En marzo del 2023, Jorge Gonzalo Guamán Coronel culminará dos periodos seguidos de gestión al frente de la Prefectura de Cotopaxi. En entrevista con Diario EL UNIVERSO asegura que el proceso penal por el delito de delincuencia organizada del que es parte él y nueve personas más, desde el 29 de julio pasado, responde a un tema político y a la cercanía de las próximas elecciones seccionales del 5 de febrero próximo, en las que correrá para la Alcaldía de Latacunga, capital provincial de Cotopaxi.

Guamán es un político de 57 años de origen indígena que es miembro activo del movimiento plurinacional Pachakutik (PK). Además, es uno de los nombres importantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) en la provincia de Cotopaxi.

En la causa por delincuencia organizada, Guamán sostiene estar abierto a cualquier investigación; adelanta que no encontrarán nada irregular en su comportamiento o el de su familia, y pide que el proceso de investigación sea independiente y alejado de presiones que buscan bajar el perfil que tiene luego de ocho años de obras.

Ha pasado una semana desde que se le formularon cargos por el delito de delincuencia organizada. ¿Cómo analiza que sea investigado por ser parte de una organización delictiva que aprovechaba a funcionarios en diversos cargos en instituciones públicas y amistad con ciertas autoridades de la provincia con la finalidad de facilitar la obtención de contratos a empresas ya definidas, mediante acuerdo previo con personas relacionadas con esas empresas a través de la entrega de dinero u otro mecanismo de beneficio?

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Lo que puedo decir es que todas las instituciones tienen el deber y el derecho de cumplir, de hacer seguimientos, la fiscalización, como son la Fiscalía y la Contraloría. La forma y el medio como lo hacen ya es otro tema. Yo como prefecto de Cotopaxi siempre he respaldado y respaldaré la iniciativa del conocimiento, de la investigación responsable de la situación que quieren conocer de la gestión pública de instituciones públicas. Lo que me sorprende es la forma en como han hecho de tener más de 870 días, que han intervenido, que han hecho el seguimiento. No creo que merezca eso la provincia o el prefecto, no siendo un colectivo que hayamos dado motivos negativos para que en semejante tiempo apliquen, semejante tiempo que oculten, y ahora después de tanto tiempo puedan intervenir.

¿Rechaza que se lo vincule a usted con esta organización delictiva o rechaza que haya existido una estructura de esa naturaleza dentro de la Prefectura de Cotopaxi?

(...) Me sorprende. Fácilmente lo cogen y dicen: “Una organización”. Para tener una organización hay que tener bases, algunos elementos con los cuales tiene planes, programas, fines, objetivos. Entonces, vinculan fácilmente que yo soy la cabeza de esta organización. No creo que merezco ser tratado ni calificado, puesto estos adjetivos para poder identificar. Puede haber algún inconveniente administrativo, pero yo no he organizado para hacer un tema inadecuado, yo no he organizado a la gente para hacer una práctica que no es conveniente.

Queda claro que rechaza que se lo vincule con esta organización delictiva, pero podría haber existido una estructura de este tipo en el interior de la Prefectura. ¿Pudo haber operado a espaldas suyas?, ¿tomó su nombre, quizá el de su familia?

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No. En estos 96 meses que he sido prefecto descarto completamente esto. No puede haber, porque he estado de cerca, conduciendo yo, planificando mensual y anualmente, haciendo bien las tareas, corrigiendo ciertas cosas. Entonces, no puede haber una organización (delictiva) ni por los lados ni por delante. No puede existir. Eso lo descarto, al menos en mi función como prefecto de la provincia.

Contraloría General observó la gestión de Jorge Guamán en la Prefectura de Cotopaxi

¿Conocía que usted y su administración eran investigados por la Fiscalía por una denuncia de marzo de 2020 por supuestas irregularidades que ocurrían en la Prefectura de Cotopaxi?

En su momento, luego de tener alguna información por el tema del COVID-19, aparentemente vincularon ahí alguna situación con la gestión mía en el tema de emergencia, por ejemplo, por comprar algunos elementos químicos para la fumigación, tener que comprar unos tractores fumigadores, tener la compra de raciones... Había algunas personas que reaccionaron e hicieron la denuncia. Después, esas denuncias las mandaron a la Fiscalía. Eso lo conocía y lo sabía, pero los denunciantes nunca aparecieron, curiosamente; abandonaron eso. Pero yo he estado evacuando responsablemente estas denuncias. Seguramente a raíz de eso tomaron esto, no sé con qué interés tomaron, tanto tiempo de investigar, no sé cuál haya sido el interés. Eso solo la Fiscalía lo determinará. La Fiscalía dirá la verdad.

