Julio de Vido calla todo lo que sabe sobre el lado oscuro de Odebrecht. Y sabe mucho. No habló mientras estuvo detenido por otras investigaciones desde el 25 de octubre de 2017. Y no habla ahora que permanece bajo arresto domiciliario. Calla sus secretos.
De Vido fue el todopoderoso ministro de Planificación Federal entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, y desde allí se decidió qué obras públicas se hicieron -o dejaron de hacer- en Argentina, qué empresas ganaban los contratos y cuáles perdían, pese a tenerlo todo para quedarse con esos proyectos. Por eso, De Vido sabe.
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Sus principales lugartenientes en el Ministerio están condenados por delitos contra la administración pública. Fueron condenados -o al menos procesados- por cobrar coimas en múltiples negociados. Entre ellos, los que identificaron los exejecutivos de Odebrecht al confesar ante la justicia de su país, al igual que varios lobistas brasileños que se acogieron al régimen de la “delación premiada”.
Uno de esos lugartenientes de De Vido es Roberto Baratta, quien también pasó 140 noches en una celda, recuperó su libertad y volvió a la cárcel, con prisión preventiva, el primero de agosto de 2018, acusado de corrupción y lavado, pero ninguno vinculado al Lava Jato o a Odebrecht. Permaneció detenido hasta el 14 de diciembre de 2019, cuando fue excarcelado, aunque continúa bajo proceso.
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Otro fue su secretario de Transporte, Ricardo Jaime, quien también duerme en prisión, condenado ya en tres causas penales por corrupción. Pero ninguna vinculada, tampoco, a Odebrecht. Debe cumplir una pena unificada en ocho años de prisión.
Y otro más fue su secretario de Obras Públicas, José López, que también conoce la prisión por dentro, tras protagonizar una de las filmaciones más grotescas de la historia argentina reciente, al quedar grabado mientras intentaba esconder bolsos con 9 millones de dólares y armas en un convento. Recibió una condena a 7 años y medio de prisión, que cumplió de manera parcial, ya que se le otorgó la libertad condicional en noviembre de 2021.
Gracias a los datos que salieron a la luz en Brasil, se sabe que Odebrecht participó en tres grandes negociados en la Argentina: el proyecto para soterrar el tren Sarmiento -con un presupuesto estimado en 1.500 millones de dólares-, la construcción de una planta potabilizadora de agua en la localidad de Paraná de las Palmas -por otros 320 millones de dólares- y la extensión de las redes troncales de gasoductos -por 436 millones de dólares-. Un total de 2.256 millones de dólares en contratos.
Con ese volumen de negocios en danza, Odebrecht confesó en Estados Unidos que los sobornos en la Argentina ascendieron a por lo menos 35 millones de dólares, lo que implicaría un retorno apenas superior al 1,5 por ciento del monto total de los contratos, aunque evidencias adicionales permiten sospechar que los pagos indebidos fueron muchos más.
¿Financió campañas electorales en el país, incluso de candidatos presidenciales? ¿Pagó sobornos por una obra pública en la provincia de Córdoba? ¿Repartió sobres cada mes a ciertos funcionarios que debían controlar las obras o destrabar los pagos? ¿Quiénes son los receptores de pagos ilegales que se esconden detrás de decenas de nombres en códigos (codinomes en portugués) vinculados a proyectos en la Argentina como “Duvidoso” –dubitativo, en español-, “Festanca” –fiestero-, “Pato, “Bonito” y “Síndico? ¿Por qué cobraron de Odebrecht entre 10.000 y 100.000 dólares por mes, algunos de ellos durante años?
“Nosotros vinimos a la Argentina como Papá Noel. Con una bolsa de dinero para repartir entre todos”, relató un operador de Odebrecht, durante una entrevista para esta investigación, a principios de 2016, cuando los primeros indicios de la operatoria delictiva de Odebrecht en la Argentina comenzaba a salir a la luz.
-¿Qué significa “todos”?
-“Todos” es “todos” -reafirmó el operador, que aceptó responder algunas preguntas bajo la premisa de resguardar su nombre-. Pagamos para ganar obras, pagamos para destrabar pagos, pagamos para financiar campañas y repartimos sobres a funcionarios y periodistas a cambio de su complicidad o su silencio.
Las piezas del rompecabezas local que se conocen hasta ahora muestran también que, al igual que en otros países de América Latina, Odebrecht recurrió a “socios locales” para prosperar en la Argentina.
