Fiscalización recomienda al pleno del Legislativo enjuiciar políticamente al defensor del Pueblo, Freddy Carrión

Con seis votos a favor y tres abstenciones, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó el informe en el que se recomienda al pleno proceder con el enjuiciamiento político al titular de la Defensoría del Pueblo, Freddy Carrión, por un presunto incumplimiento de funciones.La decisión se tomó la tarde de este 8 de septiembre, en una sesión de la Comisión, en la que se conoció el informe al que los legisladores de la bancada de Unión por la Esperanza (UNES) hicieron sus observaciones.Dicho informe se aprobó con los votos de Ana Belén Cordero (CREO), Marco Troya (Ecuatoriano Unido), Pedro Velasco (Avanza),Bruno Segovia (independiente), María Soledad Diab (PSC), Fernando Villavicencio (Concertación-PSE).Las abstenciones fueron de Roberto Cuero, Gabriela Molina y Comps Córdova, representantes de UNES.Los tres legisladores cuestionaron que se plantee el enjuiciamiento político con base en el proceso penal que enfrenta Carrión por el supuesto delito abuso sexual, por el que fue llamado a juicio en la Corte Nacional de Justicia. Además que no existe un informe de la Contraloría General del Estado que certifique que hubo mal uso de recursos públicos por parte de Carrión.Segovia también expresó sus “dudas” respecto de las causales por las que se interpela a Carrión, pero dijo que espera que sea el pleno legislativo el que subsane esas dudas.No obstante, Villavicencio, presidente de la Comisión, Cordero y Velasco defendieron que el procedimiento se dio en el marco del debido proceso y que no se está incorporando la acción penal.Esta interpelación política fue impulsada por los legisladores Ricardo Vanegas (Pachakutik) y Yeseña Guamaní (Izquierda Democrática) , quienes alegan el presunto incumplimiento de funciones y falta de probidad notoria para ejercer el cargo.Los señalamientos surgen cuando entre el 15 y 16 de mayo, Carrión asistió a una reunión en el departamento del exministro de Salud Mauro Falconí , que terminó con una gresca entre los dos matizada por el consumo de alcohol, en medio de la vigencia del estado de excepción por efectos del COVID-19, que tenía como medidas el toque de queda, la prohibición de reuniones sociales y el consumo de bebidas alcohólicas.A la par de la riña, se reveló la denuncia de que Carrión había presuntamente incurrido en un delito de abuso sexual en contra de la pareja de Falconí, en esa reunión social.Por ello, el defensor del Pueblo cumple una medida de prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito, y se espera que el próximo 17 de septiembre un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia instale la audiencia de juzgamiento.En su conclusión, la Comisión de Fiscalización señala que al haberse revisado documentos y testimonios de quienes comparecieron en la etapa de presentación de pruebas de cargo y descargo, se “ ha corroborado que Freddy Carrión ha incumplido las funciones propias de las cuales estaba investido para ser el representante de velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos”. Se lo cuestionó porque pese a los testigos de los hechos ocurridos el 15 de mayo, convocados por el mismo Carrión, no se pudo “justificar que efectivamente la reunión en el departamento del exministro de Salud Mauro Falconí se haya llevado a cabo dentro del ejercicio de sus funciones”.Con ello, que pueda justificar de “manera fehaciente el uso de los bienes públicos como son el vehículo institucional y la seguridad asignada”. Como parte de dichas conclusiones, la Comisión plantea que las grabaciones y el informe se remitan a la Fiscalía General para que se investigue la sospecha de los delitos de usurpación y simulación de funciones públicas en contra del defensor.Esto es porque Carrión confirmó ante la mesa legislativa que él no ingresó a la cárcel 4 dispositivos electrónicos ni utilizó su firma electrónica para suscribir una resolución del 17 de junio, con la que cesó en funciones a Zaida Rovira, como defensora subrogante, luego de su detención. Carrión confirmó a los legisladores que él autorizó a su equipo de abogados que usen su firma electrónica y su correo institucional para que firmen esa resolución.Por otra parte, este informe plantea a la Fiscalía que se investigue a la vicepresidenta de la República en el régimen de Lenín Moreno, María Alejandra Muñoz, por un presunto peculado.Ello porque Carrión dijo ante la Comisión que la reunión que mantuvo con Falconí el 13 de mayo pasado, antes del altercado, era para conocer supuestas denuncias de una lista de “vacunación vip”, que se dio como parte de los “arqueos en la contabilización de vacunas realizados por el Ministerio de Salud, se encontraba un faltante”. Con esto, se acusó a Muñoz de la pérdida de lotes de vacuna, según cita el informe oficial.Aunque, “hasta la presente fecha no hay un solo documento aportado por Freddy Carrión que constate que haya receptado una denuncia o información por parte del exministro de Salud Mauro Falconí, que ha aducido en torno a la lista de vacunación y al faltante de las vacunas”, se agregó.El informe aprobado se trasladará a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, para que lo distribuya a los 137 legisladores en un plazo de dos días, así como al interpelado.Luego, en un plazo de cinco días Llori deberá incluir en el orden del día el tratamiento del enjuiciamiento político.En esa sesión (que podría convocarse la próxima semana) los legisladores interpelantes expondrán por dos horas sus argumentos de por qué debe ser censurada la autoridad.Carrión también tendrá tres horas para defenderse. Para cada una de las partes, habrá un tiempo de una hora para que ejerzan el derecho a la réplica.Concluido ese procedimiento, se abrirá el debate para los legisladores. Finalmente, se someterá a votación una moción, que plantee la censura y destitución de Carrión del cargo. O, de lo contrario, el archivo del juicio político.Mientras transcurren esos plazos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) deberá resolver en su pleno la situación legal de Carrión.El próximo viernes 17 de septiembre se configurarían los tres meses de ausencia temporal del defensor del Pueblo en su cargo.Según el artículo 15 de la ley de la Defensoría del Pueblo, al cumplirse este plazo se configura la ausencia definitiva de la autoridad y el CPCCS deberá resolver nombrar a una autoridad encargada. (I)

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