Luego de un largo tiempo de seguimientos a actividades, contactos, llamadas y transacciones, la Fiscalía a usted lo ubica en la parte alta de esta estructura investigada, con el pseudónimo de Jefe; y, como segundo a bordo, al director de Compras Públicas de la Prefectura, Pablo Velásquez, quien tendría el pseudónimo Pablo.

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Entendemos que tuvieron el interés absoluto, el enamoramiento al Gobierno Provincial de Cotopaxi para aquí hacer el seguimiento. Regularmente, lo que uno conoce, las investigaciones se hacen en seis meses o máximo un año. Pero aquí no ha ocurrido eso. Entonces, ¿qué pasaría?, ¿qué dedicación tendrían hacia la gestión que estoy haciendo como prefecto? Sospecho, porque con evidencias que me dijeron algunos amigos que en su momento conversamos, decían que en 2019 ya querían vincular con la paralización de octubre. Buscaron las formas de vincular al prefecto de Cotopaxi. No encontraron por ningún lado; las investigaciones no les dieron. Y, entonces, a raíz de eso, entiendo que toman una decisión unilateral. No sé si ahora en la defensa vamos a exigir quién le autorizó (a la Fiscalía) el pinchazo al teléfono mío y de algunos directores. (...) Yo no tengo nada que esconder. Si me ponen el nombre de Jefe, de Coordinador, de cualquier cosa que sea, ya será seguramente por el interés que la Fiscalía puso. (...) Solamente escuchando mi voz ya en los audios captados de los teléfonos, escuchando mi voz, día, hora y fecha, diremos algo; pero hasta la fecha no hemos escuchados mi voz, solo la lectura de la señora fiscal de la transcripción de los audios que han sido pinchados, y ahí no aparezco en ningún momento, en que yo haya ordenado o haya dicho alguna situación irregular para la administración pública.

Que este procesamiento penal es parte de una persecución política ha dicho usted. ¿Quiere decir que la persecución viene desde el 2019 para relacionarlo con las protestas de octubre; pero, al no tener nada, recién ahora, luego de las protestas de junio de 2022, pueden conseguir algo en su contra?

Hay algunos elementos para pensar así. Primero. Hay politiqueros a los que les molesta todo, y aquí en la provincia han estado hablando que 20 años de PK, los mismos de siempre. Han hecho una campaña sucia e inclusive caminando comunidad por comunidad, dividiendo a nuestras bases. Segundo. El tema de la movilización de 2019 obviamente lo pusieron en la investigación, pero no lo lograron. Tercero. Lo pusieron también ahora en el 2022 el tema de cuál era el rol del prefecto (en las movilizaciones); estuvieron atrás, y yo sentí perfectamente que pusieron a la inteligencia atrás y ya sentí el pinchazo al teléfono (...). Cuarto. Todo empata con las primarias. Ah, entonces esperaron dos años y medio, justo hicieron coincidir con las primarias de cada partido; entonces sacaron todo este tema que tenían guardado. Esa es la conclusión de los dirigentes, esa es la conclusión que tenemos en este momento. (...) Decimos que esta sí es una situación politiquera, sí es de interés de los partidos, de los politiqueros que no tienen más que decir, que tienen que de alguna manera bajar la imagen de la persona que, en este momento, creo que poseo un buen sentimiento en Cotopaxi.

Usted decía que tiene ocho nombres en la cabeza de quienes están detrás de todo esto, e incluso fechas en las que se han hecho las cosas en este caso en Quito. ¿Por qué no decir públicamente sus nombres y las razones para haber iniciado este proceso penal contra usted? ¿Los contrademandará?

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Por respeto a sus familiares, por delicadeza y por respeto aún no voy a decir los nombres. Sí sé exactamente de dos extrabajadores del Gobierno Provincial a los que yo di la mano, pero que por malos empleados fueron despedidos. Demandaron en los espacios legales; ganaron en primer momento y después apelamos; ganamos, y es la revancha que en este momento ha llevado a eso, apoyados por un agente de la provincia de Cotopaxi, que reservo el nombre y las cosas que con él conversamos. Juntaron estos tres elementos, se juntan cuatro actores cercanos de un partido político que va a ser candidato en la provincia de Cotopaxi, y en su momento lo diré, y llegan a uno de los legisladores de un partido político. Ahí ya juntan esta idea; entonces, ahí hacen toda una campaña que empezó agresivamente a mediados de enero pasado. (...) Vamos a seguir investigando y en su momento lo vamos a decir. Y, de hecho, vamos a superar este tema, y ya en un futuro pensaremos. No estoy con enojos, no estoy con revancha.

