Cuando un cliente se queja por un corte de luz o alguna otra anomalía en la capital, la llamada la atiende el consorcio CallQuito, que ganó un contrato de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) por un máximo de $ 10,7 millones a fines del año pasado. El gerente general de la EEQ, Eduardo del Pozo, está inconforme con el rendimiento de la contratista, pero en una entrevista con EL UNIVERSO sus representantes aseguraron que sus índices de cumplimiento superan las expectativas.
El consorcio está conformado por la sociedad civil Impulsa SC, creada en 2018, cuyo representante legal es Rubén Álvarez Altamirano, con el 95 %. El 5 % restante es de la firma Lescorr Advisory & Assurance Services S. A., inscrita en julio de 2020 y cuyo gerente, César Corrales Moya, es también el procurador común del consorcio.
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Corrales y Ricardo André, asesor del consorcio, explicaron que el call center tiene tres secciones y trabaja 24/7 todo el año, con 82 operadores. Recibe las llamadas de quejas o por corte de los clientes de la EEQ a través de la línea 136; se comunica con los clientes para dar información o asegurarse del restablecimiento del servicio y también maneja la interacción en las redes sociales de la empresa eléctrica. El otro socio del contrato, Álvarez Altamirano, no aceptó una entrevista.
El consorcio recibió el 35 % de anticipo a la firma del contrato, que dura tres años. No es un monto fijo, pero de acuerdo con la facturación se descontará el pago inicial, indicaron.
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Comenzaron a operar en febrero en la sede de Impulsa, pero aún no reciben la autorización para facturar. “Vea nuestros índices. Hemos bajado bastante el lapso de abandono: en julio tuvimos 30.768 llamadas ingresadas, el nivel de servicio es de 96,44 % y la tasa de abandono es 1,70 %”, recalcó André.
En el cuadro que entregaron señalaron que, en enero de 2023, el ingreso de llamadas fue de 26.394 y las tasas de servicio y abandono fueron de 62,87 % y 15,23 %, respectivamente. No obstante, el gerente de la EEQ asegura que aún les falta experiencia para cumplir con el contrato.
Sin embargo, para Eduardo del Pozo el servicio de la contratista no es óptimo. En una entrevista con este Diario, aseveró: “Les hace falta experiencia en la ejecución del contrato, y eso nos está ocasionando un problema entre el usuario y los tiempos de respuesta de la empresa. Estamos en constante pugna para lograr que cumplan con las obligaciones contractuales”.
Como socio de CallQuito, Lescorr lleva el control financiero, el manejo tributario y da seguimiento al contrato. Esta empresa tiene $ 800 de capital y el año pasado facturó unos $ 65.000; su especialidad es la auditoría y entre sus clientes se encuentra Armiled S. A., que ganó a mediados del año pasado el concurso para dar seguridad a las instalaciones de la EEQ por $ 14,2 millones.
Corrales, socio mayoritario de Lescorr junto con su hermana (que tiene $ 1 de las acciones de la empresa), no quiso referirse en detalle a Impulsa, que por ser una sociedad civil no está obligada a subir su información en el portal de la Superintendencia de Compañías. La experiencia que tienen está en la oferta presentada en el concurso y ellos manejaron el call center de CNT, recalcó Corrales.
Una familia acumuló contratos de la EEQ
Tres contratos adjudicados por la EEQ en 2022 fueron para una familia extendida: los primos Arroyo. No todos tienen relación comercial entre sí, de acuerdo con las respuestas que hicieron llegar por correo electrónico a este Diario.
El contrato más grande es por $ 5,2 millones, firmado el 9 de diciembre del año pasado por el entonces gerente Paulo Peña Toro con el consorcio San Blas 08A 08B. El procurador común del consorcio es la empresa Agcons-Cialtda Arroyo Gallardo Construcciones Cía. Ltda., y en su representación firmó María Alexandra Arroyo Otoya.
Durante casi dos años deberán construir redes de distribución aéreas para mejorar el servicio y atender el incremento de la demanda en el sector de San Blas.
“El contrato tiene un 50 % de componente eléctrico y un 50 % de componente civil”, señaló Alexandra Arroyo al confirmar que la conformación del consorcio es entre dos empresas y dos personas naturales. Por un lado, participa Agcons, la empresa que ella gerencia y de la cual es accionista mayoritaria, e Insucom Ingeniería Suministros Construcción y Mantenimiento Cía. Ltda., y por otro Alfonso Gallo Arroyo y Édison Vallejo Montero.
Indicó que es prima de Alfonso Gallo, “con el cual mantengo una relación laboral y comercial”, dijo.
El ingeniero Gallo confirmó, también vía correo electrónico, que además de participar en el consorcio San Blas participó junto con su hijo Víctor Gallo Mier para ganar el concurso como consorcio Lab Medidores, por $ 1,13 millones. La EEQ espera que esta asociación construya un laboratorio de medidores y el contrato se firmó el 9 de marzo de este año con un plazo de 240 días.
“Se formó el consorcio para cumplir con los requisitos solicitados en los pliegos”, indicó. No quiso referirse al avance de la obra, “ya que solo la contratante está autorizada a dar esos requerimientos”.
Tanto Gallo Arroyo como Arroyo Otoya confirmaron que otro contratista de la EEQ, Rommel Arroyo Romero, es su primo. “Solamente le puedo decir que es mi primo, con el cual tengo una relación familiar y ninguna relación comercial”, señaló Alexandra.
Rommel Arroyo Romero firmó un contrato en agosto del año pasado como persona natural por $ 67.000. Dio el servicio para posicionar la imagen corporativa de la EEQ dentro de la feria Automundo 2022.
La responsabilidad es indivisible y solidaria
Los representantes del consorcio Digitalización Efectiva están claros en una cosa: si algo falla en el contrato de $ 3,5 millones con la EEQ, ambos son responsables, porque eso dispone la ley. Así lo indicaron en una entrevista en la sede del consorcio en Quito.
Para el contrato, en el que deben clasificar y digitalizar el fondo documental de la EEQ, se asociaron dos empresas guayaquileñas: Yaneril S. A., creada en 2012, y Conexión Total S. A. Cotot (2006), con porcentajes 80-20 %, respectivamente.
El programa informático Documents, hecho en Ecuador, le da a Yaneril una ventaja sobre sus competidores, pues escanea documentos con reconocimiento inteligente. Luego de la clasificación y escaneo que los convierte en archivos digitales, el papel se embala en cajas digitalmente rastreables para ser devuelto a la EEQ y los archivos electrónicos se quedan en línea para ser consultados en cualquier momento, con las normas de seguridad del caso.
El contrato es por un año, y el gerente de Yaneril y procurador común del consorcio, Christian Solís, calculó que se organizarán unos 46 millones de papeles, de los cuales se digitalizarán unos 23 millones, por lo que la nómina actual cuenta con unas 140 personas. Solís es el gerente de la empresa, pero no es accionista.
Estas empresas no son competidoras entre sí, más bien se unieron para sumar fuerzas. En el caso de Cotot, su especialidad son las telecomunicaciones.
La póliza por el buen uso del anticipo —explicó Solís— es una sola y esa la firmamos los dos, por ejemplo, dijo refiriéndose al representante de Cotot, Guillermo Vacas. “Si hay un problema, los dos quedamos como contratistas incumplidos”, aseguró.
Solís tiene más experiencia de trabajar con el sector público y en consorcio, y aseguró que los socios facturan al consorcio y que al final del contrato esta persona jurídica debe liquidarse por completo. (I)