La ministra del Interior, Mónica Palencia, interpuso una denuncia penal en la Fiscalía y señala al secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz

Una nueva denuncia penal alcanza al secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz. Esta vez la acusación surge de la ministra del Interior del gobierno de Daniel Noboa, Mónica Palencia. En un escrito dirigido a la Fiscalía General del Estado, con fecha del 23 de agosto del 2024, la funcionaria alertó que podría concretarse un delito de acción pública; esto es, el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).Palencia no acusa directamente a nadie; y de hecho dice: “No denuncio a persona alguna, por tanto ha de corresponder al peritaje forense determinar la identidad del sujeto”.Sin embargo, en el documento incluye capturas de imágenes y transcripciones de un video divulgado en la cuenta institucional del Parlamento, el pasado jueves 22 de agosto, en el que aparece Muñoz señalando que la entidad no acataría el fallo de un juez de garantías constitucionales que aceptó una acción de protección interpuesta por la legisladora de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), Inés Alarcón, para que se reactiven tres juicios políticos contra exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso que fueron archivados. “Hay un anuncio de deliberado desacato a la orden de un juez en actuación de justicia constitucional, a pesar de que existen vías dentro de la misma justicia constitucional, para realizar y que se conozca por parte de otros juzgadores, de las objeciones y sus fundamentos”, argumenta la ministra. Agrega que “el solo anuncio (del incumplimiento) es un acto humillante en perjuicio del Estado”. “Dado que el supuesto, presunto o probable, secretario general de la Asamblea Nacional considera que la decisión de un juez constitucional, ordenando (que) mantengan el orden que no debió ser alterado, de prelación de juicios políticos, conllevaría intromisión en la labor de fiscalización, me reservo el derecho, para, una vez que se determine la autoría del anuncio de desacato, presentarme como víctima del sistema de decisiones y procedimientos de la Asamblea Nacional, pedir la reparación integral, la indemnización de los daños y perjuicios, así como el daño moral y colaterales a que hubiere lugar, pues el perjuicio de este tipo de anuncios es al sistema democrático; a la seguridad jurídica, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica, entre otros, y cuando como en mi caso, estoy enfrentando procedimientos por fuera de la normativa vigente y arbitrarios, tal anuncio, suma al perjuicio ya ocasionado. En todo caso, el primer y gran perjudicado es el Ecuador en su conjunto”, alega ella, quien enfrenta un juicio político por incumplimiento de funciones presentado por la bancada correísta y que está suspendido hasta que los legisladores regresen de su vacancia, el próximo 2 de septiembre. Palencia dice en su denuncia que se debe determinar si las declaraciones de Muñoz responden a una decisión del pleno de la Asamblea Nacional; si fue orden de algún o algunos superiores jerárquicos o si se arrogó funciones decisionales sobre el cumplimiento de una decisión de juez constitucional “confundiendo normativa de origen constitucional, sobre la prohibición de interferir en los procesos de fiscalización, con la posibilidad jurídico-constitucional, de otorgar protección ante acciones de contenido procedimental, como en el caso, que afectan, vulneran, derechos”.El mismo 23 de agosto de 2024, el asambleísta de ADN Xavier Jurado presentó una denuncia contra Muñoz por los presuntos delitos de usurpación y simulación de funciones públicas y por falsificación y uso de documento falso. El legislador Jurado acusó a Muñoz de haber hecho declaraciones públicas con una “postura institucional” de la Asamblea, lo que “carece de sentido y legitimidad”; y por haber enviado al Registro Oficial leyes aprobadas por los legisladores con errores de fondo y forma, y que luego corrigió con una “fe de erratas”, algo que es ilegal.Este lunes 26 de agosto, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, defendió la actuación del secretario señalando que fue delegado por las bancadas que hacen una amplia mayoría para que haga esta vocería. (I)

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