¿Qué nexos hay entre la baja de homicidios intencionales y la detención de Aquiles Alvarez?

Las muertes violentas en Guayaquil disminuyeron tras la detención del alcalde Aquiles Alvarez ocurrida el 10 de febrero anterior, ha afirmado el presidente Daniel Noboa. Cifras oficiales de la Policía Nacional muestran que la reducción alcanza el 38 %.

Los datos corresponden exclusivamente al intervalo comprendido entre el 10 y el 26 de febrero, fechas que siguen a la detención del alcalde, quien permanece en la cárcel en Latacunga. Solo en Guayaquil, los homicidios intencionales pasaron de 154 en 2025 a 96 (58 menos) en 2026 en ese lapso. Mientras, en la Zona 8 —que incluye Guayaquil, Durán y Samborondón— los casos bajaron de 214 a 121 (93 menos), lo que representa una disminución del 43 %.

“El alcalde criminal ha sido atrapado y desde entonces hemos visto resultados concretos: Guayaquil ha mejorado más del 30 % en seguridad; el Distrito Metropolitano de Guayaquil (DMG), más del 40 %; y solo en febrero a nivel nacional hemos reducido los homicidios en un 13 %”, señaló Noboa en una entrevista con radio Centro este viernes 27 de febrero.

Desde el Ministerio del Interior, su titular, John Reimberg, señaló a este Diario que la reducción de muertes violentas en Guayaquil y en el Distrito Metropolitano de Guayaquil (DMG) —Zona 8— no solo confirma lo expresado por el presidente, sino que incluso muestra una caída mayor a la mencionada inicialmente.

“El presidente de la República mencionó sobre la caída del 26 % de las muertes violentas a raíz de la detención del alcalde Alvarez y al día de hoy ha ido aumentando. Estamos ya en Guayaquil en menos 38 % y en el DMG en un menos 43 %”, afirmó.

El ministro sostuvo que la variación en los porcentajes responde a la actualización constante de las cifras y recalcó que la tendencia a la baja se ha mantenido desde la captura del alcalde y que esperan siga así.

“Hoy que hemos llegado al punto de tener diferencias importantes como las que le acabo de mencionar, menos 38 % en Guayaquil y menos 43 % en el DMG, es un valor importante que tiene que seguir aumentando”, insistió.

Reimberg también vinculó la reducción con el contexto político y aseguró que, a su criterio, existían sectores que utilizaban el aumento de muertes violentas como una herramienta de desgaste al Gobierno.

“Yo he sido sumamente claro cuando he dicho que hay un grupo político que festeja cada vez que hay muertes violentas, porque es la forma que ellos pretendían desestabilizar a un gobierno, es la forma de afectar la imagen lo que ellos estaban utilizando y hoy esto se les va derrumbando”, manifestó.

Según el ministro, la caída en los homicidios desmonta esa narrativa e insistió en que el enfoque del Gobierno no responde a cálculos políticos, sino a una acción directa en materia de seguridad.

“Estamos trabajando por la seguridad de Guayaquil, estamos trabajando por la seguridad del país”, sostuvo y añadió que la coincidencia de tiempos entre la detención del alcalde y la caída de homicidios es un hecho observable en las cifras oficiales.

“Hoy, coincidentemente, cuando el alcalde está detenido comienza este número a caer, el número de muertes violentas”, dijo.

Alvarez fue detenido la madrugada del 10 de febrero de 2026 en un operativo conjunto de la Fiscalía y la Policía Nacional por el denominado caso Goleada. En el procedimiento también fueron capturados sus hermanos Antonio y Xavier y otras personas vinculadas a la investigación. El alcalde es procesado por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria.

El 11 de febrero se realizó la audiencia de formulación de cargos, en la que un juez le dictó prisión preventiva y dispuso su traslado a un centro de privación de libertad en Latacunga. La audiencia de apelación a esa medida está fijada para este 2 de marzo.

