El 16 de mayo de este 2026, Álex Naim Saab Morán fue deportado por Venezuela a los Estados Unidos. El empresario colombiano, exministro y conocido como testaferro del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, es sospechoso de incurrir en conspiración, lavado de activos y enriquecimiento ilícito en nueve países, entre ellos Ecuador.
En Ecuador, algunos de los jueces que tramitaron este caso en dos momentos diferentes han sido sentenciados por casos de corrupción.
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Saab se presentaba como representante de la empresa colombiana Fondo Global de Construcciones (Foglocons) con la que se dedicaba a importar desde Ecuador y Colombia materiales prefabricados para la Gran Misión Vivienda, un proyecto chavista destinado a la construcción de viviendas para las clases populares, de acuerdo con un reporte de BBC Mundo en 2024.
Según información de la Fiscalía General del Estado, Foglocons se constituyó en el país el 17 de octubre de 2012, con los accionistas Álvaro Pulido Vargas y Luis Sánchez Yánez, y en tres meses movió millones de dólares por exportaciones de planchas prefabricadas, materiales y acabados de construcción de viviendas a Venezuela.
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Foglocons vendió $ 159,9 millones en productos prefabricados a ELM Import S.A. de Venezuela. Sin embargo, registró pagos por $ 200.000 a sus proveedores por estos materiales.
Fiscalía detallaba en esa época que los productos tampoco fueron enviados a Venezuela, pero el dinero por el producto sí llegó a Ecuador a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre).
El Banco Central del Ecuador reportó 185 transferencias millonarias realizadas desde el 28 de diciembre de 2012 al 26 de marzo de 2013.
“Estos pagos se hicieron a través del Sucre desde el Banco Central de Venezuela a su similar en Ecuador y desde aquí se acreditaron a las cuentas de Foglocons en dos bancos ecuatorianos, y luego a dos cuentas de aquella en paraísos fiscales”, señala la institución.
En julio de 2013, la Fiscalía allanó las oficinas de Foglocons y recabó como indicios facturas y documentos comerciales relacionados con el posible lavado de activos.
El 22 de noviembre de 2013, en Guayaquil, la FGE formuló cargos contra tres personas por lavado de activos, entre ellas Pulido y Sánchez; y un juez ordenó el bloqueo de $ 57 millones de la empresa Foglocons y prohibió la enajenación de los bienes de la compañía y de los procesados.
Sin embargo, en julio de 2014, en la audiencia preparatoria de juicio, la jueza de la Unidad Judicial Penal, Madeline Pinargote, anuló el caso, y dispuso que se devuelvan los $ 57 millones a los representantes de dicha compañía.
El fiscal del caso, Peter Jácome, apeló el fallo en la Sala Penal de la Corte Provincial de Guayas, integrada por los entonces jueces Gabriel Manzur, Demóstenes Díaz y Olga Aguilera, pero en septiembre del mismo año ellos ratificaron la decisión de primera instancia.
La Fiscalía volvió a iniciar el proceso. La formulación de cargos, presidida por el juez Francisco Mendoza, se desarrolló el 30 de junio del 2015; el fiscal del caso fue Édgar Escobar. La instrucción fiscal se cerró en noviembre del mismo año.
Luego, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se desarrolló en enero del 2016 y en ella María Lorena Jaramillo Hidalgo sobreseyó a los acusados.
El fiscal Escobar apeló la decisión; este recurso recayó en la Sala Penal de la Corte de Guayas, esta vez integrada por los jueces Fabiola Gallardo, Johann Marfetán y Manuel Suárez. En febrero siguiente, ellos negaron la apelación.
Alrededor de este caso hay actualmente una nueva indagación previa que se derivó de la investigación que realizó en 2022 la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida en ese entonces por el fallecido legislador Fernando Villavicencio (+). Sobre aquella no se conocen detalles.
El destino de los jueces
Algunos los jueces que trataron el caso en sus dos momentos están presos o fueron sancionados disciplinariamente por corrupción.
El 1 de julio de 2015, el exfiscal general del Estado, Galo Chiriboga, formuló cargos contra los jueces que resolvieron y ratificaron la nulidad del caso por prevaricato.
El 5 de marzo de 2018, Madeline Pinargote fue sentenciada a tres años de cárcel por el delito de prevaricato y se dispuso el pago de una multa de diez salarios básicos, equivalente a $ 3.860; la Sala de Apelación de la Corte Nacional de Justicia ratificó esta decisión el 17 de mayo, tras negar el pedido de apelación de la exmagistrada. Ella se encuentra prófuga.
Pero se dictó el sobreseimiento a favor de los jueces Gabriel Manzur, Demóstenes Díaz y Olga Aguilera.
El 4 de julio de 2019, los jueces Suárez, Díaz y Aguilera, que para esa época integraban la Sala Penal de la Corte de Guayas, fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura (CJ), que determinó que incurrieron en error inexcusable al conceder un recurso de habeas corpus preventivo a favor de los hermanos Roberto y William Isaías, exaccionistas de Filanbanco. Suárez falleció en 2022.
Luego, en 2023, Manzur —que llegó a ser presidente de la Corte de Guayas— fue sentenciado por un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia a cinco años de cárcel por enriquecimiento ilícito. Él se encuentra prófugo.
Y el 3 de marzo de 2025, un Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional sentenció a Fabiola Gallardo y Johann Marfetán a trece años y cuatro meses de cárcel por el delito de delincuencia organizada, en el denominado caso Purga.
Gallardo está presa en la cárcel La Roca, en Guayaquil, y Marfetán, en la Penitenciaría del Litoral.
Sobre Álex Saab
El exministro de Maduro estuvo preso en los Estados Unidos entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, pero se benefició del indulto concedido por el exmandatario Joe Biden. Retornó a Venezuela y, en octubre de 2024, el expresidente Nicolás Maduro lo nombró ministro de Industria y Producción Nacional. Aunque fue destituido por la actual mandataria (e), Delcy Rodríguez.
Saab, de 54 años, se presentó este lunes en una corte federal de Miami, en la que enfrentará cargos de lavado de dinero, tras su deportación del sábado desde ese país.
El exministro de Maduro quien ya había enfrentado cargos criminales en Estados Unidos, fue acusado por el Distrito Sur de Florida de cargos relacionados con lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, ocultar y disfrazar el origen de fondos. (I)