La Fiscalía General del Estado tiene un registro de 735 casos de investigación que se abrieron por el presunto cometimiento de 29 delitos, que habrían ocurrido durante el paro nacional de octubre del 2019 que protagonizó el movimiento indígena.

En ese entonces, bajo la Administración del expresidente Lenín Moreno, se emitió el decreto 883 que eliminó los subsidios a los combustibles, lo que desató una jornada de violentas protestas que se concentraron en Quito, las cuales se expandieron en el país, paralizándolo por once días.

La medida de hecho, que fue encabezada por los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas (expresidente) y Leonidas Iza (actual presidente), terminó una vez que Moreno retrocedió en su decisión y derogó dicho decreto. Para pacificar las acciones, se instaló el 13 de octubre del 2019 una mesa de diálogo que tuvo como mediadores a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los representantes de la Iglesia católica y titulares de varias entidades del Estado.

A un año de las protestas de octubre del 2019 no hay sanciones por los muertos

De acuerdo con la información oficial, de estos 735 casos, 129 están en etapa procesal penal; es decir, 12 en instrucción fiscal, 57 en audiencias preparatorias de juicio, 60 en juicio.

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Mientras que, de las restantes 605 noticias de delitos, 265 están en investigación previa, de 201 se aceptó su archivo, en 125 se ha solicitado su archivo, entre otros casos.

Según Fiscalía, entre los delitos con mayor número de expedientes están el daño a bien ajeno, con 240; ataque o resistencia, 109; 202 por paralización de servicios públicos; sabotaje, 40; 30 por secuestro; y 14 por terrorismo.

Siendo Pichincha la primera provincia con 190 casos. Le siguen Cotopaxi con 68, Chimborazo con 64, Azuay con 63, Guayas con 39, Orellana con 38 y Sucumbíos con 36.

En medio de estos procesos, las figuras visibles son Jaime Vargas y Leonidas Iza, quienes lideraban las movilizaciones y que enfrentan procesos judiciales por secuestro, organización terrorista, sabotaje, paralización de servicios públicos y rebelión.

QUITO. El edificio de la Contraloría General fue atacado durante las jornadas de protestas que se dieron en octubre del 2019.

Su abogado defensor, Carlos Poveda, explicó que cada uno tiene estos procesos abiertos y que no han pasado de la etapa de investigación previa. “Ninguno ha pasado a formulación de cargos”, precisó.

Avances ha tenido la indagación por presunto secuestro a miembros de la Policía Nacional, que se dio en el Ágora de la Casa de la Cultura, en donde se congregaron los manifestantes.

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En ese caso, según Poveda, se están recabando versiones y se están desmaterializando videos, pero las diligencias se “complicaron” porque no se ha podido asignar un traductor para Vargas, oriundo de la comunidad Achuar Kapahuari de Pastaza.

Conaie pide a la Asamblea Nacional amnistía para 260 dirigentes defensores de la naturaleza y procesados por las protestas de octubre del 2019

Preparan su estrategia de defensa, pues quieren conocer cuáles serán los elementos de convicción de la Fiscalía con los que fundamentarán sus acusaciones, “que, hasta el momento, no hay”, afirmó.

Respecto del incendio al edificio de la Contraloría General del Estado, este caso pasó a etapa de juicio, en la que hay 28 procesados.

La instalación de la audiencia preparatoria de juicio estaba prevista para entre el 6 y el 10 de septiembre, pero se suspendió también por la cuestión de los traductores, contó Poveda. Están a la espera de que el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha convoque a la reinstalación.

Dictan dos años de prisión para Carmen Tiupul, dirigente indígena de Chimborazo, procesada por el delito de paralización de servicios públicos durante protestas de octubre del 2019

Una primera sentencia que se ha dictado en contra de un líder indígena es de dos años de privación de libertad a Carmen Tiupul, vicepresidenta de la Confederación del Movimiento Indígena del Chimborazo (Comich).

Ella fue condenada el 2 de octubre pasado por un Tribunal de Garantías Penales de Chimborazo por la sospecha del delito de paralización de servicios públicos, por la toma de las instalaciones de la gobernación de esa provincia. Poveda indicó que apelarán el fallo.

Él cuestionó que la Fiscalía ha dejado en “abandono” la denuncia que presentaron en octubre del 2020 en contra de Lenín Moreno, por la sospecha de que incurrió en el delito de lesa humanidad, por el que hasta el momento no han sido llamados a reconocer firma y rúbrica.

Una denuncia en esa misma línea la presentó el exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, amparándose en el informe de los hechos de octubre del 2019 que elaboró una Comisión de la Verdad que promovió la Defensoría del Pueblo.

Con la Asamblea Nacional presidida por Guadalupe Llori, integrante del movimiento Pachakutik, brazo político de la Conaie, el movimiento presentó un listado de 260 pedidos de amnistías para que sean tramitados a favor de líderes indígenas considerados perseguidos políticos, entre ellos, Vargas e Iza.

Otros dos colectivos ciudadanos, el Comité de Familiares de las Víctimas de Octubre y el Comité de Vigilancia de Sucumbíos, solicitaron las amnistías para dirigentes del movimiento de la Revolución Ciudadana: Paola Pabón, Virgilio Hernández, Christian González, el exlegislador Yofre Poma y otras seis personas, por su presunta participación en los hechos de octubre del 2019.

Asamblea Nacional inicia trámite de amnistía a favor de Paola Pabón y otros por los hechos de octubre del 2019

De ellos, solo Poma fue sentenciado a un año y cuatro meses de prisión por paralización de un servicio público: el ocurrido en uno de los pozos petroleros en Sucumbíos.

En febrero del 2020, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia aceptó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Poma, y si bien ratificaron la sentencia, accedieron a que cumpla la pena en libertad.

Actualmente, Paola Pabón continúa en su ejercicio como prefecta de Pichincha, pero porta un grillete electrónico; al igual que Virgilio Hernández, quien fue elegido parlamentario andino; y González, que se mantiene como dirigente de la agrupación política. Los tres fueron llamados a juicio por el delito de rebelión, aunque no se ha definido fecha para la realización de la audiencia.

En este escenario judicial, la Conaie no descarta volver a convocar a una movilización nacional, pero esta vez en contra del Gobierno de Guillermo Lasso, por no acoger su propuesta de congelar los precios de los combustibles.

Según Leonidas Iza, este pedido es la “punta de lanza” para entablar el diálogo con el régimen, y al no tener una respuesta afirmativa, después del diálogo que mantuvo la Conaie con Lasso el pasado 4 de octubre, no descartan una “reacción social” o plantear acciones legales. (I)

Conaie realiza jornadas culturales para conmemorar dos años de las protestas de octubre del 2019

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) organizó una serie de eventos para conmemorar las protestas de octubre del 2019.

Por ejemplo, este martes en la Casa de la Cultura en Quito se realizará un homenaje a Inocencio Tucumbi, uno de los miembros del movimiento indígena que falleció durante el paro nacional. Ese mismo día, se transmitirán videos sobre el ‘Uso desproporcionado de la fuerza pública’ y las ‘Evidencias del uso excesivo de la fuerza pública contra los manifestantes’. Luego habrá un foro, dirigido por Leonidas Iza, presidente de la Conaie.

Así también, el próximo 20 de octubre, Iza presentará su libro Estallido, la rebelión de octubre en el Ecuador, que se realizará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 18:30. (I)