Debido a la masiva cantidad de pruebas que se manejarán bajo estricta confidencialidad, la Fiscalía estadounidense y la defensa del excontralor Carlor Pólit solicitaron conjuntamente que se posponga el juicio de jurado para mayo del próximo año. La jueza Kathleen M. Williams deberá decidir ahora si acepta el pedido presentado el viernes pasado.

La voluminosa cantidad de evidencias en contra del exfuncionario se entregó a la defensa el 20 de junio e incluye ocho memorias externas con documentos producidos por la plataforma Google; colaboración de Panamá y Curazao; la constructora Odebrecht; Microsoft, Inc.; los bancos Merrill Lynch, CitiBank, Barclays, y American Express, entre otros.

En el pedido se cita “no antes de finales de la primavera”, que sería en el mes de mayo de 2023. Anteriormente, la fecha tentativa que había fijado Williams era a partir del 18 de julio de este año para un juicio de jurado que duraría dos semanas.

La solicitud fue presentada por Howard Srebnick, con el acuerdo de los fiscales, en el proceso que se sigue contra Pólit Faggioni en Miami por lavado de activos y negociaciones con propiedades de origen ilícito. En el caso se citan los sobornos recibidos por Odebrecht y se mencionan contratos de Seguros Sucre.

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Pólit se declaró “no culpable” a fines de mayo pasado, cuando contrató a Srebnick, y por ello debe presentarse ante un juicio de jurado.

La semana pasada, Williams también autorizó un pedido de la Fiscalía, acordado también con Srebnick, para proteger cualquier información sensible sobre el caso y que forma parte de la etapa de descubrimiento de pruebas al acusado y su defensa.

En el documento de la Fiscalía se explicó que la “información sensible” se declarará “Confidencial” y el manejo de esta información tendrá tres condiciones.

La primera es que el abogado defensor mantendrá esta información en “estricta confidencialidad” y solo podrá revelarla a su cliente, asistentes, testigos y otros solamente si considera que es necesario. La segunda es que el defensor informará a cualquier persona que vaya a tener acceso a esta información sobre esta orden judicial de restricción. Y la tercera es que una vez que sean revisadas, estas evidencias deberán ser destruidas o devueltas a la Fiscalía de Estados Unidos.

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La postura de la Fiscalía, que recordó que el caso se relaciona con sobornos por $ 10 millones, se sustentó en que la cantidad de “información sensible” es tan grande que sería imposible redactarla.

Mencionó entre las evidencias cientos de miles de páginas de correos electrónicos del Pólit y sus asociados; documentos de decenas de cuentas bancarias del excontralor y sus relacionados; documentos proporcionados por Odebrecht y otros que han entregado testigos confidenciales al Gobierno de Estados Unidos.

El excontralor general del Estado huyó a Miami y fue detenido en esa ciudad el 28 de marzo pasado. Le otorgaron fianza después de que varios miembros de su familia pusieran como garantía una decena de bienes cuyo valor en el mercado llega a los $ 11 millones y firmara un aval por $ 14 millones.

En Ecuador ya fue condenado por haber pedido sobornos a Odebrecht, cuyo principal en Ecuador, José Conceição Santos, señaló que había entregado $ 10,1 millones a Pólit para que desvaneciera glosas en contra de la compañía. En su condena se fijó que debía pagar $ 40,4 millones al Estado ecuatoriano. (I)