Anuncian fiscalización a contratación pública bajo la modalidad de consorcios

La Comisión de Fiscalización investigará los contratos que realizan las empresas públicas y gobiernos autónomos descentralizados bajo la modalidad de consorcios.Así lo anunció el asambleísta Marco Troya, de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN) y miembro de la Comisión de Fiscalización, quien asegura que la modalidad de consorcios la usan con el fin de violentar y evitar los procesos de contratación pública para beneficiar a terceros utilizando a la empresa pública.Troya pidió a la Contraloría General del Estado el 1 de julio pasado que se auditen doce contratos suscritos por la Prefectura de Los Ríos bajo la figura de consorcio con empresas privadas, cuyo monto supera los $ 20 millones.Los doce contratos tienen relación con el servicio de alquiler de maquinaria para realizar trabajos de limpieza y desazolve en los cauces naturales y artificiales en la provincia de Los Ríos; reforzamientos con piedra en muro en las orillas del río Vinces; ampliación y regeneración del ingreso a Quevedo; rectificación, mejoramiento, ampliación y rehabilitación de la carpeta asfáltica en el cantón Quinsaloma.También hay contratos a través de consorcio sobre transporte de material pétreo; rehabilitación vial en diferentes vías en cantones como Quevedo, Buena Fe, Mocache, Vinces y Palenque; rehabilitación vial en Babahoyo, Baba, Puebloviejo, Urdaneta y Ventanas; acopio de material pétreo; mantenimiento rutinario de la vía E25, Buena Fe-Babahoyo-Jujan.El legislador aclaró que si bien la Ley permite los consorcios, la Ley no permite la violación de los procesos de contratación pública, pues debe haber un concurso público o licitación; pero en el caso de la Prefectura de Los Ríos, utilizan el régimen especial.En este caso pidió la intervención de la Contraloría, en paralelo abrirá una investigación a nivel de la Asamblea Nacional, y al momento analiza con su equipo técnico si amerita una demanda penal.Otra de las acciones es presentar una reforma a la Ley de Contratación Pública para que se prohíba que una institución pública pueda contratar con un consorcio en el cual sea parte una empresa de la cual la autoridad contratante es accionista.Marco Troya también llevará a fiscalización el control de tránsito que realizan algunos gobiernos municipales con la colocación de radares, si bien la Ley prevé la facultad de control de la movilidad, según el legislador de Los Ríos, muchos no cumplen esa función sino que usan esa herramienta como una acción recaudatoria a través de compañías privadas.Aseguró que existen problemas en los cantones Ambato, Esmeraldas, Babahoyo y Cuenca, donde “se están cometiendo abusos, se utiliza como paraguas el COIP y estableciendo multas exorbitantes por supuestos excesos de velocidad”.Según el legislador, en Babahoyo se colocaron fotorradares y fotomultas sin socialización y sin que cuenten con certificaciones respectivas, por lo que existe un dictamen judicial para que se devuelva lo cobrado en los primeros seis meses, pero aún no se concreta la devolución porque la empresa concesionaria presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional para evitarlo.El 21 de enero de 2019, la empresa pública municipal de movilidad, tránsito y transporte de Babahoyo (Transvial EP) suscribió con el consorcio integral para la seguridad vial Babahoyo (Cisvba), el contrato de delegación a la iniciativa privada, el fortalecimiento del control operativo y servicios conexos como son la detección, registro, notificación y sanción de infracciones de tránsito a través de la implementación y puesta en marcha de un proceso integral con dispositivos tecnológicos, dentro del cantón Babahoyo, a efectos de alcanzar una disminución de los accidentes de tránsito y mortalidad en las vías de esa jurisdicción.Para ejecutar ese contrato se instalaron en la ciudad de Babahoyo fotorradares y fotomultas; y con el funcionamiento de los dispositivos tecnológicos se procedió a emitir sanciones a quienes cometieron infracciones de tránsito.El 26 de enero de 2021, los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, el 26 de enero de 2021, emitió una acción de protección y dejó sin efecto todas las multas generadas e impuestas por los fotorradares y fotomultas existentes en la ciudad de Babahoyo, desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 12 de febrero de 2020. Según el proceso, habría más de 19.000 personas sancionadas.Determinó que la empresa municipal Transvial EP y el Consorcio Cisvba procedan a regularizar mediante la correspondiente homologación y calibración de los radares existentes en la ciudad de Babahoyo.Además, que la empresa Transvial EP y el consorcio Cisvba procedan a devolver los valores cobrados por concepto de fotomultas y fotorradares.En marzo, tanto Cisvba como Transvial EP presentaron demandas de acción de protección, las cuales fueron rechazadas.Pero el 17 de junio pasado, la Corte Constitucional admitió a trámite una acción extraordinaria de protección presentada por Jaime Castellanos Suárez, representante legal de Cisvba. El juez constitucional ponente, Enrique Herrería Bonnet, dispuso que la Sala Multicompetente de la Corte de Los Ríos presente un informe de descargo ante la CC. El trámite está en curso.El concejal del cantón Babahoyo Fabricio Orrala Cabezas pidió al legislador Troya fiscalizar el tema de los fotorradares y fotomultas de Babahoyo y recordó que por dos ocasiones, en el 2020, se solicitó a la Contraloría del Estado un examen especial sobre el contrato suscrito por el Municipio de Babahoyo y el consorcio Cisvba.El concejal reveló que son más de 19.000 personas sancionadas a través de los dispositivos electrónicos colocados en la ciudad, a su criterio, de forma irregular. (I)

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