Virgilio Saquicela convoca al pleno de la Asamblea Nacional para resolver sobre el estado de excepción decretado por Guillermo Lasso

Para el lunes 20 de junio, a las 17:15, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convocó al pleno para resolver sobre el estado de excepción contemplado en el Decreto Ejecutivo 455, por grave conmoción interna en las provincias de Pichincha, Imbabura y Cotopaxi.La decisión la tomó una vez que 72 legisladores de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), una parte de Pachakutik y los disidentes de la Izquierda Democrática y de Pachakutik e independientes suscribieron el pedido para que Saquicela convoque a sesión.Otro de los puntos incluidos en la agenda de la sesión 779 es que el pleno resuelva convocar a los líderes de la paralización de actividades, al presidente de la República, Guillermo Lasso, y a los presidentes de los distintos poderes del Estado de manera inmediata para que en la sede del Palacio Legislativo comparezcan el día martes 21 de junio a dialogar, para resolver de manera definitiva el problema.No queremos que la capital ni el país se convulsione, creemos que es hora de que todos quienes tienen que ver con la situación de la paralización de actividades y el Ejecutivo tomen las mejores decisiones y lleguen a un consenso, a un acuerdo en beneficio del país, comentó Saquicela.Añadió que será el pleno de la Asamblea, luego del debate, el que resuelva si se levanta o no el decreto 455, que establece la excepción en tres provincias; todo eso dependerá de las voluntades de los sectores políticos que conforman el Parlamento, al que la Constitución lo obliga a dar trámite a la petición formulada por 72 legisladores.Saquicela comentó que el problema que vive el país no se soluciona con un estado de excepción, pues si la protesta continúa se puede complicar la situación, y si el pleno de la Asamblea Nacional resuelve y decide revocar el decreto 45, se enviará de manera inmediata al Registro Oficial para que se publique; pero se insistirá en el diálogo.Saquicela, quien asumió la presidencia del Parlamento desde el 31 de mayo, señaló que sostener la democracia es el objetivo de todos quienes convivimos en el país y que la figura de la muerte cruzada, sea desde el Ejecutivo o el Legislativo, está establecida en la Constitución y puede ser operada. “No creo que es el momento para ello, es el momento para el diálogo y resolver, y buscar alternativas”.El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, este 18 de junio, se reunió con el presidente del Parlamento para solicitar que la Función Legislativa no derogue el decreto 455.Ingresó un pedido por escrito en el que responsabilizó a los asambleístas que apoyen esta pretensión por las consecuencias que podría traer para la paz y la seguridad de los habitantes de la ciudad y la conservación de su patrimonio; y que, lamentablemente, “podría llevar a un escenario similar o de mayor magnitud al que se vivió en octubre de 2019″.Mediante Decreto Ejecutivo n.º 455, el presidente de la República declaró el estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Cotopaxi, Pichincha e Imbabura, con el objeto de salvaguardar el orden público, garantizar la seguridad e integridad de sus ciudadanos, la adecuada provisión de servicios públicos y el desarrollo de las actividades económicas.El artículo 3 del citado decreto declaró a Quito como zona de seguridad: “Establecer como Zona de Seguridad el Distrito Metropolitano de Quito, de conformidad a lo establecido en el numeral 5 del artículo 165 de la Constitución de la República, con el fin de garantizar la protección de esta zona; debido a las graves afectaciones a los derechos, libertades y garantías ciudadanas que ponen en grave riesgo la seguridad del Estado, para que el espacio territorial en mención se supedite a regulaciones especiales para control y seguridad.Disponer a las Fuerzas Armadas la conformación de una Fuerza de Tarea Conjunta para materializar el objetivo de la Zona de Seguridad.”Guarderas al presentar su pedido en la Asamblea sostuvo que “espera que los asambleístas, especialmente los de la provincia de Pichincha, actúen con coherencia y en favor de la capital de todos los ecuatorianos”.“Aspiro a que la propuesta de revocatoria del Decreto Ejecutivo n.º 455 sea analizada con espíritu cívico y patriótico”, puntualizó Guarderas. (I)

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