Alvarez además está vinculado en otra causa conocida como Triple A, que se encuentra en etapa de juicio. En esta se investiga una presunta red de comercialización ilegal y desvío de combustibles subsidiados. Tras múltiples diferimientos, la audiencia de juicio fue fijada para el 7 y 8 de marzo.

Expertos dan crédito a la ofensiva operativa y al efecto disuasivo del Estado

Más allá del escenario judicial de Alvarez, las cifras sobre la caída de muertes violentas han abierto un análisis sobre los factores operativos que están incidiendo en esta tendencia.

Para el coronel (sp) Alberto Molina, exgobernador del Guayas, la disminución de homicidios en Guayaquil y en la Zona 8 responde principalmente a la acción sostenida de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, más que a un hecho puntual.

“Es un trabajo permanente y constante”, sostuvo y calificó como “una coincidencia” la reducción de las cifras tras la detención del alcalde.

Molina señaló que en los últimos meses se ha intensificado la intervención en sectores considerados críticos, especialmente en Guayaquil y Durán, donde el sicariato y las muertes violentas han golpeado con mayor fuerza. Según explicó, el trabajo de inteligencia y las operaciones focalizadas han permitido afectar estructuras delictivas.

“Yo destaco el trabajo de Fuerzas Armadas, que ha venido perfeccionándose en las labores de inteligencia y golpeando a estructuras delincuenciales que han dado buenos resultados”, afirmó.

El exgobernador también destacó el control sobre los centros penitenciarios como un factor relevante. Recordó que en el pasado las organizaciones criminales mantenían capacidad de comunicación desde el interior de las cárceles, lo que les permitía dirigir acciones violentas en territorio y que esto ya no ocurre con la cárcel de El Encuentro.

“Se ve que ya van golpeando con más eficacia a esas bandas criminales”, dijo, al subrayar que los resultados operativos incluyen capturas, decomisos y presencia constante en zonas priorizadas.

Por su parte, el coronel (sp) Patricio Haro, experto en seguridad, enmarcó la reducción dentro de la fase actual de la política de seguridad del Gobierno.

“El presidente de la República y el ministro del Interior han determinado claramente que existe una reducción en las muertes violentas en la Zona 8 y en la ciudad de Guayaquil. Esto obedece a varias circunstancias y una de ellas fundamentalmente es la presencia de las Fuerzas Armadas en territorio”, explicó.

Haro sostuvo que la actual etapa corresponde a una fase ofensiva en la que, por doctrina, se concentra la capacidad operativa para alcanzar objetivos específicos. “En la última fase de ofensiva se ha conseguido esta reducción”, afirmó.

No obstante, precisó que la detención de una autoridad no implica necesariamente una relación automática con la disminución inmediata de la violencia.

“No necesariamente puede implicar la detención de la primera autoridad de la ciudad”, indicó, al señalar que los procesos judiciales que enfrenta el alcalde están relacionados con delitos distintos a los homicidios.

Sin embargo, Haro sí destacó el mensaje institucional que puede derivarse de una acción de esa magnitud. “La lectura es absolutamente clara: la ley es para todos”, expresó.

A su criterio, cuando el Estado actúa frente a cualquier persona investigada por delitos, el mensaje alcanza tanto al crimen organizado como a quienes cometen ilícitos desde posiciones de poder.

“Los delincuentes de cuello blanco también deben estar atentos y deben esperar que la acción y el peso de la ley caiga en cualquier momento sobre ellos”, sostuvo.

El experto añadió que la presencia militar en territorio cumple un rol disuasivo y que el control efectivo de zonas estratégicas limita la capacidad operativa de las organizaciones criminales. Sin embargo, advirtió que la sostenibilidad de la reducción deberá evaluarse en el tiempo.

“No es una acción que por la presencia inmediata de Fuerzas Armadas implique que la violencia ha desaparecido. Tenemos que esperar”, dijo, al explicar que el repliegue progresivo y el mantenimiento del control territorial serán determinantes para consolidar la tendencia. (I)