La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad en contra del reglamento de la Ley de Transparencia Social, que regula a las organizaciones de la sociedad civil.

A través de un comunicado, emitido la tarde de este jueves, 30 de octubre, la federación sostuvo que con esta normativa “se pretende controlar y disolver a las organizaciones sociales, prohibiendo cuestionar proyectos extractivos y permitiendo retener fondos sin orden judicial”.

El reglamento a la Ley de Transparencia Social se emitió el pasado 27 de octubre a través del Decreto Ejecutivo n.º 191.

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La FOA resaltó que el decreto “viola la Constitución y los derechos a la asociación, la libre determinación y la resistencia”.

Para las organizaciones indígenas y campesinas del Azuay, esta norma “es una herramienta de persecución política que criminaliza la defensa del agua y ataca directamente a las organizaciones populares”.

En contra de la Ley de Transparencia se han presentado, hasta el 30 de octubre, seis demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Organizaciones como la Conaie, Acción Ecológica, Fundamedios, la Alianza por los Derechos Humanos, colectivos de mujeres y más solicitaron que se declare la inconstitucionalidad de la norma.

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Entre otras cosas, la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay observó que con el reglamento a la Ley de Transparencia Social operativiza la disposición de retener o inmovilizar fondos por presuntas actividades injustificadas o sospechosas y prohíbe a las organizaciones sociales o fundaciones desarrollar acciones que busquen paralizar las actividades mineras legales en el país.

Por otro lado, la FOA rechazó el evento Cuenca Natural Flow, organizado por el Gobierno, como un encuentro artístico y cultural por la conservación de los páramos y los recursos hídricos. Sobre esto, la organización dijo que el acto se trató de un “show propagandístico para ganar respaldo a la consulta, encubriendo su alianza con las empresas extractivas”.

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“Desde la gran marcha del 16 de septiembre, impulsada por las defensoras y defensores de Kimsakocha, la FOA y otras organizaciones, el Gobierno busca lavar su imagen, pero los hechos hablan por sí solos: no ha cancelado las concesiones mineras en los páramos y la resolución de la revocatoria de licencia ambiental no tiene sustento legal”, enfatizó la federación. (I)