Justicia panameña en apelación revoca millonaria sentencia que afectaba a Ecudos S. A.; la Procuraduría General de Ecuador participó en el caso

El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá revocó, a finales de marzo pasado, la sentencia que condenó a Ecudos S. A. al pago de $ 96′530.555,83 por concepto de capital e intereses vencidos al encontrar probada la licitud del contrato de octubre del 2000 entre Caribbean Financial International Corp. y Transainer S. A.

Según la Procuraduría General del Estado (PGE), la cual intervino como tercero coadyuvante ante el Primer Tribunal de Panamá, debido a que Ecuador es accionista actual de Ecudos, este “convenio simulado” tuvo intención de desviar fondos del Grupo Isaías, en su momento dueño de Ecudos, a través de la offshore panameña controlada por el mismo grupo.

Desierto segundo intento de subastar parte de Ecudos

En primera instancia, la demandante Caribbean Financial International Corp. obtuvo un fallo que le reconocía el derecho a recibir un pago de casi $ 100 millones. Se aclaró desde la PGE que si bien los efectos de esa sentencia no eran extensivos al Ecuador, había el riesgo de afectar a los intereses nacionales por su calidad de accionista actual de Ecudos.

“En la apelación presentada por Ecudos S. A. (...) se probó el fraude ejecutado por el Grupo Isaías, anteriores accionistas de Ecudos y Caribbean Financial International Corp. en la suscripción del contrato. (...) Las pruebas aportadas por la PGE fortalecieron los argumentos alegados por Ecudos y fueron esenciales para justificar que el contrato (...) que contenía una supuesta obligación de Ecudos con Caribbean Financial se fundamentaba en una causa ilícita y, por tanto, era nulo, pues simulaba una transferencia de dinero de una empresa a otra con el objetivo de evitar las incautaciones del Estado ecuatoriano en contra de los bienes del Grupo Isaías”, sostuvo en un comunicado la Procuraduría.

El Tribunal panameño dispuso en su sentencia que Caribbean Financial International Corp. debe restituir los bienes materia del contrato con sus frutos y el precio con los intereses, más el pago a la demandante por 4′995.415 balboas por concepto de costos judiciales.

Los hermanos William y Roberto Isaías Dassum, expropietarios del Filanbanco, demandaron al Estado ecuatoriano por una cantidad no menor a los $ 2.000 millones, por lo que ellos dicen son los daños causados por “las ilegales incautaciones” que se les realizó en el proceso penal que duró más de dos décadas.

Según el escrito de 48 páginas presentado por la defensa de los Isaías, las instituciones directamente demandadas son el Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos y la Secretaría de Gestión Técnica Inmobiliar. Al momento la causa está en manos de un Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Corte del Guayas.

Respecto de los hermanos Isaías, el 9 de mayo de 2021 un Tribunal de lo Penal de la CNJ aceptó el recurso extraordinario de revisión que presentaron y les restituyó el estado constitucional de inocencia respecto del delito de peculado por el que inicialmente recibieron ocho años de cárcel. En esa causa se analizó el supuesto “abuso de los fondos de préstamo de liquidez entregados por el Banco Central del Ecuador a Filanbanco en el periodo de septiembre a diciembre de 1998″.

Por su gestión y lucha contra la corrupción, el procurador general Iñigo Salvador fue reconocido por el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick. La condecoración entregada al funcionario de Ecuador se la hizo en el marco del seminario ‘Perspectivas complementarias de prevención y combate a la criminalidad0, evento organizado por la Panamerican Development Foundation (PADF) en Ecuador, la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos y su Embajada en nuestro país.

“Quiero felicitar al procurador general del Estado por su convicción personal y compromiso con la justicia, libertad, seguridad, democracia y la colaboración entre las instituciones del sector público y privado”, señaló el embajador Fitzpatrick, al tiempo de destacar el rol de la PGE en la implementación de la Ley de Extinción de Dominio. (I)