La asambleísta Pamela Aguirre (RC), presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, protestó este jueves por acciones de protección en su contra presentadas por Juan Guarderas Cisneros, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quien está en medio de un proceso de juicio político por supuesto incumplimiento de funciones.
“En los últimos días, el enjuiciado (Guarderas) ha presentado no solo una, sino dos acciones de protección en mi contra con el claro objetivo de intimidar y evitar que cumpla con mi obligación legal, para la cual fui elegida por el pueblo ecuatoriano”, dijo la legisladora en un comunicado.
Publicidad
Aguirre —quien se pronunció sobre el tema esta mañana, durante la instalación de la sesión para sustanciar el juicio político a Guarderas— dijo que ante la negativa del primer juzgador de concederle medidas cautelares que buscaban suspender el proceso, el consejero presentó una segunda acción.
“No he presentado el juicio político en contra de Guarderas ni he firmado el formulario de apoyo al mismo. Sin embargo, como presidenta de la comisión (...), estoy obligada por ley a tratar todas las solicitudes de juicio político en orden de presentación”, aseguró la asambleísta.
Publicidad
Dijo que de esta manera, en cumplimiento de esta norma, han conocido y calificado el juicio político correspondiente. Asimismo, las partes han tenido un plazo de quince días para presentar sus pruebas, a fin de garantizar su derecho a la defensa.
“Es mi deber sustanciar estos procesos sin dilación, ya que los plazos son perentorios. Bien lo señala la sentencia n.° 122-22-JC/23 de la Corte Constitucional, que establece que el juez constitucional no puede analizar la procedencia de un juicio político, ya que esto excede su competencia”, expresó la legisladora en un comunicado.
Aguirre considera que cualquier intento en este sentido constituye una “indebida intromisión” en las labores propias de la Asamblea.
“La reciente utilización del sistema de justicia para intimidar a la Asamblea Nacional y obstaculizar los procesos de fiscalización es inaceptable (...). La comisión ha actuado respetando el debido proceso y los derechos constitucionales de todas las partes involucradas”, puntualizó la asambleísta. (I)