La defensa del exvicepresidente Jorge Glas emitió un comunicado en el que niegan cualquier relación con los chats implicados en el caso Metástasis en los que se insinúa un pago por su libertad.
“Es crucial destacar que (Leandro) Norero fue asesinado el 3 de octubre de 2022, mientras que el señor Glas salió de prisión el 28 de noviembre de 2022, desmontando cualquier legación de connivencia. Esta situación es presentada como parte de una campaña de desprestigio y criminalización mediática, sin una vinculación formal probada”, dice el equipo de defensa de Glas, representado por el bufete Juscogens y coordinado por los abogados Christophe Marchand y Sonia Vera.
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Los abogados denuncian una falta de respuesta de medios, como Ecuavisa, ante solicitudes de réplica a los contenidos difundidos, lo que les está dificultando “una defensa justa y promoviendo la desinformación”.
Asimismo, la defensa de Glas menciona en la misiva que presuntamente para vincular a Glas en el caso Metástasis se planea examinar un computador obtenido en un allanamiento.
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“El señor Glas ha negado rotundamente la propiedad o el uso de dicho ordenador. Como medida preventiva, se ha obtenido una copia de seguridad del doctor (Juan Francisco) Ospina, exdefensor de la señora (Soledad) Padilla, para contrarrestar cualquier posible implantación ilícita de información en el equipo y asegurar la transparencia del proceso”, apuntan.
En el mismo comunicado, explican sus presuntas preocupaciones sobre la equidad y la imparcialidad que consideran existe en el sistema judicial ecuatoriano.
Sobre la negativa de prelibertad que recibió Glas, el pasado 28 de diciembre, dicen sus abogados que se dio bajo cuestionables criterios de evaluación.
“El señor Glas ha cumplido más del 60 % de su condena y ha obtenido dos maestrías y se ha matriculado en un doctorado. Recibiendo una calificación de 2,8/10. Esta decisión se contrasta notablemente con las calificaciones otorgadas a reclusos como Rasquiña y Júnior, líderes de bandas delictivas, quienes recibieron calificaciones de 8,5/10 y 6,12/10 respectivamente, y accedieron a la prelibertad”, comenta.
Los abogados exponen que las razones para esta negativa incluyen una calificación baja en el informe del Equipo Técnico de Evaluación y Diagnóstico del Centro de Privación de Libertad, que penalizó a Glas por no participar en actividades grupales en prisión.
“Este criterio es especialmente discutible dado que el señor Glas recibió más de70 amenazas de muerte y vivía en un aislamiento forzado por razones de seguridad y salud, lo que le impedía la participación en dichas actividades. La defensa nacional ha apelado esta decisión”, refieren.
En el caso Reconstrucción de Manabí, por el que enfrenta un juicio y pedido de prisión preventiva ordenada el 5 de enero de 2024, por su rol de presidente del Comité de la Reconstrucción y Reactivación Productiva de Manabí, la defensa dice que el proceso está marcado por la ausencia de la autorización de la Asamblea Nacional para el enjuiciamiento penal y la previa recusación del juez por parte de Glas.
Estos hechos dicen que “levantan cuestionamientos sobre la parcialidad y posibles motivaciones políticas en el proceso. Dicen que “la falta de acusaciones similares contra otros miembros del comité, a pesar de que todas las decisiones se tomaron unánimemente, refuerza estas dudas, insinuando un enfoque desigual y políticamente motivado”.
En tanto, Glas permanece desde el 17 de diciembre en la Embajada de México en Quito, país al que ha solicitado asilo político. (I)