¿Esos dos exfuncionarios de los que habla son los mismos que rindieron versión en este caso, lo que la Fiscalía usó como elemento de convicción en la formulación de cargos: Carlos Barbosa y Érica Quevedo?

Exactamente. Yo me baso en los documentos, yo me remito a las pruebas, no me remito a las redes sociales o las noticias empaquetadas, recalentadas y mentiras. Leyeron eso (versión); eso está ratificado, y hay otros elementos que yo tengo de esas personas. Nada agradables han sido esas personas en nuestra institución; también tienen ciertas cosas que responder.

Si bien ustedes tienen cosas que decir de esas personas, ellas también hablan de irregularidades en el ingreso de personal a la Prefectura, de concursos que estaban arreglados, del cobro de dineros por maquinarias a trabajadores de la Prefectura...

Mutuamente podemos hacer probar. Nosotros vamos a decir la verdad. Si ellos tienen que probar, yo también voy a probar, y no solamente el paso de ellos aquí en la institución. Ellos tienen paso por otras instituciones. Sus antecedentes afirmarán de dónde y cómo provienen estos elementos.

¿Quizá ya han entregado información de descargo frente a estas acusaciones?

Aún no. Nosotros estamos preparando nada más todo el tema de lo que tenemos que ir complementando, apoyando todo lo que es la investigación. (...) Yo cooperaré con todo lo que tenga que cooperar en la investigación del caso. Solo espero que no me hagan cuadernillos, solo espero que no construyan cuadernillos y que presionen a alguna gente que pueda hacer la ratificación de esos cuadernillos. Hay gente, tenemos amigos y han dicho: “Prefecto, tendrá cuidado, porque hay alguna gente a la que le gusta hacer manuscritos, hacer cuadernillos; y eso sí, con algún chantaje, le pueden estar teniendo algunos elementos”.

Dentro de la investigación de esta organización delictiva se habría definido la existencia de otro tipo de delitos que tendrían que ver con el cobro de dineros a funcionarios de la Prefectura. Incluso, Érica Quevedo en su versión asegura que se le cobró dinero que decían que iba para la organización política del prefecto...

Esto es una normativa que tenemos en nuestro movimiento PK. Estatutos, reglamentos... El código nuestro de PK determina que toda autoridad de elección popular y de nivel jerárquico debemos contribuir al funcionamiento de nuestro movimiento. Esos estatutos están aprobados por el Consejo Nacional Electoral y así hemos procedido a lo largo de 20 años.

¿Esos dineros quedan registrados como aporte voluntario para el movimiento?

Esos dineros están depositados en las tesorerías del movimiento Pachakutik. Están y lo vamos a demostrar; quiénes y con cuánto colaboraron. Eso está sujeto para demostrar que no me pongan en el mismo saco con el mismo adjetivo de que son diezmos. Esos son cooperación que tenemos en la praxis de 20 años en nuestro movimiento. Así hemos colaborado y nosotros cumplimos con la normativa.

Pero, si bien es cierto que Quevedo afirma que se le dijo que era un aporte para el movimiento político, Martha Toaquiza, otra de las procesadas en el caso por delincuencia organizada, le hizo firmar a ella un documento de autorización en el que se justificaba el descuento del 5 % como aporte para un club que nunca existió...

Eso es lo que la señora Quevedo tiene que probar. No es que, porque ella habla, ella ya tiene la verdad. Entiendo que la ley va a escuchar a los dos lados cuando se dé la audiencia. No creo que la señora Quevedo tenga ese privilegio, porque está en este momento protegida; no creo que solamente por eso va a tener la verdad. Aquí vamos a decir las verdades. Ella demostrará y nosotros también.

¿Conoce a los contratistas y representantes de empresas que están siendo procesados junto con usted?

No los conozco. A lo largo de 96 meses que he sido prefecto, he llevado una administración con resultados. Tengo no solamente tres obras que ahora han sido identificadas; tengo más de 80 obras viales, solo en obras viales. (...) Los procesos de contratación pública se hacen a través de las respectivas direcciones. Hay una comisión que revisa antes de hacer una forma correspondiente del proceso que puedo firmar, la dirección, lo jurídico asumen, revisan toda la documentación de los contratistas, y obviamente el Sercop está de cerca acompañando este proceso. Y el que gana, gana. Yo al menos no tengo ningún conocimiento. La mayoría de los contratistas no los conozco, y no lo sé.

¿Cuáles son las tres obras en Cotopaxi en las que se estaría investigando la posibilidad de un ilícito en este caso?