“Era muy común que en los proyectos tuviéramos socios”, rememoró el propio Marcelo Odebrecht, al declarar el 9 de noviembre de 2017 en Curitiba ante el fiscal peruano José Domingo Pérez y su par brasileño Orlando Martello. “Y entiendo que la mayor parte de las veces, apenas las tratativas políticas, como los pagos, salían a través de nuestros socios”.
¿Qué significa eso? Según Marcelo Odebrecht, “si nosotros teníamos una relación política de grado 10, nuestros socios llegaban a 40, 50, 60. Hay que colocar en perspectiva lo siguiente. Si hubo pagos de sobornos en algún proyecto, ese soborno fue acordado probablemente por los socios locales”.
Los socios de Odebrecht en Argentina
Acaso el de mayor peso haya sido quien presidió la Cámara Argentina de la Construcción entre 2004 y 2012, Carlos Wagner, un empresario con inmejorables relaciones con el kirchnerismo que operó con su constructora Esuco. A él se sumó Ángelo Calcaterra, dueño de la constructora Iecsa y primo del entonces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y luego presidente de la Argentina entre 2015 y 2019, Mauricio Macri.
Ambos, Wagner y Calcaterra, figuran en otras investigaciones criminales, como la llamada “causa Cuadernos”, por la que Wagner y un alfil de Calcaterra, Javier Sánchez Caballero, fueron detenidos. Pero negaron ante la Justicia y ante la prensa haber participado en algún tipo de operación delictiva vinculado a Odebrecht.
Esos negociados requirieron, también, de lobistas. “Facilitadores” que se encargaron de “aceitar” los engranajes. Y ese fue el rol, en particular, de un operador local de alto perfil llamado Jorge Rodríguez.
Le dicen “Corcho” por su capacidad de salir siempre a flote. Pero Rodríguez, al igual que Wagner y Calcaterra, negó cualquier actividad ilícita. Incluso lo juró por su hija.
A diferencia de otros grandes jugadores, el “Corcho” Rodríguez jamás fue detenido por las investigaciones “Cuadernos” o Lava Jato, aunque la justicia inhibió todos sus bienes y fue citado a indagatoria.
El contrato más importante de Odebrecht en Argentina fue el proyecto para soterrar el tren Sarmiento en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. La “ruta del dinero” para los sobornos por esta obra incluyó transferencias de millones de dólares a través de cuentas en paraísos fiscales y sociedades offshore, el uso de correos encriptados con nombres en clave y un listado de montos y fechas de los sobornos, con Montevideo como destino final.
Múltiples documentos internos de Odebrecht muestran que su División de Operaciones Estructuradas se encargó de generar al menos 2,9 millones de dólares por fuera de los balances contables para coimas por las obras del Sarmiento. Y lo hizo a pedido del director de Infraestructura de la empresa en la Argentina, Rodney Rodrigues de Carvalho, para coimear a funcionarios del entorno del ministro De Vido.
El director para América Latina, Luiz Antonio Mameri, dijo que pagaron a una firma socia, la constructora Iecsa, de Calcaterra, para aceitar a los funcionarios kirchneristas.
Otros brasileños también aportaron evidencias sobre cómo ocurrió la segunda tanda de coimas. Fue cuando Odebrecht asumió el liderazgo del consorcio y, según ellos, el lobista Jorge “Corcho” Rodríguez se reunió con Rodney Rodrigues de Carvalho, en nombre de Roberto Baratta, la mano derecha de De Vido.
“En esa ocasión, Jorge Rodríguez propuso que, con cada pago liberado de una factura, el consorcio [del Sarmiento] pagase valores indebidos en cuentas por él indicadas, y que esta era la única forma de priorizar los pagos al consorcio por los servicios ya prestados”, rememoró Mameri ante los investigadores. Pero una y otra vez, “Corcho” Rodríguez lo negó todo.
Según Mameri, la última tanda de pagos ilegales ascendió a 180.000 dólares durante la última etapa de Rodney Rodrigues en Argentina, más otros 290.000 dólares ya con Ricardo Vieira como el número uno en Buenos Aires, donde continuó hasta mediados de 2017. De esos 470.000 dólares quedaron rastros, como la transferencia por 193.500 dólares que se ordenó el 3 de septiembre de 2014 y que se acreditó dos días después en la cuenta bancaria de la firma uruguaya Sabrimol Trading.
