El juez de la Corte Constitucional (CC) Alí Lozada Prado reaccionó públicamente, en la red social X, tras la publicación de este Diario sobre el informe de la Contraloría General del Estado que detecta inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales.
En el caso de Alí Lozada Prado, la Contraloría General del Estado determinó inconsistencias en siete declaraciones patrimoniales analizadas entre 2020 y 2025, al identificar valores no justificados por más de $ 25.700, correspondientes a depósitos y acreditaciones en cuentas nacionales y en el exterior —incluido un banco de Chile— para los cuales no se presentó respaldo suficiente.
El informe también señala la omisión de una cuenta bancaria activa, falta de verificación en aportes a un fondo de pensiones en el extranjero y diferencias en registros de bienes, como una bodega no declarada de forma independiente.
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Aunque el magistrado presentó descargos atribuyendo los ingresos a actividades académicas, arriendos, transferencias y anticipos de compraventa, el organismo concluyó que en varios casos la documentación no permitió comprobar plenamente el origen de los fondos.
A través de su cuenta en X, el magistrado cuestionó que el documento haya sido filtrado a un medio de comunicación antes de que él reciba una notificación oficial.
“Exijan al señor contralor (...) que explique cómo es que la Contraloría filtra a un medio de comunicación un informe que no me ha notificado”, escribió, en referencia a Mauricio Torres, actual titular del organismo de control.
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El juez calificó el hecho como “demasiado grave” y sostuvo que interpela directamente a la máxima autoridad de la institución.
En un segundo mensaje, Lozada pidió revisar el contenido del informe más allá del titular. Aseguró que los montos observados son “ridículos” y que ha presentado documentación para justificar sus movimientos financieros.
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“La nota deja claro que he justificado documentalmente todo, pero a la Contraloría ‘le faltan papeles’ o ‘le faltan sellos’”, señaló.
Estas declaraciones surgen luego de que se conociera que Contraloría, tras un examen especial a siete declaraciones patrimoniales, identificó valores no justificados por más de $ 25.000 en cuentas bancarias dentro y fuera del país, y que el caso fue remitido a la Fiscalía General del Estado para su investigación.
El informe también determinó inconsistencias en las declaraciones del juez José Luis Terán, por montos superiores a $ 70.000, además de omisiones en cuentas bancarias y otros activos.
Ambos casos forman parte de exámenes especiales realizados a declaraciones patrimoniales juramentadas de funcionarios públicos, en los que la Contraloría analiza la coherencia entre ingresos, movimientos financieros y evolución del patrimonio.
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(I)
