Se inicia análisis de ley urgente de incentivos tributarios por donación de viviendas de interés social

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, este 11 de marzo de 2026, inició el tratamiento del proyecto urgente que crea incentivos tributarios a quienes donen viviendas de interés social con el objetivo de reducir el déficit de vivienda en el país. La mesa legislativa presidida por la oficialista Valentina Centeno (ADN) avocó conocimiento del proyecto planteado desde el Ejecutivo y estableció el cronograma del trámite de la propuesta, que incluye comparecencias tanto de los funcionarios del Gobierno como de los sectores productivos del país.Según lo establecido, el próximo lunes 16 de marzo la mesa de Desarrollo Económico tiene previsto aprobar el informe para primer debate luego de recibir y procesar las observaciones.En el primer día de tratamiento del proyecto, la Comisión recibió al secretario jurídico de la Presidencia de la República, Enrique Herrería, quien explicó el alcance de la reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno para incentivar la construcción de viviendas de interés social y reducir el déficit habitacional. Herrería destacó que existe conexidad y unidad de materia en la propuesta del Ejecutivo y que es evidente el déficit habitacional que tiene el Ecuador. Dijo que es un proyecto que se inserta en disposiciones constitucionales legales, que va a permitir que las personas que tienen condiciones habitacionales deprimidas, malas condiciones o que no tienen, pueden acceder a recibir una vivienda gratuita, sin costo alguno para el ciudadano.Indicó que es un proyecto agresivo de recibir inversiones en el país que va a generar plazas de trabajo, y las plazas de trabajo van a permitir que las personas tengan un ingreso predecible.El funcionario manifestó que es evidente que al déficit habitacional que tiene el Ecuador ha habido un crecimiento exponencial de esta grave situación, producto de una etapa invernal que está resultando algo insólita en el país y que está causando un terrible daño, no solamente en la región Litoral. Destacó que a través de la construcción hay una multiplicidad de vertientes de trabajo, y eso va a ayudar a que haya circulación de capitales. A eso se adiciona que los contribuyentes ecuatorianos que están en la posibilidad de hacer estas donaciones para lograr una excepción tributaria obtengan hasta un 30 % de lo que deben pagar por impuesto a la renta. Y si a esto lo adicionamos, añadió Herrería, la posibilidad de que venga inversión desde afuera, “creo que el país podrá vivir para los próximos meses y años, que sería lo deseable, un crecimiento en todos los órdenes de la economía”, afirmó.Herrería dijo que aún no se ha realizado un estudio de un impacto sobre la aplicación del proyecto, pero que a partir de 2027 se podrá determinar el volumen de viviendas sociales que se construyeron en el 2026; pero indicó que ya existe información de que hay empresas interesadas en este tipo de proyectos. Para este jueves, 12 de marzo, está previsto recibir al ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque. La propuesta del Ejecutivo determina que los contribuyentes que realicen donaciones a favor del ente rector de hábitat y vivienda tendrán derecho a una rebaja del impuesto a la renta causado en el ejercicio fiscal en el que se perfeccione la donación equivalente al 100 % del valor donado, con un límite máximo del 30 % del impuesto causado, sin derecho a devolución.El incentivo propuesto establece límites al gasto tributario, tiene carácter temporal y será evaluado periódicamente, garantizando su aplicación en concordancia con la sostenibilidad de las finanzas públicas.Las donaciones consistirán en viviendas de interés social y deberán cumplir con los parámetros de precio máximo, superficie construida, estándares de construcción y demás requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social y en la normativa sectorial vigente. El cumplimiento de dichos parámetros será verificado por el ente rector de hábitat y vivienda.La reforma propuesta incentiva la inversión privada en la producción de vivienda de interés social, con el objetivo de ampliar la oferta de soluciones habitacionales y atender de manera eficiente la demanda existente. De acuerdo con la información proveniente del Censo de Población y Vivienda 2022 del INEC, el déficit habitacional cuantitativo (esto es, la necesidad de construir nuevas viviendas para cubrir la demanda efectiva de los hogares) alcanzó 727.689 viviendas a nivel nacional.Según la propuesta del Ejecutivo, esta situación se vuelve crítica cuando el déficit habitacional estructural se agrava por la ocurrencia de eventos climáticos adversos que afectan directamente a las viviendas. En el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2025 y el 4 de marzo de 2026 se reportaron 2.687 eventos adversos de origen natural o antrópico que generaron afectaciones o destrucción de viviendas a nivel nacional. Entre los eventos más recurrentes se registran incendios estructurales, inundaciones, deslizamientos y colapsos de infraestructura, todos ellos inciden directamente sobre la integridad del parque habitacional. Como resultado de estos eventos, 65.945 viviendas resultaron afectadas y 1.553 viviendas fueron destruidas, impactando a 232.282 personas en todo el territorio nacional.El Gobierno en su justificativo señala que el uso de incentivos tributarios para promover la participación del sector privado en la provisión de vivienda social responde a una lógica económica clara, en la que la generación de soluciones habitacionales es asumida, en parte, por la inversión privada, reduciendo así la presión sobre el gasto público. Al mismo tiempo, estos mecanismos contribuyen a ampliar la oferta de vivienda mediante la incorporación de recursos que no provienen del presupuesto del Estado.Además aclara que la adopción de este tipo de mecanismos no implica una sustitución del rol del Estado en la política de vivienda, sino una ampliación de las herramientas disponibles para enfrentar el déficit habitacional dentro de un contexto de presión fiscal. En lugar de depender exclusivamente del gasto público directo, la política económica puede incorporar incentivos que alineen a la inversión privada con objetivos de interés social. (I)

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