Hubo graves fallas de algunas instituciones públicas en el control de las jornadas de teletrabajo desarrolladas durante los meses más duros de la pandemia del COVID-19 en el 2020 y, por tanto, no se puede constatar que, efectivamente, sus servidores hayan laborado. Así lo determinan los informes de cinco auditorías realizadas por la Contraloría General del Estado a igual número de entidades.