La vicepresidenta Verónica Abad envió un oficio a la Asamblea Nacional en el que solicita que se fiscalice a la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, y a la canciller Gabriela Sommerfeld, por supuesta ‘persecución política’, y el presidente del Legislativo, Henry Kronfle, indicó que el pedido será puesto en el orden del día de la sesión del pleno del próximo martes 24 de septiembre.
Kronfle explicó que no puede ser tratado antes porque ya no se puede modificar el orden del día para la sesión de este jueves 19.
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“Esto va a ser tratado por el pleno y se tendrá que resolver según los argumentos que se exponen en la carta... se tendrá que hacer una resolución que será pública”, dijo y adelantó que se sentará con todas las bancadas para definir el procedimiento.
El presidente de la Asamblea manifestó estar preocupado por que se intente usar otros mecanismos que no están en la Constitución para tratar de destituir a la vicepresidenta.
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“Estoy preocupado, se va a adoptar una resolución estrictamente en Derecho, aquí no puede haber posiciones políticas, lo que haga el pleno tiene que ser en estricto Derecho... el pleno tiene que actuar en Derecho”, indicó y manifestó que no se puede adelantar a si el pedido de Abad puede derivar en pedidos de juicio político contra las ministras.
En tanto, mediante el oficio DACC-1709-2024, Abad indicó que hace el pedido con base en el art. 66 numeral 23 de la Constitución, que reconoce “el derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas”.
Los antecedentes para solicitar la fiscalización contra las dos ministras del gabinete de Daniel Noboa, según Abad, son desde los decretos ejecutivos que la nombraron, primero, embajadora, para evitar el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina; luego, el que dispuso que permanentemente esté físicamente en la oficina consular en Tel Aviv bajo la idea de precautelar el buen uso del gasto público; y, finalmente, en el que la asignó embajadora en Israel. Estas acciones, dice, constituyen un trato persecutorio y denigrante en su contra desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En el caso de la ministra del Trabajo, su pedido está relacionado por el sumario administrativo que se le inició en esa cartera de Estado, atribuyéndole indebidamente funciones que no le corresponden. Abad sostiene que el procesamiento y una eventual destitución de su cargo solo es competencia de la Asamblea Nacional.
El Ministerio del Trabajo abrió un sumario administrativo a la vicepresidenta de Ecuador el 10 de septiembre de 2024, porque aparentemente habría incumplido la orden emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de llegar a Ankara antes del 1 de septiembre. Verónica Abad llegó el lunes 9.
La petición concreta de Abad es que “con base en los antecedentes expuestos, la normativa legal aplicable y los motivos señalados” se fiscalice y realice control político a ambas ministras y “se determine su responsabilidad política en el ejercicio del cargo, sin perjuicio de otras responsabilidades derivadas de los hechos denunciados”.
En su misiva, Abad autorizó a los abogados Damián Armijos Álvarez, Dominique Dávila Silva y Éric Erazo Arteaga para que de forma individual o conjunta la representen en el proceso.
El pasado 14 de junio, la Asamblea Nacional ya dio un espaldarazo a la vicepresidenta, ya que resolvió negar la autorización para que se inicie el enjuiciamiento penal en su contra por el delito de concusión en el llamado caso Nene. (I)