interlocutorio, se declaraba no ha lugar la petición por no tener asidero normativo.Pese a ello, Hidalgo explicó que por principio de libertad probatoria no puede limitar las actuaciones investigativas a las que se crean asistidos los sujetos procesales (procesados, víctima, Fiscalía, defensa), pero lo que sí puede y debe es garantizar los derechos de las personas procesadas.“Frente a esa premisa, conforme la autorización judicial emitida en auto de 02 de agosto, para salvaguardar sus derechos constitucionales como la intimidad personal y familiar (...), se autorizó la reserva judicial del procedimiento establecido en el artículo 477 del COIP, así como de la documentación relacionada con el mismo, advirtiendo al titular de la acción penal pública que se deberá asegurar y garantizar el debido proceso respecto de los sujetos procesales, de tal manera que puedan tener acceso oportuno a la información que se obtenga al cabo de dicho procedimiento y puedan ejercer contradicción”, aclaró el juez.En este caso la Fiscalía sostiene que el 29 de octubre de 2012, mientras Merizalde se encontraba ejerciendo la gerencia general de la compañía mixta Refinería del Pacífico, el funcionario público constituyó en Panamá la compañía Horgan Investments INC., de la cual él habría sido el propietario del 100 % de acciones y su beneficiario final. Para la constitución de la compañía habría contratado los servicios del estudio panameño Mossack Fonseca.La instancia acusadora ha sostenido que han corroborado que Horgan Investments “fue controlada por Pedro Kléber Merizalde Pavón, al ser su accionista único”. El 3 de diciembre de 2012, Merizalde Pavón habría realizado una transferencia de $ 1.805 desde su cuenta personal en el Banco del Pacífico de Ecuador hacia la cuenta del estudio Mossack Fonseca en el HSBC Bank Panamá S. A. por concepto de pago por la creación de Horgan Investments.“Sin embargo, en su declaración de bienes registrada el 08 de mayo de 2013 ante la Contraloría General, Pedro Merizalde no declaró la existencia de Horgan Investments como parte de su patrimonio, cuando tenía la obligación legal de hacerlo. Según la información que dispone esta Fiscalía y como causa probable señala que Pedro Merizalde Pavón habría recibido pagos ilícitos de parte de Odebrecht a través de varias transferencias realizadas a la cuenta (...) perteneciente a Horgan Investments y abiertas en el Royal Bank of Canadá de Ginebra-Suiza, ahora Banco SYZ. El lavado de activos comienza a partir del año 2017, luego que Pedro Merizalde ya no fue empleado público”, se dijo en la formulación de cargos de mayo pasado.Por datos como estos, la Fiscalía ha solicitado una audiencia para vincular a la offshore Horgan Investments al proceso por lavado de activos. Eso no se ha podido dar en dos ocasiones y se ha convocado para el próximo 22 de agosto, a las 15:00, para instalar la diligencia. El 20 de agosto próximo se cerrarán los 90 días de una instrucción fiscal que se abrió el 20 de mayo pasado contra Merizalde y Torres, pero si se concreta la vinculación de la persona jurídica Horgan Investments a la etapa de instrucción fiscal se le sumarán 30 días, por lo que esta cerrará a los 120 días, es decir, a mediados de septiembre próximo. (I)

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