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Hay 40 entidades públicas en Ecuador en las que existe un ‘mayor riesgo de corrupción’, según informe de la secretaría del ramo

En la Corporación Financiera Nacional (CFN) y la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) se aplica plan.

Luis Verdesoto es el secretario Anticorrupción del gobierno de Guillermo Lasso. Foto de Archivo

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A las manos del mandatario Guillermo Lasso llegó hace pocos días un informe con el “mapeo” de instituciones y sectores con mayor riesgo de corrupción. Fue elaborado por la Secretaría de Política Pública Anticorrupción, adscrita a la Presidencia de la República y liderada por Luis Verdesoto, con el propósito de establecer acciones de lucha contra este problema.

De las 170 instituciones de la Función Ejecutiva analizadas por el organismo, 40 de ellas se consideran como más propensas a la corrupción. Verdesoto aclara que no es que se estén dando irregularidades actualmente, sino que, por sus historias y perfiles, estas son más sensibles a este asunto.

El equipo técnico de la Secretaría elaboró una ficha de diagnóstico por cada una, en las que se detallan sus puntos débiles. Pero enfocarán su trabajo de prevención para los próximos dos años de Gobierno en 30.

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Verdesoto no da la lista de estas entidades con mayor riesgo de corrupción ni sus problemas puntuales, pero adelanta que de momento están aplicando un plan piloto en dos: la Corporación Financiera Nacional (CFN) y la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess). Dicho plan pasa por la elaboración de metodologías para detectar y subsanar tales riesgos.

Explica que ahora se está trabajando en una sistematización de “riesgos compartidos” que se detectaron en las entidades del sector público con base en entrevistas a autoridades y funcionarios, y que se dan en dos áreas principalmente: tráfico de influencias y el abuso de la discrecionalidad en la toma de decisiones. Esta información aún no la tiene Lasso.

En cuanto al tráfico de influencias, Verdesoto explica que hay riesgos para la designación de autoridades, en la flexibilización de sistemas o esquemas del sector público por falta de control de registros o beneficiarios de algunos proyectos, que haya posibilidades de clientelismo político al negociar espacios o puestos, e irregularidades en la contratación pública, como sobreprecios, procesos extemporáneos, cambios de reglas, sobornos para agilizar pagos.

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Respecto al abuso de discrecionalidad, señala que pueden darse en la concesión de permisos y licencias, trámites de control, exigencia de requisitos innecesarios, nombrar cargos de libre remoción…

Otras debilidades detectadas son procesos de sanción que generen impunidad, falta de transparencia y acceso a la información, y de auditorías internas y externas de buena calidad, y de capacitación a los funcionarios del sector público.

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El funcionario está trabajando, asimismo, en mecanismos para determinar el nivel de penetración de dineros ilegales en la economía ecuatoriana. Por lo pronto, dice que tiene el apoyo de la Organización de Naciones Unidas (ONU): han conseguido que convierta a Ecuador en un “país tipo” para elaborar una metodología de indicadores de lavado de activos. Esto se concretaría el año próximo. “El lavado de activos es muy complejo. No se trata de medir solo cuánto dinero sucio hay, sino de cómo se hace”, reflexiona Verdesoto.

Estos temas se han discutido en el seno del Comité Anticorrupción que creó el presidente Lasso con los representantes de las funciones del Estado y otros delegados de la sociedad civil. Ya se han formado cinco mesas de trabajo para plantear acciones, y el mandato es tener los primeros resultados en dos meses. (I)

Redacción
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