Ecuagran debe $42 millones y quiere que sus acreedores asuman el control

A pesar de que la Intendencia Nacional de Compañías dispuso su liquidación la semana pasada, Ecuatoriana de Granos Ecuagran S.A., que acumulaba millonarias deudas y realizó emisiones en la bolsa de valores, propondrá a sus acreedores que asuman el control de la compañía para salvarla.

La Intendencia también dispuso la liquidación de Delcop S.A. en tanto que Fertisolubles S.A. está intervenida. Las tres están relacionadas entre sí y pertenecen a Gad Goldstein, que ya no está en país.

El procurador judicial de las compañías, Luis Cabezas Klaere, consideró "equivocada" la decisión de la Intendencia sobre Ecuagran porque precisamente se trata de salvar a la empresa, las 80 plazas de trabajo y las instalaciones: un puerto y silos ubicados al sur de Guayaquil.

Cabezas Klaere indicó a este Diario que, en el marco de la Ley de Apoyo Humanitario, el Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Guayaquil aceptó la solicitud de Ecuagran para un acuerdo preconcursal. Esta figura permite llamar a los acreedores para proponerles convertirse en accionistas y asumir el control de la empresa. La decisión de la liquidación no detiene ni afecta este proceso, aseguró.

Esta semana se comenzará a llamar a los 200 acreedores que entre pequeños y grandes suman una deuda de $ 42 millones de Ecuagran. Entre ellos se incluyen a quienes compraron obligaciones en la IV, V y VI emisiones realizadas en los últimos años. El balance está corregido y la interventora de la Superintendencia de Compañías está al tanto, acotó el procurador judicial.

Por las obligaciones emitidas en bolsa, cuyo plazo de pago era de entre cuatro y cinco años, en la lista de acreedores constan el Banco del Instituto de Seguridad Social (Biess) con $ 3,7 millones, Seguros Sucre con $ 3 millones, la Corporación Financiera Nacional (CFN) con $ 1,8 millones y el Fondo de Cesantía del Magisterio con $ 2,6 millones. Estas entidades que manejan fondos públicos acumulan más de $ 11 millones.

Otros acreedores son el Banco del Austro con $ 9,9 millones entre obligaciones y pagarés, así como el proveedor internacional Luzard Trading S.A. (Panamá) con casi $ 8,2 millones. Este último presentó ya una demanda de cobro.

Además de los $ 42 millones de deudas, Ecuagran contabiliza como contingencia $ 11 millones que le debe su principal accionista y comercializadora de fertilizantes Delcorp, así como una obligación con la multinacional Cargill, en la que es codeudora con Delcorp.

El ofrecimiento, informó Cabezas Kleare, es lograr que los acreedores inviertan al menos $ 20 millones a cambio de acciones y así seguir operando; y la diferencia, pagarla a largo plazo a una tasa de interés baja. “Las instalaciones del puerto y silos tienen un valor aproximado de $ 30 millones como negocio en marcha, pero si la empresa cierra no se alcanzará a pagar a todos”, señaló.

Se mostró optimista de lograr el objetivo pues algunos acreedores ya han mostrado su interés, como es el caso de Luzard Trading. Parte de la estrategia es también tratar de pagar las deudas inferiores a $ 5 mil, porque eso reduciría el número de acreedores a tan solo cien.

El abogado lamentó la decisión del Biess de congelar las cuentas de Ecuagran, pues esto solo ha provocado atrasos en el pago de salarios a los trabajadores. Entiendo la orden de embargo sobre los bienes, pero al congelarnos $ 60 mil que teníamos en el banco, todo se nos complicó, dijo. Además, los importadores de granos prefieren por el momento no dejar sus inventarios con Ecuagran.

"Nuestro trabajo no es cubrir a los antiguos administradores sino salvar a la empresa", aseguró el procurador judicial, para quien será la justicia la que debe determinar si hubo o no delitos en la administración anterior. “Si se demuestra que hubo fraude ya eso es un proceso judicial y deberán responder los que han cometido el supuesto fraude”, dijo.

Gad Goldstein era el presidente de ambas, en tanto que los gerentes eran Enrique Weisson para Ecuagran y Xavier Huerta para Delcorp.

Los acreedores de Delcorp, en cambio, deberán acogerse al proceso de liquidación de la Superintendencia de Compañías, indicó.

Superintendencia de Compañías sospecha de delitos penales

En las resoluciones de liquidación de Ecuagran y Delcorp, la Intendente de Compañías encargada, Dorys Alvarado Benítez, indica que "existirían presunciones de delitos económicos" establecidos en el Código Penal. Estos serían por proporcionar información falsa al mercado de valores y por reservarse, en forma maliciosa, hechos relevantes para perjudicar el interés del mercado.

En los artículos 312 y 313 del Código Penal, estos delitos están sancionados con prisión de entre tres y cinco años.
Las resoluciones aseguran que el dinero recaudado por la VI emisión de obligaciones no se utilizó para el objetivo declarado. Así, ambas lo usaron para préstamos con vinculadas o pagaron deudas de la otra empresa. Ecuagran recaudó $ 14,7 millones y destinó el 27% al pago de pasivos de Delcorp. En tanto que Delcorp obtuvo $ 14,8 millones y usó el 38% para cancelar facturas negociables con Fertisolubles.

Hubo falta de transparencia. En el caso de Delcorp se citan desfases entre las importaciones en tránsito y las importaciones nacionalizadas, lo que podría haber inflado sus inventarios. Desde 2016 hasta el 10 de septiembre pasado, Delcorp envió al exterior $ 74 millones por compra de materia prima pero solo importó $ 39 millones, según el Servicio de Aduanas.

La intervención de Fertisolubles es de agosto pasado. Se decidió después de que funcionarios de la Intendencia trataran de ubicar sin éxito sus instalaciones; terminaron visitando las oficinas de su principal accionista, Delcorp, y conversaron con una abogada del estudio Pino y Elizalde, sin muchos resultados. No lograron determinar su situación económica.

Entre junio de 2019 y mediados de 2020, Fertisolubles compró $ 39 millones a Delcorp y negoció estas facturas en la Bolsa de Valores de Guayaquil. El Isspol compró $ 21 millones de esas facturas y hasta ahora no puede cobrar ni un centavo.

De su lado, el Biess obtuvo una orden de embargo por una inversión con Delcorp en septiembre pasado. Los bienes embargados son una camioneta, un vehículo utilitario, diez motos y un estacionamiento en el subsuelo del bloque Exedra, en Plaza Lagos (Samborondón). (I)