Jorge Glas y Augusto Verduga comparten al mismo abogado en los procesos judiciales que enfrentan

En los procesos judiciales que actualmente enfrentan el exvicepresidente Jorge Glas y el exconsejero de Participación Ciudadana Augusto Verduga los representa el mismo abogado: Andrés Villegas. Villegas defiende a Glas en el caso Reconstrucción de Manabí, que actualmente está en etapa de juicio y a la espera de obtener una sentencia. Y respecto de Verduga ejerce su defensa en el caso Ligados, que se encuentra en etapa de instrucción fiscal. Villegas es abogado, graduado en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Es también especialista en ciencias penales y criminología, magíster en Ciencias Penales y Criminología de la Universidad de Salamanca, según consta en el sitio web del estudio jurídico Vinario Legal. Además es especialista en terrorismo, corrupción y crimen organizado por la Universidad de Salamanca, donde obtuvo un doctorado. En su experiencia figura que fue director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Industrias y Productividad. También se desempeñó como fiscal de lo Penal del Guayas y juez de Garantías Penales.Además ejerce la docencia como profesor titular en la Universidad de Guayaquil.En tanto, sus defendidos por ahora enfrentan etapas distintas dentro de los procesos judiciales que se siguen en su contra.En el caso de Glas, si el Tribunal de Juzgamiento del caso Reconstrucción de Manabí lo declara culpable de peculado, sumará su tercera condena por un delito de corrupción.En esta causa penal ya se hizo la audiencia de juzgamiento y se espera la decisión de los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Javier de la Cadena respecto de si aceptarán o no el pedido de la Fiscalía General de condenarlo a trece años de cárcel. También está procesado el exsecretario del Comité por la Reconstrucción de Manabí.La lectura de la sentencia será el 30 de junio, según anunció la jueza Caicedo la tarde del pasado 22 de junio.Mientras, Verduga es procesado, junto con otras seis personas, por el delito de presunta asociación ilícita ocurrida al haber intervenido en la planificación de una estrategia para controlar instituciones del Estado y beneficiar al movimiento de la Revolución Ciudadana mediante el control de la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura (CJ), entre otras. (I)

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