¿De quién es Sabrimol Trading? Sería del lobista Jorge “Corcho” Rodríguez, según afirmó el exdirector de la sociedad, el uruguayo Carlos Dentone, en una entrevista para esta investigación. “Jorge Rodríguez era el que manejaba el dinero”, recordó Dentone, un abogado retirado que a los 79 años contó que el “Corcho” recibía los millones de Odebrecht en Sabrimol Trading, disponía de una parte y el resto la enviaba a la Argentina. sin embargo el “Corcho” Rodríguez lo niega hasta ahora y hasta ha denunciado a Dentone.
Apoyado en fuentes de la Policía Federal brasileña, el diario brasileño Estadao reveló la existencia de “al menos cinco mensajes relacionados con el pago de sobornos para las obras del tren Sarmiento”, enmarcados bajo el eufemismo “DGI”. Es decir que el soborno fue mayor a los 2,9 millones de dólares. El propio Marcelo Odebrecht clarificó ante los fiscales que esa sigla era una de las formas encubiertas que aludían por escrito al pago de sobornos.
Así, en un correo electrónico de otro ejecutivo de la multinacional, Mauricio Courí Ribeiro, titulado “Reunión Sarmiento”, ese ejecutivo consignó la existencia de tres sumas distintas que asoció a “DGI” en relación al proyecto para soterrar el tren Sarmiento. La suma llega a los 20 millones de dólares.
Allí no se acabaron las revelaciones sobre coimas pagadas para ganar el contrato para soterrar el tren Sarmiento. También se habrían efectuado pagos a través de Andorra, según reconstruyó la policía de aquel principado europeo y reveló el diario El País de España.
Se lo hizo mediante una operación de sobornos y lavado de activos por más de 200 millones de euros que pasaron por el Banco Privado de Andorra (BPA) y habría incluido a 29 personas. Entre ellos, como intermediario, a Andrés “Betingo” Sanguinetti, el medio hermano del expresidente uruguayo José María Sanguinetti, que fue extraditado y pasó un tiempo detenido en Andorra.
Representante del BPA en Uruguay entre 2006 y 2015, la justicia andorrana reconstruyó que Sanguinetti pidió la venia del banco para pagar 395.000 euros, con dinero negro a una firma vinculada al proyecto para soterrar el Sarmiento.
Ante la prensa y ante la justicia de Andorra, “Betingo” Sanguinetti negó cualquier acto delictual. Pero el ejecutivo de Odebrecht Hilberto Mascarenhas da Silva, quien también se acogió al régimen de la delación premiada, lo marcó en Brasil como el supuesto enlace para las operaciones delictivas en el BPA.
Si así fueron las coimas en el proyecto del tren Sarmiento, ¿cómo ganó Odebrecht el contrato para construir una planta en Paraná de las Palmas para proveer de agua potable a más de 2 millones de personas en cinco municipios que rodean, hacia al norte, a la ciudad de Buenos Aires?
Odebrecht pagó coimas por al menos 14 millones de dólares, con un mecanismo similar. Recurrió a cuatro sociedades de pantalla; bancos en Panamá, Antigua y Barbuda y Uruguay, y a la sociedad Sabrimol Trading, en la zona franca de Montevideo.
La primera fase fue entre noviembre de 2007 y hasta fines de 2010, cuando rondaron los 7,6 millones de dólares con, otra vez, el entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, como supuesto intermediario, así como el directivo de AySA, Raúl Biancuzzo, como primer receptor.
“Demandaba el pago de propinas a agentes públicos, miembros del gobierno federal”, declaró otro exejecutivo brasileño, convertido en delator, Marcio Faria, contra Wagner.
Faria confesó que él mismo autorizó esos pagos ilegales y contó sus dos encuentros con De Vido, quien “siempre demostraba satisfacción con el desarrollo de los contratos”, aunque se encargó de aclarar que, al menos en su caso, “nunca tocó el asunto de la propina”.
Al igual que “Corcho” Rodríguez, Wagner negó cualquier rol delictual ante la consulta sobre las confesiones de los arrepentidos que lo incriminaron. “Eso que dicen es falso. Ni siquiera conozco a esos ejecutivos de Odebrecht. Solo conocí a Flavio (Bento e) Faria, con el que negociamos técnicamente un subcontrato para la ejecución de esa obra”.
La segunda fase de las coimas por el proyecto de Paraná de las Palmas, en tanto, incluyó al “Corcho” Rodríguez, otra vez como protagonista y en representación de Baratta.
La “ruta del dinero” comenzó en el Credicorp Bank S. A., de Panamá, donde la firma offshore Select Engineering Consulting and Services giró múltiples transferencias, de entre 100.000 y 500.000 dólares cada una, con destino a Uruguay. Luego se unió Klienfeld Services Ltd, que operó desde el Meinl Bank, el banco que compró Odebrecht en Antigua y Barbuda para sus operaciones ilícitas. Completó transferencias a Uruguay por montos muy dispares: desde apenas 18.000 dólares hasta otras por 497.000.
