La ‘comisión de seguimiento’ a los compromisos asumidos por el Gobierno sería esencial para evitar nuevas manifestaciones

El trabajo de una denominada Comisión de Seguimiento a Acuerdos, de los llegados entre el Gobierno nacional y los movimientos sociales, sería clave para evitar que las calles vuelvan a ser el escenario de nuevas movilizaciones.Para este miércoles, desde las 09:00, está prevista una reunión entre los líderes del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), de la Función Ejecutiva y de las autoridades de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), con el objetivo principal de integrar esta Comisión de Seguimiento a Acuerdos y definir su cronograma de trabajo.Esta instancia surge después de los 90 días de diálogo que se realizaron entre las delegaciones de las partes, para atender las demandas planteadas durante el paro nacional de junio pasado.En los líderes sociales hay la aspiración de que esta Comisión sea la que dé seguimiento y verifique que el régimen cumpla con los 218 acuerdos plasmados en las actas de las diez mesas técnicas que se instalaron desde el 13 de julio.Después de que el 14 de octubre se suscribió el acta final, con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal, los dirigentes aparecieron en medios de comunicación para explicar qué se espera en los próximos meses.El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, aclaró que preparar nuevas movilizaciones no dependerá de lo que resuelvan los dirigentes, sino de la evaluación que se produzca en sus bases respecto de cuánto se ha avanzado en cumplir los consensos.No desestimó la posibilidad de que haya la opción de una nueva movilización, aunque en este momento “está el de pragmatizar lo acordado”, indicó en una entrevista en radio Sonorama , este 17 de octubre.Ejemplificó que a la fecha “hay acuerdos que se están quedando fuera de tiempo” en su cumplimiento, en relación con las primeras mesas de diálogo que se instalaron a mediados de julio, como en banca pública y privada, fomento productivo, energía y recursos naturales.En el caso de la banca pública y privada, indicó que en las comunidades están a la espera de que se condonen las deudas para evitar procesos de coactiva de sus propiedades, sin observar mayores resultados. Si esto no se resuelve “habrá una reacción social. Si siguen quitando las casas, terrenos, las unidades productivas, va a haber una reacción social”, insistió.Según explicó, esta Comisión analizará cuáles son los acuerdos firmados y sobre esa base se elaborará un cronograma de trabajo. Si después de un tiempo no se ha implementado, por ejemplo, el 10 % de los acuerdos, habrá “una reacción”.“Todo va a depender sobre el plan de implementación que se apruebe, en el que el Gobierno debe cargar sobre sus hombros el ejecutarlos”, advirtió el dirigente.En esa misma línea, el presidente de la Fenocin, Gary Espinosa, en un diálogo de este lunes con radio Centro, confió en que el proceso de ejecución de los acuerdos se defina este miércoles en esta comisión.Es el caso de la mesa de focalización de subsidios a los combustibles, Espinosa consideró que a través de esa instancia se podrá operativizar las medidas tomadas, como la de edificar un sistema y plataforma inteligente para cobrar el precio diferenciado de los combustibles.Así también, precisar los criterios de exclusión del subsidio para aquellos cuyos vehículos sean de un cilindraje mayor a los 2. 201 centímetros cúbicos (c. c.), de las camionetas de un cilindraje de 3.001 c. c.; los Jeep mayores a 2. 401 c. c. y motos mayores a 301 c. c.De acuerdo con Espinosa, el movimiento social presentó una propuesta de herramienta tecnológica para dar paso a este acuerdo, que deberá analizarse en conjunto con el Gobierno y en el que deberían participar los representantes de los distribuidores de los derivados de petróleo, opinó.El líder esmeraldeño demandó al presidente Guillermo Lasso que cumpla con los puntos acordados, como el de emitir el decreto presidencial para que se condonen las deudas al sistema financiero público hasta los $ 10.000 de acuerdo con la reforma tributaria que está vigente desde el 2021.“Hasta ahora no se condonan las deudas por los $ 10.000. El Gobierno es solo blablablá (…) Por ejemplo, dotar de medicinas a los centros hospitalarios del seguro social campesino no se cumple, pese a que hay un decreto ejecutivo que declaró la emergencia en la seguridad social”, recordó.El acta final de las mesas de diálogo, suscrita el 14 de octubre, menciona que esta Comisión de Seguimiento deberá establecer las categorías de los acuerdos tales como un documento de instrumentación, un informe, normas jurídicas, o el cumplimiento de una meta a partir de un indicador.Las fechas límite de cumplimiento de los acuerdos dependerían si se trata de normativa directa, normativa participativa, trabajo participativo y actividades a realizar.A estos se les fijará una temporalidad: de corto plazo, que será de menos de 60 días; mediano plazo, menos de 180 días; y, largo plazo, de menos de 1 año; y una más, de carácter permanente.Esto se relacionará, a su vez, con la emisión de resoluciones, acuerdos ministeriales, decretos ejecutivos y la elaboración de proyectos de ley. 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