La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional recibió aportes para la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía de iniciativa presidencial.
La noche de este 22 de febrero de 2026, la Mesa legislativa recibió a cinco actores vinculados a la actividad minera que respaldaron el proyecto de ley de carácter económico urgente enviado por el presidente de la República, Daniel Noboa.
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La sesión se realizó dos días después de que se trató el informe para primer debate en el plenario de la Asamblea, que se realizó el viernes anterior en Samborondón en Guayas.
La Comisión recibió a un delegado del Ministerio de Defensa, Francisco Chamorro, quien transmitió el respaldo al cuerpo legal en nombre del ministro Gian Carlo Loffredo.
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Su presencia debió a que en el texto hay un artículo titulado “áreas mineras con protección de seguridad estratégica”, que permitirá que se declare una área protegida mediante un acto administrativo motivado de la autoridad competente.
El efecto que busca es que los espacios territoriales en donde se desarrollen actividades mineras autorizadas y que, por su ubicación, importancia económica, carácter estratégico, infraestructura asociada o riesgos, requieran de la protección de las Fuerzas Armadas.
Ellos darían apoyo hasta neutralizar la amenaza y reestablecer las condiciones de normalidad para proteger la integridad del personal, instalaciones, infraestructura minera y activos estratégicos asociados a la actividad minera.
Prevenir y neutralizar actividades ilícitas, como la minería ilegal, sabotaje, ocupaciones ilegales y otras amenazas a la seguridad del Estado.
Según el delegado ministerial este proyecto fortalece la capacidad del Estado en la protección de los sectores estratégicos y hará que, por ejemplo, no se requiera de la declaratoria de un estado de excepción para que los militares puedan movilizarse a las zonas.
“Esta ley nos permitirá actuar de manera excepcional cuando la amenaza sea evidente”, comentó el funcionario.
Se permitió también la comparecencia de abogados especialistas y patrocinadores de industrias mineras y energéticas como Carlos Torres de la firma CorralRosales y de Alejandro Pérez.
Otra participante fue Andreina Zarabia, gerente general de Condormining Corporation del Proyecto Cóndor, para contar la experiencia de la empresa en esta actividad.
La minera lleva a cabo los trámites para obtener la licencia ambiental para explorar en doce concesiones, pero de forma paralela trabaja en contrarrestar la minería ilegal que se introdujo en sus campos.
Con diálogo, según Zarabia, han logrado formalizar a más de 1.000 mineros y, una vez que obtengan la licencia ambiental y puedan iniciar sus actividades podrían generar $ 700 millones de ingresos como regalías para el Estado.
Ricardo Freire, director de la Corporación de Competencia Económica, Regulación y Consumo (CERC), propuso que en la iniciativa de ley se perfeccione la implementación de los clústeres mineros.
Esto último se entiende como un “conjunto de actividades mineras, logísticas, industriales y de servicios conexos, articuladas territorialmente con criterios de eficiencia productiva, sostenibilidad ambiental y desarrollo local”.
Sugirió también que se considere incluir un artículo —como mecanismo de transparencia— para que los solicitantes de derechos mineros informen quiénes son los beneficiarios reales y así prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, en concordancia con los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Al cierre de la sesión, la asambleísta de la bancada correísta Revolución Ciudadana (RC), Verónica Íñiguez, increpó que se haya invitado a sectores con intereses corporativos relacionados con inversores mineros.
La legisladora presentó un video con la exposición de una activista ambiental que rechazó la propuesta de cambiar la obligación de obtener la licencia ambiental para acceder a una concesión por una autorización administrativa.
Luego de las comparecencias, asambleístas de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) plantearon la inclusión de otros artículos.
El caso de Evelyn Pico que propuso incluir un texto para permitir la minería artesanal con un permiso de operación por hasta diez años.
Para este lunes, a las 20:55, está previsto que se reinstale la Comisión en una sesión virtual para votar el informe para segundo y definitivo debate en el pleno de la Legislatura. (I)