El vicealmirante (r) Johnny Estupiñán Echeverría envió una carta a EL UNIVERSO en la cual solicita una aclaración a la nota publicada en las ediciones digital e impresa del sábado 2 de mayo del 2026 y domingo 3 de mayo del 2026, referida al proceso de extradición desde Argentina del exfuncionario Hernán Luque Lecaro, quien está procesado en el caso Encuentro.

El texto se reproduce a continuación:

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“En el ejemplar de EL UNIVERSO del domingo 3 de mayo de 2026, sección COYUNTURA NACIONAL, página 6, se publicó un artículo bajo el título “Corte de Argentina: No hay sustento para invalidar la extradición de Luque Lecaro”, el cual presenta información actualizada sobre la extradición desde Argentina de Hernán Luque Lecaro por su pública implicación en el caso Encuentro de corrupción en la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (EP Flopec); en el cuarto párrafo del texto se indica lo siguiente:

(...) “En este proceso judicial, además de Luque, eran investigados Guillermo Lasso; su cuñado Danilo Carrera; Iván Correa, exsecretario de la Administración; y los exfuncionarios de Flopec Johnny Estupiñán, Oswaldo Rosero y Cristian Panchi, pero fue archivado por la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ)”.

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El contenido de este párrafo es inexacto y es necesario que un evento nacional inédito de suma relevancia como fue la denuncia de corrupción en EP Flopec y el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, sea aclarado en beneficio de la verdad histórica:

Jamás he estado entre los exfuncionarios de Flopec “investigados” como se indica en la referida nota de prensa, ya que en ningún caso he sido “el denunciado” y por el contrario como gerente general de EP Flopec fui “el denunciante” del grave perjuicio económico al país causado por el lesivo contrato de asociación con la empresa Amazonas Tanker Pool. Esta empresa ganó millones de dólares mediante la intermediación en el transporte de nuestro petróleo, administrando contratos de fletamento que Flopec lo puede hacer porque tiene más de 50 años de experiencia y el personal competente para realizarlo; por tanto, no necesitaba de un socio que no aporta nada en el aspecto comercial, que nos subarrendó buques con sobreprecio y que se llevaba el 80 % de las utilidades generadas por el pool.

En cumplimiento de las recomendaciones de la CGE y sin el respaldo de la PGE traté de terminar este contrato lesivo, lo que hizo que sea sustituido de la gerencia general por parte de la desprestigiada Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO-EP) presidida por Hernán Luque, en una clara vulneración de mis garantías constitucionales.

Mi denuncia plenamente corroborada fue utilizada por la Asamblea con fines políticos para el juicio que llevó a Lasso a declarar “la muerte cruzada”. Es cierto que este contrato con sus irregularidades fue firmado el 2018 y modificado en el 2020, en el gobierno anterior; pero, también es cierto que fue conocido por Lasso en su calidad de presidente de la República; sin embargo, ¿por qué Lasso no dispuso la terminación del contrato y prefirió declarar la muerte cruzada? ¿Por qué Lasso no tomó ninguna acción para evitar la fuga de Luque?“. (I)