La solicitud de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, acusado de incumplimiento de funciones, pasa a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en la que el oficialismo, representado en la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), tiene mayoría.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) se reunió este domingo, 11 de enero, y con seis votos determinó que el pedido de juicio político planteado por cinco legisladores de la bancada Revolución Ciudadana (RC) cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa; por lo tanto, será remitido a la Comisión de Fiscalización para que continúe su proceso. En el momento de la votación no estuvo presente la legisladora Carmen Tiupul (Pachakutik).
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La sesión del CAL fue transmitida en vivo y, tras la lectura de la parte resolutiva del informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), la legisladora oficialista Mishel Mancheno presentó la moción para que se acoja el informe de la UTL, en el que se determina que la solicitud de juicio contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Mancheno indicó que la moción presentada es un acto de firmeza democrática y también de responsabilidad institucional. Agregó que el control político es una obligación constitucional cuando existen cuestionamientos sobre la administración de la justicia.
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“La transparencia no se negocia, la transparencia se exige y, sobre todo, se garantiza”, sentenció la primera vicepresidenta de la legislatura.
La moción aprobada por unanimidad de los presentes da inicio al trámite del juicio político y ordena que el expediente presentado por cinco legisladores de la RC sea notificado a la Comisión de Fiscalización para que avoque conocimiento de la solicitud y sustancie el trámite de conformidad con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, tras los resultados de la votación, manifestó que este día se da paso al enjuiciamiento político al presidente de la Judicatura, Mario Godoy, y solicitó que sea trabajado conforme a la normativa, respetando el debido proceso.
Señaló que se avanzó de forma expedita y transparente dentro de los plazos establecidos por la ley. “Ahora será la Comisión de Fiscalización la que continúe con el proceso. Estamos atentos a que esto termine como todo el país espera, sin adelantar sentencias”, puntualizó.
Acusación
Mario Godoy Naranjo fue acusado por cinco legisladores de la oposición —Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso—, quienes reunieron 42 firmas de respaldo. Lo acusan de un supuesto incumplimiento de funciones al inobservar el artículo 168 de la Constitución respecto de garantizar la independencia judicial y promover la transparencia en la administración de justicia.
Según los asambleístas de RC, Godoy ejerció presiones a través de uno de sus colaboradores cercanos, Henry Gaibor, al juez Carlos Serrano supuestamente para beneficiar al ciudadano serbio Jezdimir Srdan, antiguo cliente de la esposa de Godoy, Dolores Vintimilla, y procesado por narcotráfico.
Para fundamentar la acusación, los proponentes del juicio presentaron 23 piezas informativas provenientes de medios de comunicación nacionales e internacionales, plataformas digitales y redes sociales, seleccionadas por su pertinencia temática, secuencia temporal y diversidad de fuentes.
Las pruebas contra Godoy incluyen denuncias públicas sobre presiones internas en la Función Judicial, la situación del juez Carlos Serrano y su salida del cargo, la difusión de audios que evidenciarían presuntas injerencias o presiones, pronunciamientos de asociaciones de magistrados, cuestionamientos públicos a la gestión del Consejo de la Judicatura y de su presidente.
Los legisladores que plantean el juicio solicitaron la presencia de 19 testigos que habrían tenido conocimiento directo o institucional de los hechos descritos; entre ellos están exautoridades y vocales de la Judicatura, jueces y exjueces, incluidos jueces de la Unidad Anticorrupción, autoridades judiciales en funciones, exfuncionarios de la Asamblea Nacional, abogados, analistas, periodistas e investigadores.
Comisión de Fiscalización
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL), el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, en un plazo máximo de tres días deberá remitir la solicitud de enjuiciamiento a Godoy, junto con la documentación de sustento al presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez (ADN).
Álvarez, según la norma, tiene un plazo máximo de cinco días para poner en conocimiento del pleno de la comisión la solicitud de enjuiciamiento político. En esta etapa, la mesa verificará si el pedido de juicio cumple con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución: contar con las firmas de respaldo suficientes y que la autoridad a la que se pretende enjuiciar esté dentro de la lista de quienes la Asamblea Nacional puede fiscalizar.
Calificado el trámite, la Comisión de Fiscalización notificará al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, sobre el inicio del proceso, acompañando la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento, a fin de que en un plazo de quince días presente su contestación a las acusaciones políticas realizadas y las pruebas de descargo que considere pertinente.
El mismo procedimiento se aplicará a los asambleístas proponentes del juicio para que dentro del plazo de quince días presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones.
La Comisión de Fiscalización que procesará el pedido de juicio político está integrada en su mayoría por representantes y aliados de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), organización política que tiene la presidencia y vicepresidencia de la mesa.
ADN posee como delegados en la Comisión de Fiscalización a los siguientes asambleístas: Ferdinan Álvarez (presidente), Ana Belén Tapia (vicepresidenta), Fabiola Sanmartín, María Villacreses (ADN) y Luigi García Velásquez. Asimismo, la bancada tiene también como aliado al representante de Pastaza por Pachakutik José Nango, con quien controla la mayoría.
La bancada de Revolución Ciudadana (RC) posee como delegados en la mesa de Fiscalización a los asambleístas Ana Cecilia Herrera, Janeth Bustos, Fricson George y Nanki Saant. (I)