En el periodo del actual contralor general del Estado, Mauricio Torres, que se inició en noviembre del 2023, se han realizado 108 exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales juramentadas de servidores judiciales, jueces y fiscales; mientras que otras 52 están en ejecución.
Según cifras de la Contraloría entregadas a EL UNIVERSO, de esos 108 exámenes, 106 corresponden a jueces y servidores judiciales y 2 a fiscales.
De ese mismo total, 59 exámenes, o sea el 54 %, más de la mitad, presentaron indicios de responsabilidad penal (IRP), es decir, se hallaron irregularidades en los montos de activos y pasivos.
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Estos informes con IRP ya fueron enviados a la Fiscalía para que realice las respectivas investigaciones.
Fuentes de la Contraloría comentaron que a los auditores les había sorprendido la cantidad de informes con IRP, algo que no se había visto antes.
En tanto que de los 52 exámenes en ejecución, 19 corresponden a fiscales y 33 a jueces y otros servidores.
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La Constitución obliga a los servidores públicos y a las autoridades de elección popular a presentar esta información al inicio, a la mitad y al final de su gestión, y cada vez que lo requiera la Contraloría.
En estos días, el gobierno de Daniel Noboa ha iniciado una “cruzada” en contra de los jueces y fiscales que han permitido que delincuentes aprehendidos por cometer delitos graves salgan en libertad acogiéndose a medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
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En un comunicado emitido el pasado 13 de junio por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia se anunció que el Ministerio del Interior y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) ejecutarán un análisis patrimonial y licitud de origen de fondos de aquellos jueces, fiscales y su entorno que otorguen medidas procesales sustitutivas o la libertad contra asesinos, secuestradores, extorsionadores, narcotraficantes, criminales y sus acólitos.
A esto se suma la advertencia del ministro del Interior, John Reimberg, de exponer públicamente las identidades de los servidores judiciales que incurran en estas acciones.
Dicho seguimiento a los funcionarios judiciales llegó incluso a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que desde el lunes pasado recibe a autoridades para escuchar sus quejas.
En la primera jornada de comparecencias recibió al ministro del Interior, John Reimberg, y al comandante general de la Policía, Pablo Dávila.
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Reimberg reiteró la intención del régimen de investigar los patrimonios de jueces y fiscales con la UAFE.
Para esta semana está previsto que la Comisión, presidida por el oficialista Ferdinan Alvarez, reciba al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Patricio Vela.
También han invitado a los representantes del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), la UAFE y la Contraloría.
La Comisión espera tener un informe del tema hasta el próximo 27 de junio. (I)
