Ecuatoriana de Granos, Ecuagran, empresa que adeuda $ 63 millones a sus acreedores, habría alterado sus estados financieros, tenía un inventario con $ 3 millones de productos faltantes y se endeudó en la bolsa de valores para pagar facturas cuando no podía usar ese dinero. Incluso, durante la pandemia -entre marzo y junio del 2020- hizo nuevas transacciones.
Estas son algunas de las conclusiones a las que llegó el liquidador de esta compañía, José Ibáñez Santos, en su informe preliminar de gestión entregado el pasado jueves 25 de marzo a la Superintendencia de Compañías. La liquidación de esta firma empezó en noviembre del 2020, luego de la disposición de la Intendencia Nacional de Compañías.
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El documento señala que la liquidación es viable con una estrategia que consiste en levantar el embargo del Biess, conseguir cerrar una de las propuestas comerciales para generar los recursos y pagar las deudas, y finalmente vender la planta como negocio, no como inmueble.
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En el plan de liquidación se contempla, como primer punto, intentar pagar los sueldos atrasados de los 17 empleados que aún pertenecen a la empresa y las liquidaciones de los que se acogieron al visto bueno con la devolución del impuesto a la salida de divisas ($ 700.000), que está en proceso de acreditación a las cuentas de Ecuagran.
Al momento, Ecuagran registra 54 procesos legales abiertos, 36 laborales, 9 judiciales, 4 investigaciones previas, 4 coactivos y 1 constitucional. Por la cantidad de juicios pendientes no hay un tiempo estimado para la liquidación total, según se detalla en el informe.
En la deuda de $ 63 millones se incluyen $ 49 millones por obligaciones con inversionistas, $ 9 millones que adeuda a proveedores, $ 4 millones por operaciones, $ 800.000 por liquidación del personal y $ 500.000 por jubilación patronal.
Entre los acreedores de Ecuagran está el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), Cargill Financial Services International, entre otros.
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El Isspol informó, según el informe, que la Contraloría emitió en septiembre pasado un título de crédito por $ 21,9 millones en contra de las empresas relacionadas Fertisolubles, Delcorp y Ecuagran. Las dos últimas obtuvieron beneficios económicos (por la negociación de facturas comerciales) como consecuencia de la transferencia de recursos del Isspol.
Mientras el título de crédito no sea revocado, “Ecuagran está en la obligación de reconocer y registrar en su contabilidad el pasivo hoy existente”, se señala en el informe.
Cargill reclama a Ecuagran $ 8,2 millones por concepto de dos pagarés de enero del 2019, sin embargo la Superintendencia de Compañías negó el registro de la deuda hasta que la firma no presente los soportes de ambas operaciones financieras.
En el informe se indica que Ecuagran tuvo una “inusual” captación de dinero entre el 2013 y 2020, lo que llevó al proceso de liquidación de la empresa por no pagar sus obligaciones a los inversionistas. De 251 personas, empresas y gremios recibió $ 19,8 millones en letras de cambio.
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La Superintendencia de Compañías prohíbe a las personas naturales o jurídicas que no forman parte del sistema financiero nacional captar recursos de terceros, en el artículo 254 del Código Orgánico Monetario y Financiero. La determinación de responsabilidades sobre este tema le corresponde, dice el informe, a la Fiscalía.
“La Superintendencia, las casas de valores estructuradores, calificadoras, auditores externos, representante de obligacionistas e inversores pudieron haber visto aquello en los estados financieros, pero nadie dijo nada de esto”, se indica en el informe, en el cual se detalla que en el acta de entrega de los activos fijos de la empresa que recibió de la anterior liquidadora había un faltante de $ 355.753, por lo que se ofreció poner una denuncia por la pérdida de productos.
En las conclusiones del documento también se establece que el plan de liquidación considera alquilar la operación de la planta para que la empresa genere ingresos para cubrir los pasivos de menor valor, jubilación patronal, deudas de operación y las obligaciones con proveedores e inversionistas.
Este plan se podría cumplir luego de interponer una acción de protección en contra del embargo del Biess que permita el desbloqueo de las cuentas bancarias, devolución de vehículos y la liberación de las bodegas de almacenamiento; solicitar medidas cautelares para que se permita operar la planta a través de un alquiler; pedir un arbitraje sobre la factibilidad de mantener la planta operando en alquiler mientras dure la liquidación; arrendar las instalaciones con el personal; vender bienes; y, luego de sanear las deudas, vender la planta como negocio.
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El procurador de Ecuagran, Luis Cabezas Klaere, indicó a este Diario en noviembre pasado que propondrían a los acreedores que se conviertan en accionistas con una inversión de unos $ 20 millones para que así asuman el control de Ecuagran, empresa que el año pasado reportó ingresos por $ 11,7 millones, 69% menos que en 2019. Esto se debió, según el informe, a que la planta operó con normalidad hasta julio del 2020. En agosto empezaron los problemas legales. En ese ejercicio, la empresa registró gastos por $ 18 millones, dejando pérdidas por $ 6,3 millones.
La información contable de la empresa no había sido cotejada por completo con los documentos de soporte hasta la elaboración del presente informe, el cual deberá ser confirmado al concluir la revisión durante el proceso de liquidación de la firma.
Otra de las irregularidades detalladas en el informe fue que el inventario de productos que hizo Ecuagran no era real, faltaban $ 3 millones en productos (trigo, cebada, urea) a septiembre del 2020, solo estaban almacenados $ 153.246 en avena, maíz y lenteja deteriorados.
Se hicieron ventas sobre existencias no disponibles y, según el informe, hay un rubro de saldo de cuenta de importaciones en tránsito de $ 11,2 millones, que fueron transferidos al exterior en calidad de anticipo a Golden Traders International Corp, pero que no se ha gestionado la importación de productos ni el reintegro de dichos valores desde hace tres años. Ese rubro de transferencias, hechas entre el 2017 y 2020, fue reclasificado a una cuenta por cobrar a accionistas. (I)
Detalles:
La compañía registra, según el informe, cuentas por pagar al IESS de $ 139.012 por los aportes de los meses de julio del 2020 a enero de este año.
En el SRI, su deuda asciende a $ 189.337 por las declaraciones de hasta febrero pasado.