Esto concluyó la Procuraduría sobre el juicio político a Diana Salazar en su estado de embarazo

El estado de gestación de Diana Salaza r fue conocido por Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, al menos una semana antes del anuncio público que hizo la fiscal general, a través de redes sociales.El pasado 8 de mayo, el titular del Parlamento envió a la Procuraduría General del Estado (PGE) dos consultas legales para aclarar si procede o no la suspensión de la sustanciación de un juicio político a una autoridad que enfrenta un embarazo de alto riesgo -dado que la fiscal presentó documentación de su delicada condición- y si también aplica en el caso de una persona con enfermedad catastrófica.El procurador Juan Carlos Larrea envió la respuesta a Kronfle el jueves 16 de mayo , instantes previos al video que compartió Salazar, en el que contó que se encuentra en estado de gestación y que solicitó a la Asamblea que su juicio político se desarrolle “en paz”.Tras analizar el marco jurídico , Larrea concluyó que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y la Comisión de Fiscalización y Control Político pueden “suspender la sustanciación y tratamiento del respectivo juicio político”, a fin de garantizar los derechos de la mujer interpelada que tenga un embarazo de alto riesgo, “para así tutelar la protección prioritaria a la salud integral de la madre y precautelar el interés superior del niño” y salvaguardar el derecho al debido proceso.La suspensión procederá “en aquellos casos debidamente justificados , en los cuales una autoridad interpelada se encuentre en estado de gestación y sea diagnosticada con alto riesgo en el embarazo”, dice el oficio.El procurador sustentó su respuesta en los artículos 12 y 29 de la Ley Orgánica del Derecho al Cuidado Humano, así como en el artículo 11 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y en el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.De igual manera, se podrá suspender el juicio político a una persona diagnosticada con una enfermedad catastrófica y que se encuentre desahuciada.En ambos casos, las suspensiones durarán hasta que las situaciones sean superadas tanto para mujeres con embarazo de alto riesgo como para personas con enfermedades catastróficas que se encuentren en etapa terminal y que atraviesen crisis específicas de extrema gravedad, que generen imposibilidad.Larrea se basó en la Constitución y sentencias de la Corte Constitucional para determinar que “es factible suponer” que una mujer con un embarazo de alto riesgo o una persona con enfermedad catastrófica, que atraviesa una crisis o situación de extrema gravedad, “ no van a estar en igualdad de condiciones que sus acusadores, pues a más de las posibles limitaciones o dificultades físicas inherentes a sus condiciones médicas, su preocupación seguramente va a estar, al menos también dirigida a su propia condición de salud y en el caso de las mujeres con embarazo de alto riesgo, a la salud y bienestar del nasciturus ”.En consecuencia, señaló Larrea, “es lógico colegir que no van a poder ejercer plenamente el derecho a la defensa , en la forma, tiempos y con los medios adecuados”.Una vez que se conoció el pronunciamiento de la máxima autoridad de la Procuraduría, el presidente de la Asamblea Nacional informó que la documentación fue remitida a los asambleístas miembros del CAL. En ese sentido, Henry Kronfle indicó que el Consejo se reunirá la mañana del viernes 17 de mayo, a las 08:00, para conocer y resolver sobre la suspensión de la sustanciación y tramitación de los juicios políticos presentados contra la fiscal general, “hasta que el alto riesgo al que se encuentra enfrentada culmine definitivamente”, precisó.Hay dos pedidos de juicio político que buscan destituir del cargo a Diana Salazar. Ambos son impulsados por asambleístas del movimiento Revolución Ciudadana (RC) , por presunto incumplimiento de funciones.La primera solicitud es la más avanzada. Fue planteada en noviembre por Gissela Garzón y está en manos de la Comisión de Fiscalización y Control Político, cuya presidenta es la legisladora Pamela Aguirre, también integrante de la Revolución Ciudadana.El segundo pedido lo ingresó el 14 de mayo Héctor Valladárez y está a la espera de ser revisado por el CAL. (I)

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