El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), con los votos de Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor —integrantes de la denominada Liga Azul vinculados al correísmo— y Nicole Bonifaz, ratificó este miércoles, 22 de enero, la designación de Raúl González Carrión como titular de la Superintendencia de Bancos.
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Pero el expresidente Guillermo Lasso envió una nueva terna al CPCCS, en medio de disputas internas que mantenía con los sectores de oposición de la Asamblea Nacional, y se eligió a Roberto Romero von Buchwald.
González recurrió a una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional (CC), luego que en la justicia ordinaria no se reconociera su elección.
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La CC aceptó parcialmente la acción extraordinaria, pero aclaró que su sentencia “no tiene la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado sobre los nuevos procesos de selección de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos”.
En ese sentido, Verduga propuso ratificar a González como superintendente de Bancos y argumentó que en la actualidad “no existen situaciones consolidadas”, porque el derecho de Raúl González está “en firme”, incluso porque fue posesionado en la Asamblea Nacional en agosto de 2022.
No obstante, desde el Ministerio de Gobierno se indicó esta noche que la acción fue “ilegal”, y se advierte que la sentencia de la CC aún no está en firme, “pues sigue pendiente la resolución de un recurso judicial solicitado por la parte que buscan favorecer”.
“Una vez más, el viejo Ecuador intenta golpear la institucionalidad del país. La llamada Liga Azul —que ahora tiene mayoría en el CPCCS gracias a las componendas de la vieja política en la Asamblea Nacional— busca apoderarse del control del sistema financiero”, indicó el Ministerio de Gobierno en un comunicado.
“¿Son ahora los ‘consejeros azules’ del CPCCS jueces constitucionales para afectar la sentencia de la CC? La respuesta es un rotundo y democrático NO”, puntualizó el ministerio y advirtió que este intento por tomarse el órgano de control del sistema financiero “supone un riesgo para la lucha contra el narcotráfico, las mafias políticas que los protegen y sus fuentes de financiamiento”.
El Gobierno considera que esta actuación sienta un nefasto precedente en el CPCCS, organismo que tiene en sus manos la designación de las autoridades vitales en el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado, “quienes deben estar al servicio del pueblo ecuatoriano y no de intereses partidistas”.
Además del tema del superintendente de Bancos, en la sesión plenaria ordinaria de este miércoles también se devolvió la terna para la selección del vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y se removió de la vicepresidencia a Johanna Verdezoto del Salto, cargo que ahora ocupa Saltos. (I)