María Josefa Coronel: No hay pantalones, y uso una expresión machista para que les quede más claro, para detener la violencia de género

María Josefa Coronel, directora del Consejo de la Judicatura en Guayas, hace una evaluación de sus tres meses de trabajo, en los que dice que ha hecho especial énfasis en la atención a los casos de violencia contra la mujer. ¿En qué áreas se ha enfocado en su gestión en la Judicatura? Son tres: protección a la mujer en amenazas de violencia, tanto de los usuarios que se acercan a las unidades especializadas de violencia contra la mujer como de las servidoras judiciales, porque algunas son víctimas de abogados y de sus compañeros; tratar de darles dignidad a las personas que trabajan aquí, desempolvándolas de los rincones en los que las hemos encontrado, porque tienen temor de dar su opinión, de pedir cambios y de que las saquen, la inclusión de las personas que trabajan aquí en la toma de decisiones ha sido un punto importante; y los temas administrativos , como arreglo de las instalaciones, por ejemplo, tenemos un problema serio con algunos locales en los que anteriores administraciones no han pagado arriendos o estos son muy altos, pagos de planillas, y la triste realidad, la más dolorosa de todas, es comprobar día a día que los edificios de La Florida son una vergüenza para el país, no sé cómo pudieron construirlos así, es una de las obras hechas con la peor mala voluntad y no me corresponde a mí decir si hasta incurrieron en algún delito. ¿Cómo se avanza en los planes para erradicar la violencia contra la mujer? La estructura de las unidades de violencia contra la mujer que encontramos era buena, funciona bien. Lo que hemos hecho es fortalecerla, con una atención más próxima a la víctima y más eficiente. ¿Cómo? En principio, estando más cerca de ellas físicamente cuando entran, vamos a amoblar internamente para que esa primera acogida sea posible; en segundo lugar, si antes había pocos fiscales especializados en violencia contra la mujer, hoy no solo los estamos multiplicando a través de capacitaciones, sino que estamos provocando, con la ayuda de la fiscal general, que esas personas no se roten, no se turnen, que permanezcan con su especialidad atendiendo. Son pequeños ajustes. ¿Cuántas unidades hay en Guayas? Cuatro: dos en Guayaquil, una en Milagro y otra en Durán. En cada unidad está una persona que acoge, un fiscal que toma la denuncia y, en el caso de que sea un caso flagrante, este tiene un equipo conformado por una trabajadora social, un psicólogo y un médico; se articula un proceso de investigación que se lleva donde un juez, que también está en la misma unidad. ¿Son suficientes estas unidades? ¿Cree que hay más casos de violencia de género, femicidios? No habrá justicia en el mundo que logre detener esto si los agresores no son castigados severa y públicamente, si no son educados en un respeto absoluto a la mujer. Sigue vigente el machismo vulgar y ordinario, tapado, solapado y aplaudido por autoridades. Si un líder, y no me refiero a los políticos solamente, no tiene la fuerza y el vigor de detener y castigar en la vida diaria la violencia contra la mujer, no parará nunca. No hay los “pantalones” suficientes, y uso una expresión machista para ver si así les queda claro, de una política pública para detenerla. ¿Y qué debe incluir una política pública que dé resultados? Ejemplo, advertencia y coerción. Actuar con sensibilidad frente al drama y el dolor de la violencia, entenderlos, dejar de tener una narrativa desde la historia propia: “Ah no, es que para mí es normal, porque mi papá le dio dos o tres bofetadas a mi mamá, pero nunca faltó la comida en la casa”, entonces, es un hombre bueno, y así justifican el golpe y la violencia… ¿Cuántas denuncias contra malos servidores judiciales se han recibido en Guayas? En el 2021, hemos recibido 272, y el motivo más frecuente es por retardo injustificado en el despacho de las causas. Es una infracción en el Código Orgánico de la Función Judicial. El otro es la violación a los derechos y garantías constitucionales; y respecto a estas últimas solo un juez puede declarar los errores de otro juez. Yo quiero contarle al público pronto cuáles son los jueces que no hacen su trabajo. No lo hacemos ahora porque creo que algunos no tienen su equipo completo: les falta una secretaria, un ayudante, y eso los complica. Aquí sabemos quiénes brillan por su talento y honestidad, y estamos identificando a los servidores a los que no les alcanza la luz en su trabajo, y buscando la fórmula para retirarlos. ¿Cuántos han sido destituidos efectivamente? Se han sancionado 100 jueces: 86 por escrito o sanciones pecuniarias, y 10 suspendidos hasta que no se resuelva una investigación más grave, y 4 destituidos. ¿Las destituciones tienen que ver con casos de corrupción? En unos casos, corrupción; en otros, ignorancia; y en otros, una mezcla de ambas. En medio de la crisis carcelaria, se ha denunciado la vinculación de jueces y fiscales con crimen organizado y narcotráfico, ¿ustedes tienen investigaciones de esos temas? Yo no conozco a ningún servidor judicial del que tenga sospecha que esté vinculado al narcotráfico; pero como la corrupción no discrimina, entonces, yo no sé si el que está pagando para que se haga o no se haga algo es narco o no, eso no le importa al corrupto. El narcotráfico es un tema no solo local, sino regional: el continente sufre el latigazo, la muerte, la deshonra que deja este negocio que actúa como una multinacional perversa. Como toda multinacional, necesita jerarquías para trabajar cómodamente, con políticos, policías, militares, jueces, doctores, comercios... Y aquí no existe un sistema penitenciario, lo que hay es una secretaría que no se cuánta gente tiene, pero lo que sí sé es que no hay una oficina en Guayaquil, donde está la cárcel más grande y conflictiva del país. Hay una burocracia pesada, espantosa; no acepta la firma digital de un juez cuando a través de ella se emite la boleta de excarcelación, quieren que el familiar vaya con el papel firmado, no sé para qué, si tienen el documento en la computadora. Y además hay una infraestructura carcelaria de película de buenos y malos de los años setenta. Aplaudimos el anuncio del Gobierno del censo de las personas privadas de libertad, que es la primera vez que se hace; esperemos que le vaya bien. Volviendo al tema de la infraestructura de la Florida, ¿usted ha propuesto al pleno de la Judicatura alguna solución? No creo que exista voluntad política financiera, no del pleno del CJ, sino de los Gobiernos de turno. Esta obra se hizo en el gobierno de Correa, en el primer Consejo Transitorio. En el de Lenín Moreno y el actual de Guillermo Lasso quiero pensar que han atravesado problemas financieros por la pandemia y los bajos precios del petróleo. Sí, sí he contado este problema al pleno, hemos hecho un estimativo de valores para que podamos irlo arreglando poco a poco. Si no se puede tener todo el dinero en un solo año, también hemos hecho una planificación para varios. ¿Cuánto se necesita? Son cerca de ocho millones de dólares. Le pongo algunos ejemplos de la pésima obra: la tubería brota, sale de la tierra, como si estuviera viva; y tenemos unas escaleras que no sirven para nada. Hay también un estudio técnico, que no lo hice yo, que dice que los edificios de La Florida se hunden. ¿Por qué? Porque se previó que el archivo de los expedientes estuviera en el último piso de cada torre en una estructura muy bonita, donde usted tenía los “archivos vivos”, los expedientes de los casos que aún no se sentencian, para que uno vaya a unas mesitas tipo cafetería, se sienta, los revisa… Pero no resiste el peso y se ha ido hundiendo. Entonces, todos esos archivos están ahora en la planta baja quitándole espacio a los usuarios. Los Consejos de la Judicatura siguientes han tratado de arreglar las cosas. (I)

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