Organizaciones de mujeres y feministas remarcaron su posición a favor del informe de mayoría que fue aprobado por la Comisión de Justicia acerca del proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación.

“Nos posicionamos a favor del informe de mayoría aprobado por la Comisión de Justicia y exigimos a las y los asambleístas que aprueben este informe sin más retrocesos”, dijo Zoila Menéndez, del colectivo Tejedoras Manabitas, durante una rueda de prensa virtual.

Ella añadió que apoyar el informe significa “no dar la espalda a las mujeres, adolescentes, niñas y personas con posibilidad de gestar sobrevivientes de violencia sexual”.

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Virginia Gómez de la Torre, directora de Fundación Desafío, dijo que la ley que se analiza en el Legislativo respalda al sistema de salud. “Se necesita un marco de legalidad que, junto con la sentencia de la Corte Constitucional, pueda operativizar el acceso al aborto por violación. El informe de mayoría cumple con estos requisitos y los nudos críticos han sido solventados”.

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En cambio, explicó que el informe de minoría es inconstitucional. “Se plantean plazos ridículos y absurdos (seis semanas; para niñas, doce semanas), y se desconoce el derecho de las mujeres. Además que expone a las mujeres a un periplo de revictimización”, dice Gómez de la Torre.

Asimismo, José Bohórquez, de la plataforma Diálogo Nacional Disidente, explicó que, para las personas sexo-género diversas, el informe de mayoría reconoce su protección para acceder a la interrupción del embarazo en caso de agresiones sexuales. “El informe de minoría, elaborado por el asambleísta Vanegas, desconoce de manera tácita y excluye a las personas trans, que también son sobrevivientes de violencia sexual, especialmente aquellas que tienen la posibilidad de gestar”.

Por esta razón, se indicó que se ha presentado una propuesta en la Defensoría del Pueblo desde Diálogo Disidente para que se incluya su mirada en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Según Jaqueline Gallegos, de la articulación de mujeres negras y afrodescendientes, las mujeres que más tarde llegan al sistema de salud son las más vulnerables. “La sentencia de la Corte es clara: ninguna mujer, adolescente, niña podrá ser criminalizada por abortar cuando ese embarazo sea producto de violación”.

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Gallegos detalló que cada año son más de 21.000 mujeres las que llegan al sistema de salud pública en busca de atención por un aborto, sea espontáneo o provocado.

La representante de los colectivos afrodescendientes recalca que la mayoría de mujeres criminalizadas por abortar son mujeres empobrecidas, indígenas, afrodescendientes y jóvenes.

En ese sentido, detalla que Pichincha y Guayas son las mayores provincias donde se da esa criminalización; pero también en Cotopaxi, Morona Santiago y Esmeraldas. “Provincias donde la mayoría de la población es indígena o afrodescendiente. Eso demuestra que la ley sanciona con más fuerza a las mujeres de diferentes razas y a las más empobrecidas”, dice Gallegos, quien añadió que se debe aprobar la ley sin plazos y sin retrocesos para que se pueda acceder a este derecho.

Amanda Narváez, de Allulas Verdes, colectiva activista joven Latacunga, resaltó que los jóvenes no tienen acceso a una adecuada educación sexual. En ese sentido, señala que si el Estado no está garantizando el derecho a una educación sexual de calidad, tampoco puede criminalizar por abortar, ni obligar a una maternidad que no se ha deseado ni decidido.

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Llamado a movilizarse

Los colectivos de mujeres reiteraron la convocatoria al plantón en la Asamblea Nacional para el martes 25 de enero desde las 08:00.

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“Estaremos movilizadas y vigilantes para que la Asamblea haga su trabajo, legisle sin miedo, cumpla la sentencia de la Corte, cumpla la Constitución y que esta ley sea aprobada sin más retrocesos”, afirman las representantes de las diferentes organizaciones de mujeres y feministas.

Sinchi Gómez, quien forma parte del grupo Trenzando Feminismos y que formará parte del plantón, indicó que serán más de 500 representantes de diferentes colectivos de todo el país los que estarán presentes en la Asamblea Nacional. Entre las provincias participantes figuran colectivos de Tungurahua, Loja, Azuay, Manabí, Carchi, Cañar, Cotopaxi, Esmeraldas, Pichincha, Sucumbíos, Santo Domingo, El Oro, Guayas, Chimborazo, Imbabura y Pastaza. (I)