La tercera firma offshore también operó desde el Meinl Bank, Trident Inter Trading Ltd. Y la cuarta y última fue Innovation Research Engineering and Development Ltd, radicada en Antigua y Barbuda. El destino del dinero siempre fue Uruguay.
Todas ellas fueron usadas para pagos ilegales en otros países latinoamericanos.
¿Qué ocurrió con el tercer gran proyecto que ganó Odebrecht en la Argentina, destinado a extender 2.000 kilómetros más las redes troncales de gasoductos a lo largo y ancho del país? Las coimas por ese negocio llegaron a los 25 millones de dólares, según relató uno de los máximos jerarcas de Odebrecht, Marcio Faria da Silva. Se abonaron en dos etapas y con dos intermediarios distintos. La primera etapa quedó en manos, otra vez, de Carlos Wagner; la segunda, de otro protagonista recurrente: el “Corcho” Rodríguez.
Condenado a 19 años y 4 meses de prisión en Brasil por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita, Faria se convirtió en delator para reducir su tiempo tras las rejas. Para eso, detalló quiénes eran los otros ejecutivos de Odebrecht que sabían sobre las coimas: uno fue Flavio Bento e Faria, por entonces máximo jefe de la constructora en Argentina, y sin parentesco entre ellos. El otro, negociador directo de esa coima fue Hilberto Mascarenhas da Silva, como gran articulador del área de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.
Según Marcio Faria, cuando Odebrecht comenzó a moverse para pujar en la licitación, desde 2007, Flavio Bento e Faria fue contactado por Wagner, quien se presentó como dueño de Esuco y presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Precisó su verdadera misión en cuanto vislumbró la oportunidad. Según Marcio Faria, el empresario argentino “le pidió coimas” a Bento e Faria, pero se cuidó de aportarles los nombres de los destinatarios, aunque a los brasileños les quedó muy claro quiénes eran.
A partir de allí, según rememoró Marcio Faria, el camino de los negocios con el Estado argentino se simplificó para Odebrecht, que solo cosechó elogios de De Vido durante dos reuniones que el ministro mantuvo en Buenos Aires con el ahora delator premiado. Pero el entendimiento ilícito se quebró en octubre de 2010. Con la muerte del expresidente Néstor Kirchner, el pacto se quebró, y Odebrecht comenzó a padecer todo tipo de problemas en la ejecución y cobro del multimillonario contrato.
Esos problemas solo se solucionaron con el “Corcho” Rodríguez, quien reabrió las negociaciones ilícitas con los representantes de la constructora, acordó nuevos pagos y hasta les aportó los números de las cuentas bancarias offshore donde debían depositar las coimas.
En los papeles -y para reducir las sospechas sobre su rol-, Odebrecht optó por contratar a Rodríguez como lobista. Pero en la práctica, el “Corcho” actuó más como emisario de De Vido ante los ejecutivos brasileños.
La situación, hoy
Sin embargo, transcurridos más de cinco años desde que Odebrecht admitió en Estados Unidos que pagó sobornos en la Argentina, no hay condenados en el país. Más aún, las evidencias incriminatorias solo llegaron en cuentagotas desde Brasil a Buenos Aires. Por el contrario, Odebrecht pasó a la ofensiva.
La empresa logró que Brasil suspenda el intercambio de información sensible con la Argentina, busca que la Corte Suprema de Justicia derribe el poco material que ya llegó de Curitiba y evalúa demandar al Estado argentino por 50 millones de dólares.
La ofensiva del gigante brasileño comenzó a gestarse hace meses, cuando sus abogados denunciaron ante el Ministerio Público brasileño que los investigadores argentinos violaron el acuerdo firmado para el intercambio de información. El reclamo de Odebrecht dio un primer fruto. El Ministerio Público Fiscal brasileño suspendió la colaboración con la Argentina a fines de 2021 hasta completar su análisis de la denuncia, cuya copia envió a Buenos Aires para obtener una respuesta formal.
Volcada en un escrito de 14 páginas, la respuesta argentina inició su recorrido hacia Brasil a mediados de abril. Desde la Procuración General de la Nación que lidera Eduardo Casal se giró a la Cancillería, para que llegue a destino a través de los canales formales. Defendió la actuación de los fiscales argentinos, sostuvo que se respetaron las pautas y procedimientos acordados, y pidió que se restableciera el canal de asistencia bilateral para completar el intercambio de datos pendientes.
