“La administración de Granasa sigue en manos de los administradores de siempre”, manifestó el procurador judicial de la compañía Gráficos Nacionales (Granasa S. A.), Eduardo Carmigniani, en una declaración de prensa este viernes.
La mañana de este 20 de febrero de 2026, Carmigniani -en representación de la compañía editora de los diarios impresos Expreso y Extra- explicó las condiciones y el estado actual de la empresa luego que la Superintendencia de Compañías designó una interventora para que “vigile la marcha económica y financiera para propiciar la corrección de irregularidades advertidas”, de acuerdo con una resolución oficial emitida el 18 de febrero último.
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El documento, suscrito por la Superintendencia, detalla que el objeto de esta intervención es “evitar perjuicios a sus socios y/o terceros”, porque la entidad estaría incursa en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 354 de la Ley de Compañías.
La interventora asignada a Granasa es Elizabeth Jiménez Franco, quien deberá presentar informes mensuales a la institución de control respecto de las “actividades que realicen los administradores para superar las causales que originaron la intervención”.
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Según Carmigniani, la empresa le adecuó una oficina para la funcionaria y aclaró que su labor no tendrá “incidencia en la línea de negocios”, por lo que no habrá “ninguna modificación en la independencia de la línea editorial. Eso es impensable”, precisó el jurista.
“La línea editorial se mantendrá inalterable. No hay poder en el mundo que pueda o vaya a doblegar la independencia de estos medios y quien haya creído que por la vía de una improcedente e ilegal y prefabricada intervención de la Superintendencia iba a conseguir ese objetivo, se equivoca”, recalcó.
Explicó que la administración de Granasa “está en manos de los administradores de siempre.
Consultado por reporteros sobre este suceso, el procurador judicial relató que la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar), adscrita a la Presidencia de la República, reclama como causal la violación al derecho de información sobre los movimientos empresariales de Granasa.
Esto debido a que desde el 23 de enero pasado, Inmobiliar tiene el 2,56 % de las acciones de la empresa y sobre esa base habría pedido información relacionada con la “lista de clientes suscriptores de los medios de comunicación, la lista de proveedores, el detalle de qué es lo que hacen los abogados, el detalle de los contratos con agencias de publicidad, que es considerada información sensible”.
En ese sentido, la secretaría gubernamental demandó la vulneración a su derecho a la información, aunque según el abogado de Granasa, “el administrador de la compañía puede negarse a entregarla” cuando considere que puede usarse para otros fines.
Añadió que con la presencia de la interventora se necesitará el “visto bueno” para ejecutar determinadas actividades, como girar cheques, por ejemplo.
“Queremos confiar en que este paso no va a conllevar que la interventora entorpezca el normal desenvolvimiento de la compañía. La interventora es una persona seria y confiamos en que esto no a va a implicar un hostigamiento”, afirmó Carmigniani. (I)