Una tercera demanda de inconstitucionalidad se presentó este 1 de julio de 2025 en contra de la Ley de Integridad Pública. La acción la ingresó el abogado Adolfo Fernando Espinel a título personal.
La normativa busca fortalecer el sistema de contratación pública y reforma al menos 20 cuerpos legales, como el Código de la Niñez, el Código Integral Penal, la Ley de Movilidad Humana, el Código de la Función Judicial y más.
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El jurista denunció que la ley, aprobada en la Asamblea Nacional, vulneró el trámite parlamentario, así como el principio de unidad de materia.
Según Espinel, se habrían vulnerado derechos laborales, así como los derechos de la niñez y adolescencia.
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Espinel demandó artículos relacionados con:
- Evaluación a funcionarios públicos
- Reforma a la figura de contratos ocasionales
- Reforma sobre la estabilidad de los servidores públicos
- Endurecimiento de penas a niños y adolescentes infractores
- La deportación de extranjeros que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado interno
- Facultad del presidente de la República para suprimir órganos o entidades públicas de la administración pública central
- Facultad del Consejo de la Judicatura para declarar la emergencia en la Función Judicial
La acción pública de inconstitucionalidad fue presentada junto con una medida cautelar que busca la suspensión provisional de los artículos demandados mientras se analiza el recurso.
El abogado Adolfo Fernando Espinel pidió a los magistrados de la Corte Constitucional que declaren la inconstitucionalidad de la forma como en el fondo de la Ley Orgánica de Integridad Pública.
Esta causa fue sorteada en el despacho de la jueza Claudia Salgado.
Más demandas
Esta es la tercera demanda de inconstitucionalidad que se presenta en contra de la Ley del Gobierno, aprobada con 84 votos, el 24 de junio de 2025.
El 30 de junio, la Unión Nacional de Educadores y los abogados Ricardo David Luna y Stalin Fernando Rivera ingresaron acciones públicas de inconstitucionalidad por posibles vulneraciones a los derechos laborales, a niños y adolescentes, así como afectaciones a las cooperativas de ahorro y crédito. (I)