La Comisión de Auditoría Académica conformada en la Universidad Central del Ecuador (UCE) para analizar una denuncia de supuesto “plagio” en la tesis de grado con la cual la fiscal general, Diana Salazar, obtuvo su diploma como abogada en 2005, tiene hasta el 29 de junio próximo para entregar el informe y las conclusiones a las que llegue.

La Comisión está integrada por César Muñoz, docente titular y director de la carrera de Derecho que preside la Comisión Académica; Franklin Vásquez, docente titular y coordinador de la Unidad de Titulación de la carrera de Derecho; y Jaime Canseco, docente titular de la carrera de Derecho. El 1 de junio pasado fueron posesionados los comisionados y se les dio un plazo máximo de 20 días para resolver y entregar su informe ante el Consejo Universitario de la Central.

La decisión de conformar la Comisión de Auditoría Académica fue adoptada días después de que el rector de la UCE, Fernando Sempértegui, recibió un pedido para que se haga una investigación inmediata por el “plagio” en la tesis de la fiscal general. La solicitud fue hecha por la organización Acción Jurídica Popular, de la cual es parte Priscila Schettini, esposa de Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo sentenciado a tres años de cárcel por ser el autor del delito de abuso sexual.

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La salida de Diana Salazar del cargo de fiscal general, objetivo de tres denuncias que hablan de un supuesto plagio en tesis de grado

Los denunciantes creen que se le debe revocar a Salazar el título de doctora en jurisprudencia, pues su tesis aunque fue calificada 9/10 tendría “más del 40 % de plagio”. Salazar, quien fue la funcionaria que llevó la acusación penal contra Carrión y en la que se ha ratificado la condena de cárcel en dos instancias en la Corte Nacional, presentó el título cuestionado en el concurso para fiscal general que ganó en 2018 y por el que fue posesionada en 2019.

Acción Jurídica ha solicitado que antes de que se concluya el análisis la Comisión de Auditoría Académica reciba a integrantes de la organización que denuncia. Según Schettini, la idea es que al ser denunciantes ellos tienen información que sirva para aclarar el panorama de los comisionados. Junto al pedido Acción Jurídica habría entregado una actualización del informe, que incluye un cuadro comparativo donde estarían las copias de los textos de la tesis denunciada.

Para la Fiscalía, la denuncia proviene de “personas inescrupulosas que intentan impedir la permanencia de Diana Salazar en sus funciones, buscan su salida del cargo y tienen el único afán de generar desinformación e inestabilidad, tratando de desprestigiar el trabajo desarrollado por la actual administración, durante el cual se han obtenido grandes resultados en contra de la criminalidad, evitando que casos como Sobornos, (Freddy) Carrión o Las Torres queden en la impunidad“.

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Priscila Schettini anunció en una entrevista con radio Pichincha que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) abrió una veeduría ciudadana para vigilar lo que está haciendo la Comisión de Auditoría Académica de la UCE.

“Veamos cómo se va desarrollando este tema, pero realmente no tenemos confianza en la Universidad Central, no tenemos confianza en las autoridades. Nos han tratado de ocultar la información, no solo a nosotros, a nivel nacional, a todo el mundo, siendo este un tema tan importante”, explicó Schettini.

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Fernando Sempértegui refirió que una vez que la Comisión de Auditoría Académica entregue su informe, será el Consejo Universitario de la UCE el que se pronuncie basado en el documento facilitado por los tres comisionados. “Es importante que se considere que esta es una tesis elaborada en el 2005, por lo tanto el examen del texto de la tesis tiene que retrotraerse al momento al cual la tesis fue elaborada y a la normativa que estaba vigente entonces”, aclaró en su momento el rector de la UCE.

Denuncias por un supuesto plagio en la tesis doctoral de Salazar también son conocidas por el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura. En ambas instancias se piden acciones para sacar del cargo a la fiscal general del Estado. (I)