El director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Julio Neira, recalcó que el trabajo que realiza la Superintendencia de Bancos con esa entidad es habitual, así como las notificaciones públicas a entidades bancarias.
Esto en referencia al pedido de información que realizaron esas instituciones el pasado martes, 5 de mayo del 2025, al Banco Guayaquil en el marco de la investigación a personas vinculadas al caso Encuentro. Así lo aseguró este viernes, 8 de mayo, en Teleamazonas.
“Públicas o no, la notificación ocurre siempre. Es importante que la ciudadanía entienda por qué se lo hace”, aseguró Neira.
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Hernán Luque Lecaro y Nain Massuh son dos de las personas cuyos movimientos financieros serán objeto de revisión en el periodo comprendido entre enero de 2021 y diciembre de 2024 por actividades consideradas sospechosas dentro del sistema financiero nacional.
Neira aseguró que en redes sociales se está tergiversando la información. “El sujeto (Hernán Luque) que esté siendo procesado y extraditado desde Argentina fue un servidor de esa institución (Banco Guayaquil), que luego fue un servidor público. Esa es la conexión entre los dos y por eso hay que hacer el pedido de información”, agregó el director de la UAFE.
El caso Encuentro investiga una presunta red de delincuencia organizada y corrupción en empresas públicas entre 2021 y 2023, en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso.
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La trama central gira en torno al presunto cobro de sobornos y la venta de cargos públicos en entidades estatales, mediante una estructura orientada a colocar personas afines en empresas del Estado a cambio de presuntos beneficios económicos.
“En el país necesitamos tener más transparencia. No es el primero que notificamos. La UAFE siempre lo ha hecho”, comentó Neira. Además, aseguró que no existe una motivación política. “La motivación es técnica, porque cuando asumí la UAFE o el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) eran instituciones precarias”.
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Nuevo decreto ejecutivo contra la corrupción
El funcionario estatal también se refirió al nuevo Decreto Ejecutivo 377, emitido el pasado 7 de mayo por el presidente Daniel Noboa. En este se asignó una nueva atribución a la Secretaría General de Integridad Pública para que recepte denuncias por posibles actos de corrupción.
“Esto es resultado directo de la cooperación internacional de los Emiratos Árabes Unidos. Recordemos que en febrero el presidente firmó en Abu Dabi una cooperación donde nos dieron un software con inteligencia artificial para el seguimiento de alertas”, destacó Neira.
José Julio Neira resaltó que la secretaría necesita un grupo enfocado en darle seguimiento a cada alerta en todos los ministerios, secretarías y empresas públicas. Asimismo, cuando lleguen a Fiscalía o Contraloría, “tengamos la capacidad de que cada alerta tenga su propio seguimiento y empuje”.
Adicionalmente, aseguró que la raíz de la corrupción es “la precariedad de la tecnología” que ha venido utilizando el país por años y “no tiene un control específico”. (I)
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