Para fomentar las alianzas electorales y también evitar los procesos de cancelación de las organizaciones políticas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se comprometió a revisar el reglamento para la conformación de alianzas para las elecciones seccionales y de vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que se efectuarán este 5 de febrero del 2023.

Ese fue uno de los acuerdos previos a los que llegaron las autoridades del Consejo Electoral este 7 de abril con los representantes de partidos y movimientos políticos, en el primer consejo consultivo que se instaló de forma presencial en Quito, con la presencia de los consejeros José Cabrera, Enrique Pita, Esthela Acero y Diana Atamaint; también participó el presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrera.

Fueron convocadas las agrupaciones de carácter nacional y asistieron unos 16 directores y presidentes para exponer a los vocales sus preocupaciones, que estaban centradas en las reformas al Código de la Democracia y que deberán aplicarse para la inscripción de las candidaturas para alcaldes, concejales, prefectos y miembros de juntas parroquiales.

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Durante el evento, los actores políticos llegaron a un consenso entre sí firmando un documento en el que plasmaron su propuesta de reforma al reglamento de alianzas para que sea considerado para la discusión del órgano y de ser el caso, sea aprobado.

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En él se recoge el contenido actual de la norma, en el que sobre la cancelación de organizaciones políticas, se dispone: “con la finalidad de incentivar las alianzas políticas en el cómputo del porcentaje de votación obtenido por una alianza, se asignará el mismo porcentaje a todas las organizaciones participantes en la alianza”.

Los sujetos políticos proponen que se lo modifique con el texto sobre el “Cómputo de porcentaje y dignidades: Con la finalidad de incentivar las alianzas políticas en el cómputo del porcentaje de votación obtenido por una alianza, se asignará el mismo porcentaje a todas las organizaciones participantes en la alianza. Así también, se asignará a todas las organizaciones políticas participantes en la alianza el cómputo de las dignidades alcanzadas como resultado del proceso electoral”.

El vicepresidente del Consejo, Enrique Pita, reconoció que la preocupación de las agrupaciones es que se reconozca los porcentajes de alianzas que les permita sostener su vida jurídica, porque el electorado vota por una alianza, no por un partido o movimiento específico.

Entonces, el objetivo es que cuando se realice el cómputo en cuanto a mantener la vida jurídica de un partido o movimiento sea contabilizado de forma igualitaria; y aclaró que ese será un tema que deberá analizar el pleno, con base en su atribución de reglamentar la ley y los procesos.

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Enrique Menoscal, director de Centro Democrático, resaltó este compromiso del Consejo Electoral de revisar la norma, porque ayudará a que las alianzas “sean deseables”.

Ejemplificó que si bien el porcentaje de votos se contabiliza de forma igualitaria para los participantes de una alianza, no es lo mismo para las dignidades.

“Cuando se hace una alianza, las organizaciones participantes se dicen ‘el primer concejal es mío, el segundo es para ti´; pero eso es injusto porque el candidato es de todos los miembros de la alianza, igual que los votos. Si la alianza gana un alcalde, todos los miembros de la alianza deben tener un alcalde, eso hace que las alianzas sean deseables”, comentó.

De lo contrario, si en una alianza de cinco movimientos para concejalías, se distribuye un concejal “el quinto candidato no va a llegar nunca por la aplicación del método Webster, entonces ese partido que también es parte de la alianza no va a computar una dignidad, porque su candidato no va a entrar nunca. Eso es injusto”, añadió.

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Esta preocupación surge porque el Código de la Democracia en su artículo 327 numeral 3, establece como fundamento para la cancelación de un partido o movimiento nacional: “Si las organizaciones políticas de ámbito nacional no obtienen el 4 % de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales distintas y consecutivas a nivel nacional; o, al menos tres representantes en la Asamblea Nacional; o, al menos el 8 % de alcaldías; o, por lo menos un concejal en cada uno de al menos el 10 % de los cantones del país”.

La aplicación de este artículo ha dado paso a la extinción de cinco grupos políticos que incurrieron en esta observación, como son Fuerza Ecuador (FE), Unión Ecuatoriana, Ecuatoriano Unido, Justicia Social y Concertación.

En todo caso, el Consejo Electoral elaborará alrededor de 18 reglamentos para aplicar las diferentes reglas para el proceso electoral, uno de ellos, será sobre el cumplimiento en la conformación de listas con el 30 % de mujeres encabezándolas y la inclusión del 25 % de jóvenes.

Pita reconoció que ese es un tema complicado, pero serán los sujetos políticos los que deberán definir en qué provincias tienen un peso electoral para candidatizar a mujeres y jóvenes.

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El presidente del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, pidió reglas claras al respecto, porque podría ser que en alguna de las jurisdicciones los movimientos o partidos no cuenten con líderes mujeres y jóvenes, por lo que se pondrá un candidato que cumpla con los requisitos.

Además, planteó al Consejo Electoral que revise la disposición sobre hasta qué edad una persona es considerada joven. Actualmente, la norma electoral reconoce hasta 29 años; pero hay ciudadanos que son de más edad y pueden ser considerados jóvenes.

Entre otros puntos tratados, se solicitó revisar los requisitos para la inscripción de candidaturas, como es la notarización de documentos.

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Se puso como ejemplo que se debe contar con al menos $ 12.000 en una jurisdicción para inscribir a los candidatos; por lo que se pidió al CNE que llegue a acuerdos con el Consejo de la Judicatura para que se reduzcan los valores en las notarías durante el proceso electoral.

Al ser este el primer consejo consultivo, se resumieron las actividades ‘hito’ del calendario electoral.

Una de ellas que este 14 de abril empiezan las campañas de cambio de domicilio, en los que la ciudadanía puede acercar su lugar de domicilio al lugar de votación.

La consejera Diana Atamaint, presidenta del Consejo, informó que el Ministerio de Economía y Finanzas había desembolsado más de $ 1′700.000 para arrancar esta actividad; no obstante, adelantó su preocupación de que los recursos no se asignen de forma recurrente en los próximos meses para avanzar en el cumplimiento de los procedimientos. (I)