Mientras tanto, en los tribunales federales de Comodoro Py, los resultados son dispares. En la investigación centrada en las obras para soterrar el tren Sarmiento, el fiscal Franco Picardi se convirtió en el único que logró que el Ministerio Público Fiscal brasileño le enviara tramos importantes de las evidencias. Le remitieron la delación premiada de Luiz Antonio Mameri, con detalles sobre las “propinas” que pagó la empresa y datos sobre los intermediarios y receptores de esos pagos.
La investigación, sin embargo, se encuentra paralizada desde hace meses. El fiscal Picardi combinó su propia investigación con el material proveniente de Brasil y de Andorra para reforzar su acusación contra cincuenta exfuncionarios, ejecutivos y lobistas involucrados, y presentó su dictamen hace casi un año. Desde entonces, el juez Marcelo Martínez de Giorgi todavía no definió si avanzará contra todos ellos.
La actuación del juez recibió cuestionamientos de la Cámara Federal, que ya le anuló una serie de procesamientos y otras decisiones. Pero también porque su proceder llevó a que Manuel Vázquez, el testaferro del otrora secretario de Transporte, Ricardo Jaime, se arrepintiera de haberse arrepentido. Había confesado cómo se negociaron las coimas con el entonces dueño de la constructora Iecsa, Ángelo Calcaterra, y sus dos lugartenientes, Javier Sánchez Caballero y Santiago Altieri. Pero luego se desdijo.
¿Cómo fue ese episodio? En febrero de 2019, Vázquez confesó ante la justicia su rol en la negociación e intermediación de los sobornos, y acusó a Calcaterra de pagar más de 20 millones de dólares en coimas. Pero tres meses después -cuando el juez todavía no había definido su situación judicial, pero sí había beneficiado a su familia- nombró a un nuevo abogado, acusó a su exabogada de asesorarlo mal y volvió sobre sus pasos, para beneficio de Calcaterra.
Paradójicamente, los jueces y fiscales avocados a las otras dos investigaciones mayores no recibieron material desde Brasil, pero avanzaron mucho más. Los jueces federales Sebastián Casanello y Daniel Rafecas procesaron a los involucrados en los proyectos para construir la planta potabilizadora de agua y extender la red troncal de gasoductos, respectivamente. Entre otros, el entonces ministro De Vido, y algunos de sus máximos colaboradores, como Roberto Baratta, José López y Daniel Cameron, además del otrora presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, y del lobista “Corcho” Rodríguez.
Esos procesamientos ya fueron confirmados por la Cámara Federal porteña, por lo que ambas investigaciones se elevaron a tribunales para que inicien los juicios orales, aunque todavía no se fijaron fechas para las audiencias.
El fiscal avocado a esa pesquisa sobre los sobornos pagados para construir la planta potabilizadora, Federico Delgado, ve difícil que llegue el material solicitado a Brasil o se concrete la extradición de algunos de los exejecutivos de Odebrecht. Tras recordar que presentaron 23 pedidos durante los últimos años, los resultados siempre fueron “infructuosos”, según detalló en un escrito.
El fiscal Delgado tuvo mejor suerte en Estados Unidos. A fines de junio recibió información del Departamento de Justicia sobre cómo Odebrecht pagó sobornos en la Argentina, aunque los datos resultaron crípticos. Entre otros motivos, porque consignaba los “codinomes” de quienes cobraron fortunas ilícitas, pero no quiénes se esconden detrás de esos apodos. Y esos datos continúan bajo llave en el Ministerio Público Fiscal brasileño.
Por su parte, Odebrecht no solo avanzó contra la Argentina en Brasil. También planteó en los tribunales locales que no se respetó el acuerdo de cooperación bilateral. Sostuvo que no se resguardó la confidencialidad del poco material que llegó a Buenos Aires y que la justicia avanzó contra uno de los delatores premiados, Luiz Mameri. Por ese motivo, apeló ante la Corte Suprema y confía en que el máximo tribunal del país le dé la razón.
Odebrecht fue más lejos. Dio los primeros pasos para demandar al Estado argentino por retener el pago de certificados de obra ya completados. El monto de la demanda actualizado podría ascender a 50 millones de dólares. (I)
*Este artículo forma parte de la serie ‘Viaje al centro de Lava Jato’, realizada por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, con la participación de La Nación (Argentina), Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Colombia), EL UNIVERSO (Ecuador), Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú), Sudestada (Uruguay) y Armando.info (Venezuela).