Mayoría del Consejo de Participación Ciudadana admitió a 61 candidatos que aspiran integrar comisión que designará al defensor público

Con el voto de cuatro consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se resolvió admitir a 61 postulantes que participarán en el concurso público para conformar la comisión ciudadana de selección, que se encargará de designar a la primera autoridad de la Defensoría Pública. En una sesión extraordinaria realizada este 23 de octubre, se conoció un informe de admisibilidad elaborado por una comisión técnica, que revisó el cumplimiento de requisitos y no estar incursos en prohibiciones de 82 personas que se inscribieron para participar.De este total, 61 participantes superaron la fase de admisibilidad y los 21 restantes incurrían en incumplimientos como no acreditar trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en lucha contra la corrupción, o reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico y de defensa del interés general.Otros no tenían título de tercer nivel, o no presentaron el formulario de inscripción dispuesto por el Consejo, o no presentaron la declaración juramentada.Dicho informe se aprobó con el voto de los consejeros David Rosero (quien mocionó su aprobación), Sofía Almeida, Javier Dávalos e Ibeth Estupiñán. Los vocales, Francisco Bravo y Hernán Ulloa votaron en contra.Los últimos dos consejeros cuestionaron falta de transparencia en la elaboración de este informe, pues desconocen la documentación de los postulantes y qué fue lo que verificó el equipo técnico, que también fue constituido por los cuatro consejeros que hacen la mayoría.Ulloa mocionó que les permitan acceder a la documentación de los candidatos, pues no tienen delegados en dicho equipo técnico lo que les impedía aprobar el informe. “Se necesita la construcción de todos en la elaboración de estos informes, seamos inclusivos”, pidió a los consejeros de mayoría.Sin embargo, su moción no tuvo apoyo, pues Rosero mocionó primero que se acoja y apruebe dicho informe.Los cuatro consejeros defendieron lo actuado asegurando que el reglamento -que ellos mismo aprobaron- establece que el equipo técnico estará integrado por ocho personas designadas por el pleno. Y ya no por delegados o asesores de los siete consejeros.Finalmente se aprobó la admisibilidad de las 61 personas, quienes pasan a la etapa de calificación de méritos, que estará a cargo de dicho equipo técnico.Luego, los candidatos enfrentarán la etapa de impugnación ciudadana. De los 30 mejor puntuados, se escogerá por sorteo público a diez personas (cinco principales y cinco suplentes) que integrarán la comisión ciudadana, en representación de la ciudadanía.En tanto, el Consejo debe revisar las carpetas de los delegados que remitan las cinco funciones del Estado para ser parte de la comisión.Justamente, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) sesionó la tarde de este sábado para designar a los delegados de la Función Electoral (la integran el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral).Con el voto favorable de los consejeros José Cabrera, Enrique Pita, Diana Atamaint y Esthela Acero se designó a Xavier Vera Barros y a Katherine Quezada López (propuesta por el Tribunal Contencioso Electoral) para participar en el proceso.Por la Función de Transparencia (que agrupa a nueve entidades del Estado) se escogió al hermano del político Fernando Balda, Manuel Balda, quien actualmente es servidor del Consejo de Participación Ciudadana, como subcoordinador nacional de Gestión Administrativa.La otra candidata es Ana Hernández, quien labora como directora nacional de Atención y Educación al ciudadano en la Superintendencia de Bancos.Se conoció que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) remitió como sus candidatos a Paúl Astudillo Valdivieso y Jessica Burbano Piedra.Astudillo es asistente de Fiscalía con nombramiento provisional de secretario de Fiscalía, en la provincia del Azuay, en donde ha desempeñado varios cargos.Burbano ha laborado como ayudante judicial en el Consejo de la Judicatura, en la Corte Provincial de Pichincha y la Corte Nacional de Justicia.Aún resta por conocer los delegados de la Función Ejecutiva y de la Asamblea Nacional.A los delegados de las cinco funciones del Estado se les revisará el cumplimiento de requisitos y de no estar incursos en prohibiciones y podrán ser impugnados por la ciudadanía.Luego se integrará la comisión, con los cinco representantes de la ciudadanía y los delegados de las funciones del Estado. (I)

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