La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) reclamó al Ejecutivo que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) no fueron incluidos en las compensaciones que se anunciaron con la eliminación del subsidio al diésel, que se concretó a través del Decreto Ejecutivo n.º 126.
En un comunicado, emitido la noche de este martes, 16 de septiembre de 2025, el gremio de municipios observó que en cada una de sus jurisdicciones se utiliza diésel en maquinaria caminera, agua potable, recolección de residuos y servicios sociales.
En este marco, la AME sostuvo que los municipios no trasladarán el costo a la gente, pero advirtieron que la eliminación del subsidio al diésel y una falta de compensación implica menos inversión y menos obras.
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“El subsidio al diésel representa cerca de $ 1.100 millones al año. Su eliminación puede ayudar al Estado a equilibrar las finanzas, pero si no se establecen mecanismos permanentes de compensación, la consecuencia será un incremento inmediato en el costo del transporte, de los alimentos y de la canasta básica”, dicta el pronunciamiento.
#Comunicado | Ante la pretensión de que los municipios asuman la competencia de fijar el costo del pasaje para el transporte público, nos pronunciamos: pic.twitter.com/7Fdyq6GPfx
— Municipalidades Ec (@AMEcuador) September 16, 2025
A la vez, la asociación rechazó las declaraciones del ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, quien afirmó que los GAD deberán decidir si aumentan las tarifas de transporte o asumen los sobrecostos tras el retiro del subsidio al diésel.
“Según el Cootad, los municipios tienen la facultad de planificar y regular el transporte intracantonal y aprobar las tarifas, pero en ningún caso están obligados a financiar déficits ocasionados por decisiones del Gobierno nacional”, enfatiza la misiva.
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Así, la AME exigió al Ejecutivo que se establezca un cronograma oportuno de asignaciones y la creación de un mecanismo permanente de compensación que garantice la sostenibilidad de los servicios municipales.
A la vez, demandó la instalación urgente de una mesa técnica tripartita entre AME, el Ministerio de Transporte y los gremios de transportistas, para definir parámetros reales de costos, tarifas y medidas de protección social permanentes para la ciudadanía. (I)
