Maestros están satisfechos con ‘conquistas’ salariales, pero Gobierno advierte que incrementos no están financiados

Si bien afirma haber alcanzado varias “conquistas” en relación a sus remuneraciones, la dirigencia de la Unión Nacional de Educadores (UNE) insiste en que “la lucha continúa” respecto a lograr una jubilación especial para los docentes del país.

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Este 13 de marzo, la Asamblea Nacional aprobó con 113 votos en segundo y definitivo debate ajustes a algunos artículos de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) que fueron observados y suspendidos por la Corte Constitucional (CC) atendiendo a varias demandas de inconstitucionalidad.

En la norma original, que se aprobó en el anterior periodo legislativo, constaban cambios en el escalafón salarial para generar aumentos de sueldos, y un esquema de jubilación anticipada con 25 años de aportaciones y no 30 como es el general.

Lo primero se mantiene, con ciertos cambios en la escala y precisiones en las fuentes de financiamiento de estos incrementos, pero lo segundo fue descartado porque el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) alegó que no podría soportar el impacto.

Jorge Escala, exlegislador y dirigente de la UNE, destaca varios logros en la ley, como la recuperación de tres niveles en el escalafón (eran siete y subieron a diez), la equiparación salarial con respecto a las escalas de los empleados regidos por la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), la recategorización de servidores que no poseen títulos de tercer nivel; y la definición de fuentes de financiamiento para los ajustes salariales.

En este último tema, se estableció que el dinero provendrá de los ingresos extras que tenga el fisco por los altos precios del petróleo, que por estos días han rebasado los $ 100 a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania; el aumento de las recaudaciones tributarias y del presupuesto para la educación que dispone la Constitución.

La tabla establece salarios que van desde $ 817,00 en el nivel J hasta $ 2.034,00 en el nivel A.

Respecto a la jubilación especial, Escala señala que seguirán insistiendo en impulsarla, para lo cual cree que es necesario que el sector de los docentes capte más espacios en la Asamblea. Cuestiona el informe que presentó el IESS, pues, a su criterio, se basó en estudios actuariales incompletos.

Una vez aprobados los ajustes a la norma en el Legislativo, según la sentencia de la CC, el documento pasará al Ejecutivo para que emita observaciones, pero no a manera de veto porque no se trata de una nueva ley. La Corte es la que finalmente resolverá sobre el texto definitivo y levantará la suspensión de los artículos que puedan ya entrar en vigor.

En un conversatorio con medios, el vocero gubernamental Carlos Jijón señaló este 14 de marzo que al momento el Ejecutivo está analizando lo aprobado por la Asamblea en las últimas semanas, en particular la LOEI y el incremento que representa como gasto no financiado por un monto de $ 4.000 millones y que ocasionaría un déficit fiscal. Adelantó que la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, se pronunciaría sobre el tema en el transcurso del día.

En un estudio del Ministerio de Economía y Finanzas que se envió a la Comisión de Educación de la Asamblea, que trataba la norma, se indicó que el impacto presupuestario anual en lo que correspondía al nuevo escalafón sería de $ 2.175 millones.

En el informe de la citada mesa que se sometió a votación de los legisladores se señala que con los cambios en la tabla el impacto sería de $ 1.915 millones.

Escala señaló, asimismo, que este 17 de marzo los maestros harán plantones afuera de las gobernaciones del país para pedirle al régimen de Guillermo Lasso que no ponga trabas en lo aprobado; luego harán lo propio en la Corte Constitucional. (I)