La jueza de la Unidad Judicial Penal de Iñaquito María Daniela Ayala, quien está a cargo del caso Magnicidio FV, en el cual se investiga el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, fue suspendida de sus funciones, sin remuneración, por tres meses.
Así lo resolvió el Consejo de la Judicatura (CJ), con dos votos de los vocales Mario Godoy (presidente) y Yolanda Yupangui, y un voto en contra de Solanda Goyes, en una sesión extraordinaria de este viernes, 12 de septiembre de 2025.
La suspensión contra la magistrada penal se concretó tras una denuncia de la Fiscalía General del Estado (FGE) por una falta disciplinaria grave, contemplada en el numeral 1 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial.
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Además de la suspensión, la Judicatura dispuso a la Dirección Provincial de Pichincha que, bajo los principios de independencia judicial y celeridad, continúe con la tramitación de un sumario disciplinario en contra de Ayala.
La decisión del pleno del CJ se adoptó tras conocer un informe de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, que recomendó la suspensión de la jueza.
En el debate de este punto, la vocal Solanda Goyes cuestionó que la denuncia de la FGE no tiene sustento, ya que no especifica la agresión a la que habría incurrido la jueza Ayala en contra de la fiscal del caso, Ana Hidalgo.
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“Desde el punto de vista legal, no existe ninguna agresión de obra, por lo que queda sin efecto la falta grave por la cual se la tiene que suspender (...). Lo que corresponde es trabajar de forma técnica y no con tintes políticos”, dijo Goyes, aunque reconoció que sí hubo un exceso de la jueza Ayala al decir que la Fiscalía “no debe ser el brazo ejecutor del Gobierno”, ya que, agregó, la jueza debe guardar la imparcialidad y objetividad.
“Yo fui amiga de Fernando Villavicencio para la gente que me quiere vincular. Y por eso debemos llegar a la verdad y no por una presión debemos asustarnos”, agregó.
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Por su parte, la vocal Yolanda Yupangui sostuvo que la denuncia de la Fiscalía se enmarca en una infracción grave, por lo que “si está falseando a la verdad es asunto de él y se deberá aclarar cuando sea necesario”. “Pero ahora se está observando una falta de respeto y consideración por parte de la jueza”, precisó.
“Al momento de pedir la suspensión no se la está juzgando a la jueza, estamos poniendo una medida preventiva para que esto no vuelva a suceder. Es una medida de suspensión y no de sanción, solo es cuestión de tiempo y de esperar que las cosas se aclaren”, argumentó Yupangui.
Por su parte, tras votar a favor, Mario Godoy, presidente de la Judicatura, sostuvo que este no es el momento para emitir juicios de fondo, sino que se está atendiendo un informe de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario.
“No es momento para cuestionar los argumentos de la Fiscalía, en el transcurso del proceso investigativo se determinará si es responsable o no de la conducta (...). No sé de qué presión se habla, dejemos de politizar a la Función Judicial”, enfatizó el titular.
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La mañana de este 12 de septiembre, la jueza presentó un escrito a través del cual pidió que antes de que el pleno del Consejo de la Judicatura trate este asunto, pueda conocer el informe previo de la Subdirección de Control Disciplinario, así como la denuncia presentada en su contra, ya que desconoce su contenido y solo se ha enterado por medios de comunicación.
La denuncia de la Fiscalía General del Estado, firmada por el fiscal subrogante Wilson Toainga, se sustenta en la actuación de la jueza durante la audiencia de formulación de cargos del pasado 3 de septiembre.
En la diligencia, la magistrada penal de Pichincha cuestionó la actuación de la fiscal Ana Hidalgo, de la Unidad Investigativa Selecta Especializada contra el Lavado de Activos. Por ejemplo, criticó que “la Fiscalía no debía ser el brazo ejecutor del Gobierno de turno”.
Para la Fiscalía, durante la audiencia de formulación de cargos en contra de los procesados Xavier Jordán, José Serrano, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo, la magistrada “emitió opiniones y comentarios personales que se alejan totalmente de su rol y constituyen agresiones contra la representante de la institución".
Tras la suspensión de la magistrada, la Unidad Judicial Penal de Iñaquito deberá hacer un sorteo para designar a un nuevo juez para este caso.
La ahora jueza suspendida dispuso la medida cautelar de presentación periódica, una vez por semana, para José Serrano y Xavier Jordan, quienes deberán hacerlo en Miami, Estados Unidos, mientras que para Ronny Aleaga y Daniel Salcedo se determinó la medida de prisión preventiva. (I)
