El secretario de Integridad Pública y director del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), José Julio Neira, informó que las auditorías a los contratos de la empresa municipal Segura EP evidenciaron varias alertas que motivaron la suspensión de un proceso de contratación de seguridad en Guayaquil.
En una entrevista con Teleamazonas, Neira explicó, este 25 de febrero, que el contrato observado fue adjudicado en diciembre de 2025 por un monto cercano a los $ 17 millones y que actualmente se encuentra bajo revisión técnica y legal. Según señaló, estas inspecciones se realizan amparadas en la Ley de Contratación Pública.
“La raíz de estas inspecciones es la Ley de Contratación Pública, que nos permite hacer inspecciones in situ para verificar que el contratista cumpla con los requisitos del contrato”, manifestó Neira.
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Entre las principales irregularidades detectadas, el funcionario mencionó problemas relacionados con el uso de armamento, el cumplimiento de obligaciones laborales y requisitos técnicos del proceso.
“Las armas que iban a ser utilizadas por los guardias no estaban registradas en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas”, señaló.
Además, indicó que se encontraron inconsistencias en la situación laboral del personal contratado.
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“Los trabajadores no estaban afiliados al IESS y no cumplían con los requisitos establecidos por el Ministerio del Trabajo”, afirmó.
Neira añadió que, pese a que existían falencias técnicas dentro del proceso, el contrato fue adjudicado, lo que encendió las alertas del organismo de control.
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Con base en estos hallazgos, el Sercop dispuso la suspensión del contrato y, semanas atrás, se realizó una intervención en las oficinas de Segura EP. En paralelo, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa por un presunto acceso indebido a información reservada, acusación que ha sido negada por la empresa municipal.
El secretario rechazó que estas acciones respondan a motivaciones políticas y aseguró que los controles se aplican a contratos de entidades públicas en todo el país.
“Estamos auditando los procesos de contratación pública para evitar que el dinero de los ecuatorianos vaya a compañías que no cumplen con los requisitos”, sostuvo.
En ese contexto, Neira indicó que las inspecciones no se limitan a Guayaquil y que, en provincias como Pichincha, varias empresas de seguridad privada también han sido suspendidas tras los controles del Sercop.
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(I)
