Llamado del presidente Guillermo Lasso a la unidad nacional para lograr la paz social genera diferentes reacciones

Tras la masacre de la noche del viernes 12 y la madrugada del sábado 13 de noviembre que dejó 62 reos asesinados en la Penitenciaría del Litoral, el presidente Guillermo Lasso hizo un llamado a la unidad nacional para enfrentar la amenaza de la inseguridad y lograr la paz social.Lasso señaló que todos deben poner de lado las diferencias porque la inseguridad amenaza la vida, los bienes y los proyectos de la sociedad en su conjunto y es el momento de “la más firme e inquebrantable unidad nacional”.Las declaraciones las hizo el lunes 15 de noviembre, luego de reunirse con autoridades de todas las funciones del Estado y con las cúpulas de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía que dejó como resultado, dijo, un Acuerdo Nacional por la Crisis Penitenciaria para coordinar acciones conjuntas en materia de seguridad.“Los violentos no podrán con nuestra acción unida, nuestra total determinación para poner fin a sus días de impunidad (...). Un país seguro se construye con la participación de todos. Fortalecer la autoridad del Estado requerirá del trabajo de todas las instituciones, pero también del apoyo de todas las fuerzas políticas comprometidas con la democracia. Es el momento de unirnos. Cuando la ley es sostenida por todos juntos, la ley es aún más fuerte. Cuando todos respaldamos nuestras instituciones, estas son invencibles (...). Unidos sostendremos la fuerza del Estado y el poder de la ley. Y donde reina la ley reinará la paz. Ese es nuestro compromiso. Unidos, prevaleceremos”, expresó el mandatario.En la historia reciente, Ecuador registra dos hechos que han provocado, en mayor o menor medida, manifestaciones de unidad nacional en busca de un objetivo común. Uno de ellos fue en 1995, con la g uerra del Cenepa . Políticos, académicos, estudiantes en todos los niveles y todas la funciones del Estado se unieron bajo el grito de “Ni un paso atrás”, por la defensa del territorio.Otro momento de unidad fue el plan de vacunación contra el COVID-19 , emprendido por el actual Gobierno, en el que, desde la Presidencia, se articularon acciones con varias instituciones de las otras funciones del Estado con el fin de vacunar a nueve millones de ecuatorianos en los primeros cien días de Gobierno, como el Consejo Nacional Electoral (CNE) con la información de los votantes y las FF. AA. con el traslado de las dosis. A la iniciativa se unieron empresarios e instituciones educativas de nivel superior que habilitaron espacios de vacunación y dispusieron recurso humano para que colabore en el proceso.Días atrás de los hechos violentos en la Penitenciaría del Litoral , varias autoridades de Gobierno habían advertido que uno de los principales factores que inciden en la violencia y la inseguridad ciudadana, tanto en las cárceles como en las calles del país, es el narcotráfico. Monseñor Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), manifiesta que como institución, parte de la sociedad civil, se sienten totalmente comprometidos con la paz social y que no les son indiferentes los brotes de violencia que existen en las calles y en las cárceles.Cabrera expresa que una de las causas principales de la violencia es la falta de educación y de empleo, que es necesario trabajar en la prevención, y que, desde la Iglesia, abogan y están prestos para colaborar en un proceso de rehabilitación social integral.La pacificación de los grupos violentos a través de valores de justicia y el perdón es otro objetivo que señala monseñor. “Quisiéramos comprometernos para que esos procesos de pacificación nos ayuden a recuperar la paz para todos (...). Cada una de las entidades del Estado desde las competencias que la constitución y ley les atribuye debería ponerse a trabajar para esa pacificación, creo que no es el momento de descalificaciones o peor todavía de utilizar esta situación para fines políticos”, añade. Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), señala que todo llamado de unidad debe ser visto de manera positiva, más aún si quien convoca a esta unidad es el presidente de la República, pero no puede quedarse en un simple llamado, sino que debe haber claridad en el para qué y en el cómo.“Además, debe haber el compromiso fundamental de las autoridades de efectivamente tener en cuenta los aportes que puedan venir del sector privado, la academia, sociedad civil, gremios, activistas y que no simplemente se los va a utilizar como pantalla para hablar de un proceso de unidad nacional cuando las decisiones se terminarán tomando en un escritorio”, expresó.Para Alarcón Salvador es necesario “aterrizar este llamado un tanto etéreo por parte del presidente y en función de ello, creo que la ciudadanía que está con la democracia, el Estado de derecho, la transparencia y la gobernabilidad no dudará en sumarse”, concluyó.En tanto, Carlos Sucuzhañay, presidente de la Ecuarunari, filial de la Sierra de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) , sostiene que como organización social indígena aclara al país que la protesta y reacción de esta organización no ha sido individualizada sino colectiva, que ha tenido como eje fundamental la defensa de la vida y que no tienen “nada que ver” con los violentos, “jamás, como dirigentes, aceptaremos violencia”.Sucuzhañay considera que un presidente debe administrar el país con todos los sectores, que el diálogo deberá ser ampliado a organizaciones internacionales, que no haya imposiciones cuando existan los diálogos, y que, “como no existen decisiones políticas serias o medios estratégicos para poder cumplir y satisfacer el empleo en el país, hay los conflictos”.“Ahora existe el problema de los centros carcelarios, el presidente convoca a la unidad, nosotros no somos un mundo aparte, aceptamos esa convocatoria, concordamos con su petición, pero, señor presidente (...), si los combustibles son una parte medular que afecta a la economía de la mayoría de ecuatorianos, entonces todos los sectores debemos estar involucrados para buscar la solución”, agregó.Horas después de la reunión con Lasso, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori , emitió un comunicado diciendo que la Asamblea considerará como prioridad tramitar el proyecto de Ley para el uso de la fuerza, evaluará y promoverá la mejora continua del marco legal, y esperan el envío del proyecto de Ley de Defensa Ciudadana que elaborará el Ministerio de Gobierno con la Procuraduría.El actual ministro de Defensa y excombatiente en la guerra del Cenepa, Luis Hernández , asegura que “la Patria está en peligro” y, cuando eso ocurre, todos tienen que unirse, instituciones y población, para derrotar a cualquier enemigo.“Ahora no tenemos un enemigo externo, el enemigo está aquí adentro, va a afectarnos en nuestras calles, en nuestras vidas, y si no nos unimos, no vamos a poder derrotarlo. Solamente con la unidad podemos combatir este mal”, dijo Hernández. (I)

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