No lo sé exactamente. Como tengo más de 80 obras, no sé si son obras que sonn terminadas, que están en construcción. Son tres obras; más o menos los rubros estarán por 1 millón 100 mil dólares, más o menos, así están las tres obras nada más. Seguramente esas tienen identificadas o como referentes tendrá, o los contratistas que ganaron esas obras a lo mejor tienen adversarios que otros querían ganar. Es el mundo de la competencia.

¿Tiene claro que en este caso las investigaciones también podrían extenderse a familiares cercanos (su hija, su esposa)? Ciertos nombres serían parte de las interceptaciones telefónicas hechas dentro de la investigación previa...

Seguramente investigarán; no tenemos los celulares. Entiendo que todos los celulares de mi familia fueron pinchados. Seguramente presentarán, si las tienen, las conversaciones que hayan tenido o no; no lo sé. Todos los celulares se llevaron y seguramente están revisando uno por uno. Transcribirán, conoceré, van a leer, pero de forma formal yo diría que no van a encontrar un tema así vinculante o comprometedor. Hay normas, procedimientos de mi esposa, mis hijas, mi familia, así que para que digan: “Esto deposite, esto arreglemos”, ese tipo de léxico, ni conversaciones no lo van a encontrar.

Desde marzo de 2020 la Fiscalía investigaba a una ‘organización delictiva’ que operaba desde la Prefectura de Cotopaxi

La mayoría de procesados reporta inconsistencias en las declaraciones al Servicio de Rentas Internas y los movimientos bancarios. Se habla de que funcionarios de la Prefectura de Cotopaxi hoy investigados compraron departamentos y oficinas costosas en Quito y Guayaquil, y esos hechos no cuadran con sus ingresos. ¿Conocía usted esto?

No, para nada. En la lectura que hicieron en la primera audiencia dijeron que han tenido alguna casa, algún departamento, pero de algunos funcionarios que dicen que tienen de antes de ingresar como servidores públicos; entonces, los tiempos no cuadran. (...) Si tienen que justificar, tienen que justificar. Pero nunca dijeron en la audiencia que tienen $ 1 millón, $ 2 millones; no lo leyeron y no lo va a haber. Hay algunas inconsistencias, creo yo, en declaraciones. No sé por qué no lo hicieron cuando fueron funcionarios del Gobierno Provincial (de Cotopaxi). Debieron hacerlo; seguramente lo harán.

¿Existen quizá falencias o equivocaciones de la Fiscalía en la investigación?

Yo creo que se les fue la mano, muy exageraditos han venido. Yo creo que alguna dedicación tienen. Yo públicamente digo: deben respetar para respetar; mutuamente respetemos. No es posible que semejante tiempo demoren. ¿Cómo hacen coincidir con las primarias que están por empezar? ¿Cómo así pincharon el teléfono, y no sé si con autorización de los jueces? Quisiera escuchar mi voz, si la tienen, o la de mi hija o de mi esposa o de algún colaborador, algo, con palabras o mensajes comprometedores. Eso no va a existir. (...) El costo político, el costo de ser popular, creo que estoy pagando este derecho de piso con la forma como están haciendo.

De diez exámenes que habría realizado la Contraloría General a su administración, al menos en dos existirían informes de responsabilidad penal (IRP) o la presunción de que se cometieron delitos contra la Administración pública. ¿Cómo avanzan estos temas, ya que estarían ya en la Fiscalía?

Me dicen que tengo indicios de responsabilidad en la Contraloría. No tengo nada y no sé de dónde me sacan. No sé quién tiene el interés de seguir con lupa a Jorge Guamán Coronel.

¿No ha sido informado de estos temas?

No tengo ningún conocimiento. El prefecto debería conocer, debería tener la notificación, debería haber sido comunicado para leer el borrador. Acaso que la Contraloría investiga y enseguida manda a las situaciones penales.

Desde la Contraloría se habla de posibles irregularidades administrativas en la contratación de obras, bienes y servicios en la elaboración de su presupuesto institucional entre el 2014 y el 2021; del uso de maquinaria sin control; inconsistencias en procesos contractuales, precontractuales y de fiscalización en obras viales, de riego y otras, entre otros temas. Entonces, ¿no conoce de nada de esto?

No, no tengo ninguna notificación oficial. Estamos en el proceso de aún seguir los pasos correspondientes en la investigación de los famosos kits alimentarios. Tres casos creo que ya fueron archivados, porque los denunciantes desaparecieron, nunca aparecieron a las audiencias. (...) De la Contraloría no tengo absolutamente nada. (I)