La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, anunció que el Gobierno enviará a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública en la noche de este martes 25 de enero.

Vela señaló que el proyecto tiene como objetivo fundamental garantizar los mecanismos para que policías y militares coordinen el trabajo sobre los problemas de la seguridad nacional e integral.

El proyecto tiene cinco ejes: uso progresivo de la fuerza, que incluye los estándares internacionales, partiendo del concepto de que quien usa la fuerza es el Estado y que la regulación debe estar en un solo cuerpo legal; cooperación indispensable entre policías y militares; mecanismos de defensa indispensables para proteger a los miembros de la fuerza pública cuando realicen una intervención que garantice la seguridad de los ciudadanos.

Además, un conjunto de reformas penales que busca llenar vacíos que en algunas ocasiones impiden realizar el trabajo a la fuerza pública para proteger a la ciudadanía; y un conjunto de normas indispensables que no existen, para garantizar una mejor administración y control efectivo de los centros carcelarios.

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Roberto Andrade, asesor jurídico de la Presidencia, manifestó que uno de los objetivos del proyecto es fortalecer al Ministerio de Gobierno para que pueda dar patrocinio legal a los servidores policiales que en el ejercicio de su deber se vean inmersos en una investigación o proceso penal.

El proyecto plantea que el Ministerio de Gobierno, mediante mecanismos de contratación pública, financie el patrocinio legal de los servidores policiales.

Sobre las cárceles, las reformas son institucionales: fortalecimiento alrededor del organismo técnico, para que sea más fácil la administración de los centros de privación de libertad; y penales: se fortalecen las disposiciones cuando existen amotinamientos, pues existe cierta claridad en el Código Orgánico Integral Penal de cómo atender estos sucesos.

También se hacen reformas que permitan reducir el hacinamiento y se están fortaleciendo los requisitos para que un juez pueda dictar prisión preventiva.

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Vela agregó que se incluye un subtipo del delito de terrorismo, que se establece para poder enfrentar los problemas de amotinamientos que se han producido en las cárceles en el último año.

La ministra dijo que esperan contar con el respaldo oportuno y la agilidad necesaria en todas las instancias de la Asamblea para tratar este proyecto de ley, como si fuera un proyecto de ley económico urgente, en un máximo de 30 días. (I)