El juez nacional Luis Rivera seguirá en conocimiento de la causa en la que la fiscal general, Diana Salazar, solicitó una audiencia para formular cargos, por el delito de peculado, contra el exvicepresidente Jorge Glas y los exfuncionarios públicos Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico.

La también jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, decidió la tarde de este martes 1 de agosto, luego de reinstalar por dos ocasiones la diligencia, declarar sin lugar la demanda de recusación planteada contra Rivera por la Fiscalía, institución que aseguraba existe un retardo injustificado para el señalamiento de la audiencia de formulación de cargos solicitada el 1 de junio pasado.

“Desde el 25 de julio de 2019 hasta la presente fecha ha tardado cuatro años, cuatro días o 1.468 días, de los cuales solamente son imputables al juez Luis Rivera desde que fue sorteado el caso, esto es el 5 de junio de 2023, son 57 días, es decir, únicamente el 3,88 % aproximadamente del total del tiempo que ha tomado todo el trámite. En consecuencia, no se encuentra retardo injustificado en el despacho de la causa (...) por parte de Luis Rivera ni en lo formal (...) ni en cuanto a la constitucionalidad y legitimidad de la actuación desde la óptica de un plazo razonable”, explicó Camacho en su resolución oral tomada tras una hora y media de análisis de las pruebas y argumentos presentados por las partes.

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La jueza nacional resaltó que el artículo 149 del Código Orgánico de la Función Judicial  (COFJ) contiene una norma específica aplicable al retardo injustificado en Corte Nacional y Cortes Provinciales. La norma establece sobre la recusación por demora en el despacho que en la CNJ, Cortes Provinciales y Tribunales el despacho se realizará en el término de 90 días más un día por cada 100 fojas a partir de que se venza el término establecido en la ley para resolver.

En ese sentido, en la presente causa, anotó Camacho, el pedido de formulación de cargos fue puesto en conocimiento del juez Rivera el 5 de junio de 2023, por lo que solamente desde esta fecha podría ser responsable sobre sus deberes funcionales en cuanto a los que suceda en el proceso.

“Se podía plantear la demanda de retardo injustificado desde el 7 de septiembre de 2023, fecha que aún no ocurre. En consecuencia la demanda se ha presentado de manera prematura y no se configura la condición prevista en el artículo 149 del COFJ para proceder con el análisis de retardo injustificado, con lo que la Fiscalía no ha cumplido con este requisito formal de temporalidad para la presentación de su demanda”, refirió la jueza Camacho.

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El 1 de junio pasado, la fiscal general solicitó a la Corte Nacional una fecha para revelar en audiencia los elementos de convicción que mantiene para formular cargos contra los tres exfuncionarios del correísmo, una vez que se habrían determinado hechos que configurarían un acto de corrupción relacionado con el delito de peculado en una obra vial, parte de la reconstrucción de Manabí, luego del terremoto de 2016.

Para el 12 de julio último el juez Rivera convocó a una audiencia, la cual finalmente no se concretó. Desde ese momento no existe una fecha para la diligencia.

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“En 2019 la Contraloría General determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Colisa, de 22 kilómetros, por más de $ 68 millones, fondos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad. Por esa razón la Fiscalía abrió una investigación previa”, señaló Salazar en un video en el que se informaba del pedido de fecha para formular cargos.

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En su explicación, la titular de la Fiscalía recordó que el 16 de abril de 2016 Ecuador sufrió uno de los desastres naturales más devastadores de su historia reciente: el terremoto de Manabí, y para ese tema el Gobierno de la época -el de Rafael Correa- conformó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y posteriormente se emitió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana.

Diana Salazar sostiene que este proyecto, pese a que no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad: emergencia, reconstrucción y reactivación, fue adjudicado el 30 de marzo de 2017 y fue establecido como prioritario, sin tomar en cuenta que existían 587 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto.

Luis Rivera es el juez nacional que fue parte del Tribunal de Apelación que, en noviembre de 2022, declaró la nulidad en el denominado caso Singue, en el cual uno de los procesados por peculado era Glas, y el magistrado que, el 19 de junio pasado, sobreseyó a los 18 procesados por peculado en el conocido caso helicópteros Dhruv. (I)

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